La sentencia del TSJA sobre el ERE en el ayuntamiento de Estepona dice que la plantilla estaba «sobredimensionada»

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Estepona en el juicio sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que llevó a cabo a finales del pasado mes de julio y que afectó a 176 trabajadores. Lo ha hecho en una sentencia con fecha del pasado 25 de octubre, pero comunicada a las partes ayer, en la que admite el «sobredimensionamiento» en el que se encontraba la plantilla y reconoce las causas económicas alegadas al ERE.

El comité de empresa y los sindicatos CCOO, ATAE, UGT y CSIF demandaron al Consistorio y pidieron en el juicio de la semana pasada que el despido fuese nulo; la defensa del Ayuntamiento sostuvo entonces que éste se justificaba por causas económicas y organizativas, lo que ahora ha avalado el alto Tribunal andaluz .

El primer argumento se acredita en la sentencia cuando se contempla como hecho probado la difícil situación económica del Ayuntamiento, «la ausencia casi total de autofinanciación» y la abultada deuda fuera de presupuesto «como consecuencia de obligaciones firmes» contraídas por corporaciones anteriores.

Así, el TSJA afirma que «se han intensificado las actuaciones tendentes a buscar soluciones a la aludida difícil situación», en relación a las medidas tomadas por el equipo de gobierno del PP desde su llegada al poder. También da por verificadas distintas deudas que tenía el Ayuntamiento con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

La segunda línea de defensa se ve respaldada cuando el TSJA destaca que la disposición adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores prevé el despido por causas organizativas . «La más evidente causa organizativa justificativa del despido objetivo es el sobredimensionamiento de la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento», explica.

Confirma que en diciembre de 2011 había 1.362 trabajadores y en mayo de 2012 eran 1.084 tras comprobar la documentación que ofreció el Consistorio a los sindicatos. Por otro lado, observa que no cabe apreciar «discriminación» entre los despedidos y los funcionarios y considera que la contratación temporal de seis técnicos de Educación Infantil «no desvirtúa la concurrencia de las causas organizativas».

Competencia del regidor

En su resolución, de 30 páginas, el TSJA rechaza que la decisión de extinguir la relación laboral de esos empleados municipales -que supuso un ahorro de seis millones de euros en el gasto de la plantilla- haya sido nula por haber sido tomada por el alcalde y no por el pleno, ya que entiende que entre las atribuciones del primer edil está incluida la de «desempeñar la jefatura superior de todo el personal», según la Ley de Bases del Regimen Local.

El tribunal rechaza también que en el ERE haya habido discriminación por razones políticas, como argumentaban los sindicatos denunciantes, y destaca que entre los despedidos figuran dos familiares de concejales del Partido Popular.

En la sentencia se destaca asimismo la falta de una relación de puestos de trabajo y de un plan de ordenación de recursos humanos en el Ayuntamiento a causa de la política llevada a cabo durante años en las sociedades municipales.

Además, el TSJA niega que el equipo de gobierno municipal haya actuado de mala fe en las negociaciones que precedieron a la presentación del ERE y expone que «no fue posible discutir las medidas para atenuar las consecuencias del despido colectivo» porque los sindicatos se negaron a mostrar su conformidad con que se realizaran despidos. En este sentido, la resolución corrobora que las medidas planteadas por los sindicatos no alcanzaban la rebaja económica pretendida.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, mostró ayer su satisfacción por el hecho de que el TSJA haya avalado el procedimiento. «Nos hubiera gustado cualquier tipo de medida antes que los despidos», expresó el primer edil, que recordó que el Consistorio mantuvo 11 reuniones con los representantes de los trabajadores para negociar sin éxito.

El regidor consideró que la sentencia significa «un paso adelante para garantizar la estabilidad económica» del Consistorio y un respaldo al trabajo de los abogados y a la política del Ayuntamiento.

Recursos

Los sindicatos CC. OO. y UGT ya preparan recursos para presentarlos ante el Tribunal Supremo, y CSIF lo está estudiando. La secretaria general de la FSC de CC. OO. de Málaga, Carolina Ortiz, consideró que la sentencia es el ejemplo de que la legislación vigente está «creada para eliminar los derechos laborales». El portavoz del comité de empresa y del CC. OO., José Carrasco, apuntó que, aunque respetan y acatan la sentencia, no la comparten. Entre otras cuestiones, consideran que se ha dictaminado «demasiado rápido» por el volumen del caso, algo con lo que coincidieron la Plataforma 176 y Más e IU. A UGT también le sorprendió, aunque señaló que ahora los trabajadores podrán hacer efectivas las demandas individuales por la causa.