Francisco García Abogado: «Los ayuntamientos tienen ahora una mayor seguridad jurídica para aplicar un ERE»

En el curriculum del despacho de abogados Irwinmitchell se encuentra la primera sentencia en España que resuelve la legalidad de un despido colectivo en una Administración pública: el aplicado por el Ayuntamiento de Estepona que ha dejado en la calle a 176 personas. El abogado Francisco García asegura que el caso crea un precedente que puede animar a otros regidores a adelgazar plantillas, una decisión en la que, reconoce, el interés político será un «factor determinante». El nuevo reglamento del Gobierno que define los pasos para un despido colectivo en la Administración puede sacar de dudas a los indecisos.

-¿Cree que la reciente sentencia del TSJA a favor del despido colectivo aplicado por el Ayuntamiento de Estepona puede allanar el camino a otros ayuntamientos con apuros económicos?

-Se ha sentado un precedente. De eso no cabe duda, pero habría que poner en una balanza los intereses políticos en un lado, y las necesidades reales de la administración pública, en el otro, porque no suelen ir en la misma línea. Habrá ayuntamientos que por cuestiones políticas prefieran evitar el despido y seguir soportando una situación financiera que no pueden aguantar mucho tiempo; habrá otras que acometan medidas de reestructuración con la finalidad de mantener unas cuentas públicas lo más soportables posible.

-¿Qué cree que pesa más en esa balanza?

-Todo dependerá de en qué situación política y social se encuentre cada ayuntamiento. Esto es mucho más que una mera cuestión jurídica. No es comparable la situación de Jerez con la de Marbella o Rincón de la Victoria. Algunos tendrán capacidad de maniobra para recortar gastos sin necesidad de acudir al despido colectivo; otros no. Si no hay dinero, no hay dinero. Yo no entiendo que ninguna administración pública vaya a sacar a gente de sus casas o subir impuestos por mantener a una plantilla que a lo mejor, organizativamente, no es necesaria, o sí, no lo sé.

-Acostumbrados a lidiar con despidos colectivos en empresas privadas, ¿les ha resultado más fácil o más complicado el caso de la administración pública?

-Hasta que se ha publicado el nuevo reglamento de despidos colectivos del Gobierno era mucho más complicado porque no existía una regulación específica para administraciones públicas. Lo que ocurre es que el reglamento empieza a estar vigente cuando ya habíamos empezamos este caso. Por tanto no sabíamos ni qué tipo de documentación teníamos que aportar, ni qué procedimiento. Era bastante complicado adivinar o anticiparse a cuales eran los pasos a seguir teniendo en cuenta que una administración pública no es una empresa privada. Con la nueva normativa las administraciones tienen mayor seguridad jurídica a la hora de aplicar un despido colectivo, aunque sigue siendo un proceso complejo. Obviamente por lo que optamos nosotros en aquel momento fue por ser transparentes, con todo el procedimiento, con toda la documentación que había que aportar, no escatimamos ni en esfuerzo ni en explicación de la situación económico-financiera del Ayuntamiento a la hora de justificar esos despidos.

-¿Y cuál era realmente esa situación? La sentencia del TSJA habla de plantilla «sobredimensionada».

-La situación nos llega a sorprender. En la plantilla del Ayuntamiento, a mediados de este año, había alrededor de 1.080 trabajadores. Eso, con una población de 40.000 habitantes me parece una exageración, es mi opinión subjetiva. Una vez que analizamos la situación organizativa del Ayuntamiento vimos que realmente había puestos de trabajo que eran ociosos y no quiero entrar en detalles. Vacíos de contenido o que hacían lo mismo que otros. Como ejemplo pongo el caso de un colegio que tenía tres conserjes. No tiene mucho sentido.

-¿Y cómo se llegó a esa situación?

-Esa situación tiene su explicación y se argumentó en el juicio. En realidad no tiene la culpa nadie. El Ayuntamiento diseñó un plan para dar estabilidad a los trabajadores que se integraron en el Consistorio procedentes de las empresas públicas que liquidaron por su situación ruinosa. La idea era sacar a concurso publico, a concurso oposición, las plazas que estos señores estaban ocupando. Obviamente no todas las plazas se sacarían a concurso. Habría gente que quedaría fuera, y así la plantilla terminaría reduciéndose por esa vía. Eso está en un plan aprobado con los sindicatos. La prohibición de convocar empleo público, y el Real Decreto Ley de pago de proveedores del PP, hicieron inviables las intenciones del Ayuntamiento que se encontró ante una situación sobrevenida que solo dejaba una salida: acometer la reducción del coste en personal.

«No hubo alternativa»

-Los representantes de los trabajadores han venido defendiendo que existían alternativas al ERE.

-Subir los impuestos no significa aumentar los ingresos, sino subir la morosidad en muchos casos. En Estepona, con una tasa de desempleo que roza el 40%, subir los impuestos no era solución. La finalidad del despido colectivo en Estepona era ahorrar en coste de personal y eso solo tiene tres vías: o la reducción salarial, o despido o una combinatoria de ambos. Se formularon y negociaron muchísimas fórmulas, el problema era que no existía voluntad de la representación sindical de firmar ninguna que contemplara algún despido no voluntario.

- Tras la sentencia del TSJA, ¿tienen conocimiento de otros ayuntamientos que se hayan puesto a preparar un ERE?

-De momento no directamente. Lo que sí tenemos son primeros contactos de varios ayuntamientos andaluces que se han puesto en contacto con nosotros para saber por dónde podrían tirar. Obviamente no puedo decir cuáles. Lo que sí está claro es que se ha sentado un precedente y que ahora se tiene una mayor seguridad jurídica para defender este tipo de casos, siempre ajustándonos a la ley de los contratos públicos.