El fiscal y la Inspección avalan el ERE del Ayuntamiento de Estepona

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acogió ayer el juicio sobre el Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo en el Ayuntamiento de Estepona y que afectó a 176 personas. El caso ha quedado visto para sentencia. En la fase de conclusiones, la fiscal reconoció la mala situación económica del Consistorio porque indicó que se había puesto de manifiesto la «hipertrofia» de la Administración. Además, observó que no se dio una «vulneración de derechos fundamentales» en el proceso y que no concurrían motivos para considerar que hubiese discriminación en la selección del ERE.

Un documento al que ha tenido acceso este periódico también avala los criterios fundamentales que defiende el Consistorio para justificar los despidos. Se trata de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad que concluye que el proceso «se fundamenta en causas económicas y organizativas». De esta manera, expone que durante el periodo de consultas se trató «sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos mediante la aplicación de medidas alternativas a los mismos, así como de atenuar sus consecuencias».

Argumentos

En la sesión, la defensa del Consistorio reiteró la postura del equipo de gobierno de que el ERE se tenía que llevar a cabo por la situación económica de las arcas municipales y por la sobredimensión de la plantilla, mientras los representantes de los trabajadores y de los sindicatos CC OO, ATAE, CSIF y UGT pidieron la nulidad del proceso porque sostuvieron que los criterios por los cuales se rigió no son válidos.

El abogado del Consistorio apuntó que en 2011 había un déficit de 47 millones de euros, deudas con la Seguridad Social y que el gasto de personal suponía el 86% de los ingresos. Ya entonces se hizo un plan de saneamiento.

Sin embargo, el letrado del Ayuntamiento subrayó que fueron circunstancias «sobrevenidas» las que llevaron a la institución a realizar el plan de ajuste en 2012 que conllevó el ERE. Por una parte, recordó que se retuvo la participación del Ayuntamiento en los tributos generales del Estado. Por otro lado, dijo que un decreto del Gobierno central obligaba al pago a proveedores, y que para poder acceder a un crédito tuvo que equilibrar sus cuentas con un plan de ajuste que fue «aprobado por el Ministerio de Hacienda». Éste consistió en vender bienes inmuebles y en recortar esos seis millones de euros en capítulo de Personal, lo que llevó a los despidos ante la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores. No obstante, el letrado enunció que el Ayuntamiento estuvo dispuesto a la negociación, aunque dijo que las propuestas sindicales no alcanzaban el ahorro exigido y que algunas no se podían llevar a cabo, al tiempo que recordó la postura del Consistorio contraria a aumentar los impuestos.

Uno de los puntos sobre los que giró la sesión fue la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo para la ejecución del ERE. La parte demandada sostuvo que no había obligación de ello, pero el representante legal de CC OO aseveró que lo «lógico» hubiese sido realizarla antes de tomar cualquier decisión y que el ERE «difícilmente puede ampararse en causas organizativas». Mencionó que había trabajadores que habían servido a varios departamentos y que el Ayuntamiento no había estimado las propuestas sindicales. En este sentido, consideró que hubo «discriminación» del personal laboral -afectado por el ERE- frente al funcionario eventual.

En lo referido a las externalizaciones de distintos servicios municipales, los letrados de los sindicatos coincidieron en defender que las mismas supusieron un ahorro económico y una disminución de la plantilla. En este sentido, CC OO insistió en que los datos en los que se basó el Ayuntamiento para justificar los despidos eran erróneos, porque eran anteriores a estos procesos.

Al respecto, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, dijo tras el juicio que se aportaron al expediente «todas las cifras», que son «las que resultan de la intervención municipal y están más que contrastadas».