Los promotores del centro comercial de Estepona se preparan para el decreto de la Junta

Los promotores del centro comercial proyectado en Estepona están muy preocupados por el nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía para regular las construcciones en el litoral. Desde el Ayuntamiento anunciaron el pasado lunes que la suya sería una de las iniciativas afectadas, y ahora están manteniendo reuniones con técnicos y abogados para determinar las medidas que podrían tomar ante la previsible paralización de su idea.

De este modo, los promotores están analizando todos los detalles de la normativa. Advirtieron de que «puede ser catastrófica» para ellos y para muchos proyectos de Estepona y opinaron que la solución no sería buscar otro terreno diferente al de la parcela donde está prevista la construcción, cerca de la zona de Los Altos de Estepona.

Asimismo, expresaron que el decreto ha sido «una auténtica sorpresa», dado que ya se había avanzado mucho en los trámites para poder poner en marcha este proyecto en pocos meses. «Es una barbaridad», insistieron. En Estepona sigue pendiente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aunque los responsables de este espacio diseñado para el consumo recordaron que cuando el mismo se adaptó a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía sí se les permitió continuar con sus planes.

Límites de crecimiento

La concejala de Fomento e Infraestructuras, Susana Arahuetes, contestó ayer a preguntas sobre porqué afectaría el decreto a este proyecto que es muy demandado por los vecinos, según los promotores. «Tenemos que esperar un poco a la interpretación que haga la Junta de este decreto porque tiene diversas expresiones que son un poquito inconcretas o que pueden dar lugar a interpretación», especificó la edil, que recordó que el documento subraya la protección de «al menos» 500 metros del litoral. «Respecto al centro comercial, la innovación de planeamiento supone una clasificación de suelo urbanizable», mantuvo Arahuetes, que añadió que la Administración autonómica puede argumentar que «excede los límites de crecimiento» establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

«Los límites de crecimiento que establece el POTA están poco fundamentados», esgrimió la responsable municipal. Además, observó que medidas como la aprobación del decreto «no van acompañadas de una memoria económica ni de un estudio serio de cómo afecta realmente a la zona, para mejor o para peor».

La concejala deseó «que las interpretaciones no sean excesivamente restrictivas» y vaticinó que probablemente se llevarán a cabo iniciativas a nivel provincial contra el contenido del decreto.

Recordó que la norma tiene dos aspectos fundamentales. Además de a la suspensión del planeamiento en tramitación en una franja de al menos 500 metros desde la zona de influencia del litoral, obligaría a la revisión del PGOU a los municipios que no estuviesen adaptados a las exigencias de sostenibilidad fijadas por POTA como Estepona.

Así, Arahuetes resaltó que el decreto «suspende la tramitación de cualquier planeamiento de desarrollo» hasta que no esté revisado el PGOU. Por último, acusó a la Junta de utilizar este tipo de «argumentos de protección del litoral» como un «arma política».

Se dejaría en suspenso a más de 16.000 viviendas que se hubiesen podido construir según la previsión de crecimiento del municipio que manejan desde el Consistorio. Entre los complejos residenciales afectados se encuentra el proyecto urbanístico de la Casa Real saudí.