Las prospecciones llevan la incertidumbre a la Costa del Sol

Incertidumbre. Ésa es la sensación generalizada que dejan las últimas palabras del ministro de Industria, Energía y Turismo sobre el futuro de las prospecciones para buscar gas en el litoral malagueño donde existen dos proyectos. Uno, muy avanzado, el Siroco, promovido por Repsol frente a las costas de Mijas y Fuengirola; y otro, en fase embrionaria, denominado Chinook, impulsado por CNWL Oil España, en el mar de Alborán en las cercanías de Nerja. Durante su comparecencia en el Senado, José Manuel Soria no despejó el panorama al mezclar las realidades distintas del caso malagueño (se busca gas) y el canario (petróleo) y sostener que no revocará las licencias ya concedidas para realizar los sondeos que determinen si existen yacimientos y que tienen un alto coste, pero que si se encuentran hidrocarburos no autorizará la explotación en las zonas más próximas a las playas.

A este escenario se une la trifulca política. PP y PSOE se reprochan mutuamente que fue bajo sus gobiernos cuando se autorizó la búsqueda del gas. Más allá de estas acusaciones, el hecho cierto es que la primera licencia para investigar se concedió en febrero de 2004 a Repsol, bajo la presidencia de José María Aznar, mientras que la segunda se otorgó a CNWL en diciembre de 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Los alcaldes del litoral, todos ellos del PP, se han negado siempre a las prospecciones, pero han ido modulando su nivel de reivindicación, con muy pocas excepciones, dependiendo del color político del Ejecutivo de Madrid.

Respecto a las palabras de Soria, las interpretaciones ofrecen un variado abanico. Desde las filas populares, tanto el partido como los ayuntamientos, se asume que las prospecciones en la zona de la Punta de Calaburras en Mijas continuarán, pero están satisfechos porque el Ministerio no autorizará la explotación en aquellas zonas situadas entre 3 y 10 kilómetros del litoral (en este caso están a 9). En esta caso, la estadística está a su favor, ya que en solo uno de cada cinco catas el hidrocarburo hallado tiene la calidad y cantidad suficiente como para que el promotor acometa su extracción.

La óptica desde la que se ve en el PSOE es distinta y consideran que el ministro divagó para enmascarar la realidad que, a juicio de los socialistas, es que si se encuentra gas se darán los permisos. Otras fuentes sostienen que la estrategia es dilatar al máximo la situación para que las empresas se aburran. Desde el Ministerio tampoco se dan más detalles ni se hacen aclaraciones. «Nos remitimos a las palabras del ministro», dijeron a este periódico desde Industria, Energía y Turismo.

Los alcaldes del PP de las ciudades litorales afectadas reconocen que existe falta información, pero dan por hecho que las prospecciones se van a realizar aunque no la posterior explotación. En este sentido, exigen a las empresas que den todas las garantías para que los sondeos no ocasionen daños y, en caso de producirse, se establezcan las consiguientes compensaciones. Algo que ya contempla el Ministerio de Medio Ambiente antes de dar el visto bueno a la declaración de impacto ambiental.

«En principio soy contrario a las prospecciones, pero en caso de que se llevaran a cabo desde luego entendemos que la explotadora debería ofrecer garantías absolutas de que sería responsable de cualquier incidencia que estas actuaciones pudieran tener en las playas en las Costa del Sol», afirma el regidor de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. En la misma línea se expresa la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz: «Vamos a exigir garantías al cien por cien».

Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria, destaca que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene una postura «clara» sobre este asunto que transmite tranquilidad. Igualmente, su compañero de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, apunta que el tema energético, donde España es deficitaria, es fundamental por lo que «no se puede dejar a la demagogia y los argumentos simplistas». Sin embargo, los regidores de Fuengirola y Mijas, Esperanza Oña y Ángel Nozal, respectivamente, no quisieron pronunciarse sobre este asunto a pesar de los intentos de este periódico y de que se trata de los municipios teóricamente más afectados.

Por su parte, el PSOE ha iniciado esta semana una campaña reivindicativa en todas las instituciones contra los sondeos. Los socialistas, que alertan de los peligros de las prospecciones y de la mala imagen que supondría la instalación de una plataforma con una planta de unos 200 metros frente a las costas malagueñas, consiguieron el miércoles que la Comisión de Turismo del Parlamento andaluz aprobara una proposición no de ley presentada por el diputado malagueño José Bernal en la que se pide al Gobierno central que dé marcha atrás a las prospecciones.

