Números y crispación en Estepona

El presupuesto municipal para 2013 se aprobó ayer de manera inicial en una sesión plenaria del Ayuntamiento marcada por la crispación. Mientras el equipo de gobierno resaltó la cantidad de inversiones que contemplan las cuentas para el ejercicio venidero, la oposición criticó de manera severa algunas de sus partidas. Además, los comentarios de los portavoces del PSOE y Ciudadanos Independientes de Estepona (CIE), David Valadez y Juan Manuel Rodríguez, respectivamente, provocaron aplausos y comentarios ente algunos de los ciudadanos asistentes a la sesión, lo que motivó que el alcalde, José María García Urbano, pidiese a la Policía Local que desalojase al público. Lo hizo después de haber avisado a los vecinos de que no se podían pronunciar «ni a favor ni en contra» durante ninguna intervención y de que esta falta al orden no debía repetirse. La oposición abandonó también la sala para solidarizarse con estas personas.

Así, el presupuesto se aprobó con los votos del equipo de gobierno, pues los socialistas ya estaban ausentes cuando se produjo la votación y el concejal de CIE que permaneció en la sala, Juan Manuel Rodríguez, alzó su mano en contra y se marchó. Durante el debate previo sobre las claves financieras que se prevén para el próximo año, el concejal de Economía, Manuel Aguilar, sostuvo que el presupuesto cumple con los principios de estabilidad y equilibrio y que no generará deuda. Dijo que no se dejará de lado la «austeridad» del ejercicio anterior, pero que «hay que dar el siguiente paso». Se refirió a las inversiones que contemplan las cuentas que, según comentó, van a marcar «el desarrollo turístico, económico y de empleo de Estepona». Algunas de éstas son el corredor litoral y el Teatro de la Costa del Sol. Los ingresos previstos ascienden a 94,8 millones de euros, mientras los gastos se han reducido a 78,9.

Pago a proveedores

También especificó que las cuentas «garantizan la prestación de servicios» y el pago a proveedores a la par que «bajan los impuestos» -como el Impuesto de Bienes Inmuebles- a modo de antesala de una rebaja de los valores catastrales. «Atienden a los más desfavorecidos», expuso en alusión a que se destinarán más de dos millones de euros a gasto social.

Por su parte, Valadez destacó que en un informe de la interventora accidental del Ayuntamiento se asegura que el gasto del personal externalizado «computa como coste de personal» e insistió en que el Consistorio gastará «más en personal» en 2013 que este año pese a la gestión indirecta de servicios y al Expediente de Regulación de Empleo que se ejecutó el pasado verano. El edil de Economía aclaró al respecto que el ahorro se da en el gasto que conllevan los servicios y en el Capítulo II del presupuesto 'Gastos en bienes corrientes y de servicios'.

Por último, el portavoz socialista criticó que se pretendan enajenar bienes patrimoniales para intentar «ingresar 5,31 millones de euros». Opinó que se tendrán que vender a precios muy bajos por la crisis inmobiliaria, y Aguilar le respondió que la medida se contempla en el Plan de Ajuste que aprobó el pleno para pagar a los proveedores.

Asimismo, CIE criticó que se destinen 15.000 euros al fondo de emergencia para familias en situación límite porque opinó que con esa cuantía no se puede ofrecer la ayuda necesaria. En cuanto al incidente con el público, la coordinadora local de UPyD, Eutimia Rodríguez, calificó el comportamiento del alcalde de «inapropiado y autoritario» tras ser desalojada, e Izquierda Unida pidió la dimisión del regidor en un comunicado. García Urbano manifestó su malestar por haber tenido que tomar esta decisión y consideró que en las sesiones debe prevalecer el respeto.

Toma de posesión

Antes de que llegara el punto de los presupuestos, tomó posesión el nuevo miembro del grupo municipal del PP, José María Guerrero. Asimismo, se abordó una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó de manera inicial con los votos del equipo de gobierno. El PSOE estuvo en contra y CIE se abstuvo.

Motivada por las promotoras del sector SUP-R4 'Las Mesas', consiste en que se aumente en este espacio un 20% la capacidad para construir viviendas y que se permita que tengan un tamaño menor al fijado hasta ahora. CIE pidió que a cambio las empresas tuviesen un plazo para empezar a construir o que compensasen al Ayuntamiento, y la edil de Infraestructuras y Fomento, Susana Arahuetes, contestó que la modificación es legal y que permitirá que las viviendas sean asequibles para un número mayor de ciudadanos.