El Ayuntamiento de Estepona abre dos expedientes al secretario adjunto por amenazas

El Ayuntamiento de Estepona ha abierto dos expedientes disciplinarios al secretario adjunto municipal por su comportamiento, según dos decretos que firmados por el alcalde, José María García Urbano, y a los que ha tenido acceso este periódico. Ambos son del pasado 30 de agosto. En el primero de ellos se expone que dos concejales del PP indicaron que el funcionario con habilitación de carácter estatal se dirigió a ellos «de forma agresiva y amenazante», y «en presencia de testigos y en la vía pública».

El documento advierte de que la ley tipifica dicha presunta conducta como «falta leve». Por otra parte, alude a un informe de un técnico de Recursos Humanos que concluye que, en caso de que el órgano competente entienda que un funcionario ha cometido faltas leves, se debe llevar a cabo un trámite de audiencia, formulando por escrito la imputación para que el trabajador inculpado alegue lo que estime pertinente en su defensa.

Así, en el decreto se resuelve incoar un expediente disciplinario «por la presunta comisión de dos faltas leves de entre las contempladas en el Real Decreto 33/1986», y en concreto cita la titulada como «La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados».

Además, se estableció que se informara al presunto inculpado, otorgándole diez días para alegar lo que estimara pertinente a su defensa. «Una vez evacuado dicho trámite, por esta Alcaldía-Presidencia se dictará a la vista de las alegaciones la oportuna resolución», concluye el decreto.

El segundo documento procede de manera similar, aunque esta vez la presunta falta leve que se le atribuye al secretario adjunto tiene que ver con «el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario».

«Retraso en expedientes»

El decreto expone que el empleado exige para la realización de sus tareas que las certificaciones que debe emitir sean visadas por la Alcaldía-Presidencia de manera previa. «A todo ello se une la negativa a recibir documentación remitida por esta Alcaldía-Presidencia», explica el escrito. De esta manera, se menciona que se origina «un considerable retraso en los expedientes» y una «dejación» de las funciones del empleado. Además, advierte de que esta situación ha conllevado, entre otras consecuencias, «que las funciones encomendadas al secretario adjunto deban ser realizadas por el secretario general».

No es la primera vez que existe polémica entre el equipo de gobierno y este empleado. En abril de este año la Junta de Andalucía archivó una denuncia que había puesto el secretario adjunto por presuntas irregularidades cometidas en el Consistorio con las que aseguraba que se le había «apartado» de sus funciones. Entonces el Ayuntamiento consideró que la desestimación de la queja ponía de manifiesto que no vulneró sus derechos y observó que tenía encomendada la «laboriosa y delicada» labor de inventariar el patrimonio municipal.