Rechazo del sector turístico

Sobre las dudas en torno a ambos proyectos también se refiere el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), al apuntar que no se entiende que después de hacer una gran inversión para las prospecciones, si se encuentra gas después no se explote, por lo que recuerda que la postura del sector turístico es contraria a los sondeos. «La amenaza sigue pendiendo sobre la Costa del Sol. Hay que seguir en guardia. Es fundamental mantener la presión y la posición unánime del sector», advierte. En este sentido, Rodríguez recuerda que envió una carta al ministerio mostrando el rechazo a estos proyectos y que aún no ha recibido respuesta alguna.

El sector turístico siempre se ha opuesta a la búsqueda de hidrocarburos en el litoral por el perjuicio que representa para la primera industria de la economía malagueña. Quien le pone voz a este temor es el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez: «Estos proyectos no le hacen ningún favor al turismo. Tenemos muy claro que no nos beneficia en nada porque se asume un enorme riesgo para una industria tan sensible como la turística, que encima es la columna vertebral de nuestra economía».

En la misma línea, otro sector que anda preocupado por las prospecciones es el pesquero al ver peligrar sus históricos caladeros. «No sabemos en qué situación van a quedar y, de momento, nadie nos informa de nada. En cualquier caso, estamos radicalmente en contra», subraya el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Juan Antonio Haro. No son los únicos preocupados por la fauna y flora marina. Los grupos ecologistas también han expresado sus recelos sobre los efectos que ambas actuaciones pueden acarrear en el entorno, tanto por la afección a las especies animales como por el hecho de que a pocos kilómetros del punto donde Repsol pretende perforar el fondo marino se encuentra la pradera de posidonia oceánica de Calahonda. Pero sobre todo, porque el mar de Alborán es uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta al ser el único espacio del mundo en el que conviven especies atlánticas y mediterráneas, además de ser paso migratorio de aves y cetáceos. «Aunque se ofrezcan las máximas garantías, siempre está el principio de incertidumbre de que se produzca un incidente», alerta el biólogo del Aula del Mar, Juan Jesús Martín, quien incide en el alto valor ambiental de la zona y del riesgo al que ya está expuesta por el tráfico de petroleros. «Dos de cada tres buques del mundo pasan por aquí, así que ya corremos bastantes riesgos como para añadir nuevos elementos», apunta.

Las empresas, a la espera

¿Qué dice Repsol? Guarda un prudencial silencio, pero sigue adelante con sus planes. La multinacional tiene en marcha su maquinaria para ultimar el despliegue logístico y la contratación de la plataforma perforadora, cuyo alquiler diario es de medio millón de euros, incluido el personal. La empresa está a la espera de la autorización definitiva de Industria, un permiso que no va más allá de ser un mero formalismo una vez que el proyecto Siroco superó la declaración de impacto ambiental en julio de 2011. El objetivo es acometer la exploración frente a las costas de Mijas y Fuengirola entre febrero y abril de 2013, franja fijada por el Ministerio de Medio Ambiente para evitar los periodos más críticos para el sector turístico, la veda de la flota pesquera y la reproducción y paso de aves y cetáceos. Si el visto bueno del Gobierno no llegara, la multinacional tendría que solicitar una nueva prórroga (la cuarta) de los permisos de investigación que le fueron otorgados hace ocho años, ya que expiran el 20 de agosto de 2013. Una larga tramitación que pondría su contador a cero si, tras las catas, la multinacional decidiera realizar la explotación del yacimiento, ya que tendría que solicitar un nuevo permiso, incluido un segundo estudio de impacto ambiental.

También se están armando de paciencia en CNWL Oil España. La filial de la canadiense Sherrit International lleva seis años de trámites y, a día de hoy, sigue a la espera de saber si podrá realizar la campaña sísmica (estudio geológico del subsuelo marino mediante ondas sísmicas lanzadas por un barco) prevista entre Vélez Málaga y la localidad almeriense de Adra. «Llevamos tantísimo tiempo esperando que no tenemos ninguna expectativa al respecto», reconocen fuentes de la entidad que, de momento, ni siquiera se plantean la posibilidad de realizar prospecciones, para lo que tendrían que pedir nuevos permisos. Sus previsiones más optimistas apuntan a que no sería antes de 2018.