Estepona solicitará el concurso de acreedores de las sociedades municipales

El pleno de la Corporación celebró ayer una junta general universal de cuatro sociedades municipales para aprobar sus cuentas y poder así solicitar el concurso de acreedores de dichas sociedades municipales. La intención del equipo de gobierno es la de dirimir las responsabilidades legales por parte de los anteriores responsables municipales que formaban parte de los órganos de dirección de éstas. Se trata de las empresas Servicios Municipales Estepona S.L.; Desarrollos Municipales Estepona S.L.; Promoción y Comunicación Estepona S.L. y Turismo y Actividades Recreativas S.L.

El edil del área Económica, Manuel Aguilar, explicó que las empresas municipales tenían acumulada una deuda de 74 millones de euros cuando el equipo de gobierno llegó a la Alcaldía y que se encontraban «desde hace años» en causa legal de disolución. El Ejecutivo local adoptó en agosto de 2011 el acuerdo de disolución de estas sociedades, ya que la legislación mercantil establece consecuencias «muy graves» para los administradores de las sociedades que no insten a la disolución de las empresas cuando éstas se encuentren en causa de disolución.

«Estas empresas se han usado para, libremente, sin proceso administrativo, contratar a personal y contratar servicios sin ningún control, pese a la situación de déficit en la que se encontraban; y esto tenía que ser erradicado», mencionó el edil, que recordó que la deuda que encontró el actual gobierno ascendía a 300 millones de euros.

Aguilar aseveró que existía una mala gestión en estas sociedades por parte de los anteriores responsables municipales que «dilapidaron el dinero municipal, malgastando los impuestos de los ciudadanos y provocando que se llegara a esta situación». Por otra parte, insistió en que esta actitud tiene responsabilidad política y «será en sede judicial donde se tenga que dirimir estas responsabilidades legales por esta mala gestión municipal». Las mismas podrían ser civiles o penales.

Además, indicó que de las cuatro empresas municipales, dos de ellas «no tenían un objeto social real, no tenían ingresos porque no tenían ninguna actividad y aglutinaban a casi 700 personas contratadas».

El responsable del área de Economía también dijo la legislación mercantil por la que se regían estas empresas municipales exigen que las mismas tengan un patrimonio equilibrado, y apuntó que éstas siguieron contratado servicios y personal durante años pese a la situación de insolvencia y pese a encontrarse en causa legal de disolución.

Asimismo, el edil manifestó que las sociedades municipales no cumplían con los requisitos de tener inscritas sus cuentas en el Registro Mercantil; trámite que en la sesión de ayer se acordó realizar sobre los ejercicios 2009, 2010 y 2011. El concejal también destacó que el liquidador de estas sociedades ha cumplido con el objetivo marcado de culminar en un año el proceso de liquidación de las sociedades municipales.

Por su parte, el portavoz del grupo local del PSOE, David Valadez, afirmó: «la única vez que las empresas han pagado a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria fue en nuestro mandato».

«Nosotros pagábamos el corriente, pero no la adeuda acumulada», aseveró el socialista, a la par que subrayó: «desde que se constituyeron las empresas, en el año 95, hasta mi llegada a la Alcaldía, nunca se pagó nada».

El pleno también aprobó ayer la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que propuso el equipo de gobierno para que en los terrenos ubicados en la zona conocida como 'Cuesta de Arroyo Judío' se pueda llevar a cabo la construcción de 41 viviendas de protección oficial y de 10 de precio libre. La edil del área de Fomento, Susana Arahuetes, explicó que el expediente cuenta con los informes favorables de la Junta de Andalucía.

Compensación

El Consistorio, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), recibirá como compensación más de 3.000 metros cuadrados que irán destinados a zonas verdes públicas, sistemas generales y equipamientos.

Tanto el equipo de gobierno como la oposición coincidieron en que este proyecto será beneficioso para generar puestos de trabajo. Las 51 viviendas serán construidas en una superficie de 7.750 metros cuadrados.

En otro orden de cosas, en la sesión se dio cuenta de la petición a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para que el municipio vuelva a ser declarado zona de gran afluencia turística y que, por primera vez, esta consideración permita también libertad de apertura de los comercios durante las fiestas navideñas.