Repsol pone en marcha su maquinaria para buscar gas en la Costa en febrero de 2013

La autorización definitiva del Ministerio de Industria a los planes de Repsol de buscar gas metano en la Costa no va más allá de ser un mero formalismo una vez que el proyecto Siroco superó la declaración de impacto ambiental en julio de 2011 y, máxime, cuando el propio Gobierno reconoció el pasado mes de mayo que no tiene intención de dar marcha atrás pese al rechazo frontal de ayuntamientos, partidos políticos, empresarios, pescadores y ecologistas de la provincia. En la multinacional de hidrocarburos son conscientes de ello, por lo que ya ha puesto en marcha su maquinaria para tener todo el despliegue logístico y todos los trámites a punto con el objetivo de acometer las prospecciones frente a las costas de Mijas y Fuengirola entre febrero y abril de 2013, franja fijada por el Ministerio de Medio Ambiente para evitar los periodos más críticos para el sector turístico, la veda de la flota pesquera y la reproducción y paso de aves y cetáceos.

Aunque en la empresa mantienen la cautela a tenor de la calma con la que el Ejecutivo central se está tomando la rúbrica del visto bueno final, sus previsiones pasan por acometer los sondeos exploratorios durante la próxima primavera, fundamentalmente porque en caso de no llegar a tiempo tendrían que solicitar una nueva prórroga (la cuarta) de los permisos de investigación que le fueron concedidos hace ocho años, puesto que expiran el 20 de agosto de 2013.

De momento, en Repsol ya tienen perfilado el despliegue logístico y humano, aunque la piedra angular para realizar los sondeos es la contratación de la plataforma semisumergible que perforará el fondo marino en la zona de Punta de Calaburras. La multinacional tiene sobre la mesa varias opciones, aunque antes de dar el paso definitivo está analizando las posibilidades de darle un destino alternativo a la plataforma (como ya hiciera en 2011 trasladándola a Marruecos) en caso de que Industria siguiera sin pronunciarse, ya que no son muchas las que hay en el mercado y están muy demandadas. Prueba de ello es que el precio del alquiler puede alcanzar el medio millón de euros al día, incluido el personal.

En un principio, las catas durarían 29 días, aunque si se encontrara gas podrían ampliarse a 41 para realizar las pruebas de producción (consistente en quemar durante varios días el gas extraído) y así determinar si su calidad es apta para su comercialización. En caso afirmativo, el yacimiento quedaría sellado para una futura explotación, de forma que siempre que las cantidades encontradas resultaran suficientes para rentabilizar la inversión, la multinacional debería volver a solicitar nuevos permisos para proceder a la extracción.

Objetivo: atenuar los recelos

Al margen de planificar el operativo logístico (la plataforma contaría con tres embarcaciones de apoyo y un helicóptero), Repsol también tiene previsto desembarcar en los próximos meses en la provincia para volver a explicar el proyecto a todas las partes interesadas (ayuntamientos, empresarios turísticos, cofradías de pescadores,...) a fin de minimizar sus temores y recelos ante las prospecciones. En este sentido, la compañía está obligada a presentar a Gobierno, Junta y Diputación Provincial un plan de contingencia de derrames de hidrocarburos que incluya un protocolo de actuación en caso de un vertido accidental de combustible o escape de gas.

Igualmente, el Ministerio de Medio Ambiente también le exige la elaboración de un plan de restitución económica y ambiental, para lo que se contempla el establecimiento de una fianza o seguro para compensar los posibles daños que un hipotético incidente podría causar sobre el entorno (además de ser lugar de paso de delfines, tortugas bobas y aves migratorias, cuenta con la pradera de posidonia oceánica de Calahonda a apenas 7,1 kilómetros del punto de perforación), así como cualquier perjuicio económico desde el punto de vista turístico, pesquero o acuícola.