Condenan a un instituto por la agresión de un alumno a otro en horario lectivo

Era el último día de clase, así que los profesores dieron la mañana libre a sus alumnos mientras ellos se encargaban de recoger los libros de texto que cada curso reparte la Junta. En las pistas deportivas, un grupo de chicos de 2º. de ESO jugaban al fútbol cuando, de repente, se formó una trifulca después de que uno de ellos pisara a otro en un lance fortuito. El que recibió el pisotón no aceptó las disculpas y, después de un cruce de insultos entre ambos, le devolvió la 'jugada' propinándole un guantazo en la cara. Ningún docente se percató de lo sucedido, así que la víctima se marchó, entregó sus libros y se fue a casa, a pesar de que el golpe le causó una fractura de la mandíbula que posteriormente le obligó a pasar por el quirófano. Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2011 en el instituto Antonio Gala de Alhaurín el Grande, pero ha sido ahora cuando un juzgado ha condenado al agresor, a sus padres y también al propio centro educativo a indemnizar a la víctima con 47.048,47 euros en concepto de responsabilidad civil directa por las lesiones y secuelas sufridas (cien días de curación, cinco de estancia hospitalaria y 80 impedido para sus ocupaciones habituales).

Además, el atacante deberá realizar seis meses de tareas socieducativas y 50 horas de trabajos en beneficios de la comunidad como autor de un delito de lesiones, según la sentencia del Juzgado de Menores número 3 de Málaga a la que ha tenido acceso este periódico. La Consejería de Educación tiene hasta hoy de plazo para presentar el pertinente recurso ante la Audiencia Provincial.

Ningún docente vigilando

En su fallo, la magistrada considera que al margen de la actuación del menor (nacido en 1996), que reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía durante el juicio, «hubo infracciones reglamentarias» por parte de los profesores, al entender que «en el presente caso han omitido controlar eficazmente» a los alumnos pese a que así «les corresponde por su posición de garante frente a la integridad y salud de los escolares». Para sustentar esta afirmación, la jueza destaca que, tal y como quedó probado durante la vista oral, «en el momento de producirse el incidente no había ningún docente vigilando a los alumnos». Por ello, concluye que pese a que el centro sí que adoptó las medidas oportunas cuando tuvo conocimiento de los hechos (expulsión del agresor y su inclusión en un programa de integración en el curso siguiente), no se ha demostrado que «actuara con la diligencia debida para evitarlo».

«Aunque el instituto haya tratado de eludir su responsabilidad, al final ha prevalecido el hecho de que cuando mandamos a nuestros hijos a clase tenemos una garantía y una tranquilidad ya que el deber de educación va más allá de ir a clase», afirma Ana Belén Ordóñez, letrada de Ley 57 Abogados y representante legal de la familia demandante, que hace unos meses se mudó al norte del país. El chico, que entonces tenía 14 años, llegó a comenzar el curso, aunque desde casa por prescripción médica mientras se recuperaba de las lesiones. Por su parte, el agresor está realizando un programa de preparación de cualificación profesional, según informaron desde el centro docente.