IU denuncia al Ayuntamiento de Estepona por incluir a siete discapacitadas en el ERE municipal

Izquierda Unida interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga por el despido de personas discapacitadas que trabajaban en el Ayuntamiento de Estepona en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hace unos días afectó a 176 empleados. Así lo indicó ayer el portavoz de IU en Estepona, Antonio Murcia, que destacó que entre ellos se vieron perjudicadas al menos siete mujeres con esta condición física.

El partido estudió antes de dar este paso si estos hechos podían ser constitutivos de un delito de vulneración de derechos fundamentales de la persona y de discriminación negativa contra el colectivo de discapacitados del Consistorio esteponero.

IU acusó al alcalde de Estepona, José María García Urbano, de utilizar el ERE del Ayuntamiento para hacer «una limpieza de discapacitadas y enfermas crónicas», actuación que calificó como «cruel». En este sentido, opinó: «la discapacidad ha sido uno de los criterios no escritos utilizado por García Urbano para eliminar a aquellas trabajadoras municipales que la sufren».

Según indicaron desde IU, en el ERE habrían sido incluidas una discapacitada severa con un 69% de grado de minusvalía que ejercía como trabajadora social; una conserje de un colegio, de 52 años, con la calificación de incapacidad permanente total y que había formado parte de la lista electoral de IU en las últimas elecciones locales; una auxiliar bibliotecaria, con grado de discapacidad del 35%; otras tres empleadas con grados del 55%, 39% y 39%, respectivamente; y una mujer con un grado de discapacidad severa del 77% que se desplaza en sillas de ruedas, y que era telefonista.

Así, consideraron que esto sería «una clara vulneración del Estatuto Básico del Empleado Público que obliga a la Administración Pública a alcanzar el 2% de los efectivos totales de su plantilla de empleados con discapacidad igual o superior al 33% de grado de minusvalía». En el mismo sentido, añadieron que supondría «una clara discriminación de un colectivo que, por sus limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y desigualdad en el mercado de trabajo».

Negativa

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento opinó que IU pretende «sacar rédito político con un asunto tan sensible como la discapacidad». En este sentido, desde el Consistorio se reiteró que el Expediente de Regulación de Empleo se realizó siguiendo criterios «objetivos» y que la discapacidad «no se ha empleado como un criterio a tener en cuenta para estar incluido en este procedimiento».

El Ayuntamiento recordó que los representantes sindicales no solicitaron durante el periodo de negociación del mismo que las personas con discapacidad fueran excluidas del ERE.

Por último, consideró que la coalición de izquierdas quiere usar «sin ningún tipo de escrúpulos» este asunto para intentar dañar la imagen del alcalde. «El expediente se ha llevado a cabo cumpliendo en todo momento con la objetividad, y sin tener en cuenta la pertenencia a partidos políticos; muestra de ello es que hay dos familiares directos de dos concejalas del equipo de gobierno que se han visto afectadas por el ERE», mantuvo.

Los trabajadores despedidos, que se reunieron ayer en el paseo marítimo para hacer llegar su postura a los paseantes, opinaron todo lo contrario.

«No se han seguido unos criterios objetivos», indicó la presidenta de la Plataforma 176 y Más, Enma Molina. La extrabajadora de una guardería municipal también apeló al mínimo exigido de personas discapacitadas que deben ser contratadas por las empresas.