A la cabeza en reclamaciones

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Málaga ha resuelto el 20 por ciento de las 274 reclamaciones que ha atendido en lo que va de año. La mayoría de estas reclamaciones han sido formuladas por ciudadanos de Marbella (14,8 por ciento) y Estepona (13,9 por ciento), según informó la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde.

La mayoría de las solicitudes, concretamente el 70 por ciento del total, están vinculadas al sector de la telefonía fija y móvil, así como al servicio ADSL de Internet. Un 6 por ciento a compras en tiendas o grandes almacenes, mientras que el resto se concentran en áreas como la compra de telefonía móvil, instalación de gas sin haberse solicitado o la compra y reparación de vehículos.

La diputada, que presentó ayer estos datos hizo un llamamiento a la ciudadanía, sobre todo a las personas mayores, para que esté alerta por la presencia de instaladores de gas que visitan los hogares de ancianos o inválidos instándoles a realizar una revisión sin ser empresas autorizadas. «Este es un tema que nos ha llamado mucho la atención y es bastante preocupante, ya que, incluso roza lo delictivo en muchos casos», incidió según recoge una nota difundida por Europa Press.

Por otra parte, Conde animó a los empresarios de la provincia a adherirse de forma gratuita a la Junta Arbitral de Consumo del ente supramunicipal por «las ventajas que les aporta», como «el hecho de contar con un distintivo adicional de calidad y diferenciador respecto a la competencia». Asimismo, Conde recordó que, hasta la fecha, hay un total de 2.869 empresas que se benefician del uso de este distintivo.

Las empresas acogidas podrán acceder a incentivos establecidos por las administraciones públicas, tales como más puntuación en baremos de concursos, mejoras en contratos públicos, entre otros beneficios. Igualmente, la diputada defendió que el laudo de la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación «tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme».

«La empresa cuenta con la garantía de que el laudo que se dicte será equitativo, pues los colegios arbitrales están constituidos por tres árbitros: uno representa a los consumidores, otro a los empresarios y otro a la Administración, lo que garantiza el equilibrio y la igualdad entre las partes, así como la imparcialidad», detalló Conde.