Los recortes llegan a la Justicia y movilizan a jueces, fiscales y abogados

Lenta e ineficaz. La justicia en España no se ha podido desprender de los adjetivos que lleva colgados desde hace décadas. Y parece que el futuro que se avecina más que soluciones va a traerle, si cabe, nuevas complicaciones. Las aguas bajan turbulentas por los juzgados, donde los ciudadanos serán en última instancia los más perjudicados por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en este servicio público. No se van a crear más juzgados, no habrá más jueces ni fiscales. Tampoco interinos de refuerzo. Ya han anunciado que no descartan ir a la huelga, que en el mejor de los casos será de celo, cumpliendo escrupulosamente los módulos de trabajo marcados legalmente, como anunciaron la pasada semana las juntas de ambos colectivos. Los abogados del turno de oficio son los últimos sometidos al interminable tijeretazo. Esta vez por parte de la Junta de Andalucía, que reducirá un 10% las honorarios que reciben por la asistencia jurídica que prestan a las personas sin recursos económicos.

Los jueces han mostrado su hartazgo. Advierten de la sobrecarga de trabajo y del riesgo de «colapso» en los tribunales, en un momento en el que han visto reducidos sus salarios y cuando el Gobierno trabaja en la redacción de un nuevo estatuto profesional que limita sus permisos y la actuación de los jueces sustitutos.

«Nos preocupa sí, pero no solo eso. Nos preocupa mucho que una vez más no se invierta en justicia y no se creen más plazas de jueces», asegura el juez decano de Málaga, José María Páez, quien se queja de la «inasumible» carga de trabajo que soportan en los juzgados malagueños. Páez dice que la medida que ha causado mayor indignación entre los cerca de ochenta magistrados de la capital es la de tener que asumir los juicios que sus compañeros no puedan celebrar. «Resolvemos cuestiones muy importantes para los ciudadanos y para la Administración y no podemos poner sentencias como churros», apostilla Páez.

Algunos juzgados de la capital, como los de la jurisdicción mercantil, han llegado a triplicar el límite asuntos que fija el Poder Judicial. Otros de la jurisdicción civil, por ejemplo, están fijando juicios a tres años vista. La lista de problemas es larga.

Adiós a siete sustitutos

A la vuelta del verano la Fiscalía de Málaga se ha encontrado del tirón con siete fiscales sustitutos (interinos) menos. Los recortes han afectado de rebote también al departamento de Anticorrupción, que ha perdido los tres funcionarios que tenía adscritos de forma temporal al tener que incorporarse éstos a los puestos que ocupaban los sustitutos a los que no se les ha renovado el contrato. Uno de ellos llevaba trece años consecutivos trabajando en la Fiscalía. La plantilla del Ministerio Fiscal, con un total de 86 funcionarios en toda la provincia, a los que hay que sumar ocho en Melilla, sigue siendo la misma desde hace casi una década y el trabajo no ha parado de crecer . Ello sin mencionar los macroprocesos como 'Malaya', 'Ballena Blanca' o 'Minutas' a los que ha tenido que hacer frente. Pese a la dificultad que entraña conseguir más medios en un panorama de tijeretazo, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero no ceja en el empeño. La pasada semana convocó una junta de coordinación para hacer una evaluación de las necesidades. «Vamos a pedir siete u ocho fiscales más, pero vamos a fundamentar muy bien por qué lo pedimos, con toda la documentación, para demostrar que además de llevar muchos asuntos, son de una enorme complejidad», precisa.

Los fiscales ha sumado sus reivindicaciones a las de los jueces para hacer un frente común y el pasado jueves en una junta respaldaron las medidas propuestas por sus asociaciones profesionales, entre las que figura reclamar a la Fiscalía General un módulo de trabajo «razonable».

Los últimos en la larga lista de los recortes han sido los abogados de oficio. En este caso es la Junta de Andalucía la que va a meter la tijera. Los letrados recibirán a partir de octubre un 10% menos en los honorarios por sus asistencias jurídicas a las personas sin recursos económicos. El año pasado, solo en la capital, 1.600 letrados adscritos al turno de oficio realizaron nada menos que 37.000 asistencias.

El recorte ha pillado por sorpresa a los abogados a los que la Junta paga casi siempre de forma tardía estos servicios.

«Una de las exigencias que pusimos cuando supimos lo del recorte es que se pusiera al día en los pagos de los honorarios atrasados. Por ahora la Junta está cumpliendo lo que prometió y esperamos que a final de año esté al día», explica el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, quien destaca «el gran componente social» que tiene el turno de oficio y «la responsabilidad y esfuerzo» de estos letrados. Camas dice que son «tiempos difíciles» y que este recorte «coyuntural» llega cuando los honorarios de los abogados de oficio «siguen siendo muy bajos y no se actualizan desde hace tiempo».

«Esperemos que esta coyuntura no dure mucho tiempo», añade Camas, para quien un nuevo escenario de recortes en el futuro «no está encima de la mesa».