El SAS mantendrá la asistencia a los inmigrantes 'sin papeles'

Los inmigrantes que están en situación irregular en Andalucía -unos 46.000, de los que en torno al 11.000 viven en la provincia de Málaga- continuarán recibiendo asistencia sanitaria gratuita a partir del 1 de septiembre. Así lo ha decidido la Consejería de Salud, con lo que no aplicará la medida impuesta por el Gobierno central a través del Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado mes de abril.

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aseguró que el SAS seguirá funcionando con normalidad y atendiendo a todo aquel que lo necesite. «La población puede estar tranquila a ese respecto», subrayó la consejera. Según dijo, la Junta de Andalucía, por tres motivos prioritarios, no está dispuesta a dejar de atender a ninguna persona Primero, por razones de humanidad; segundo, porque así lo establece el Estatuto andaluz, y, tercero, porque un control adecuado de toda la población evita problemas de salud pública.

Otra cuestión que aconseja a la consejería a no aplicar la medida del Gobierno central se sustenta en que «el no tratamiento de determinados problemas de salud en los momentos precoces del padecimiento puede ocasionar no solo un mayor dolor para quienes lo sufren, sino también incrementos económicos para el sistema, por lo que es preferible tratar siempre las dolencias en un primer entorno», afirmó Montero.

Desde el 1 de septiembre, la atención a los inmigrantes irregulares se limitará a las urgencias, con la salvedad de los menores de 18 años y de las mujeres embarazadas. No obstante, en Andalucía la situación se mantendrá como hasta ahora, es decir, se asistirá tanto a los extranjeros con la documentación en regla como a los 'sin papeles'.

Visita a las consultas

La consejera señaló que solo el 0,6 por ciento de la población inmigrante frecuenta las consultas andaluzas de atención primaria y el uno por ciento va a las consultas externas. Ese porcentaje es algo más elevado en los partos (hasta el 7 por ciento). Montero precisó que la asistencia a los 'sin papeles' no supone la parte «más costosa» del sistema público sanitario, porque se trata de personas que, en su mayoría, «no tienen cultura de atención sanitaria» y que, además, «temen que se les cobre o se dificulte su situación administrativa». A juicio de Montero, la decisión aprobada por el Gobierno central de cobrar 710 euros al año a la población en situación irregular (hasta 1.800 a los mayores de 65 años) «significa en la práctica echarla del sistema sanitario».

Por su parte, Médicos del Mundo lleva a cabo una campaña para que en toda España se siga atendiendo a los inmigrantes sin permiso de residencia. Esa iniciativa viene a respaldar una anterior de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria para animar a los médicos a declararse objetores ante la medida del Gobierno central de dejar de dar asistencia a los 'sin papeles'.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, en declaraciones realizadas ayer a este periódico, indicó que los médicos de familia en los centros de salud ven a los pacientes con cita y que están registrados en la base de datos del SAS. «El sistema sanitario es el que establece las asistencias. Los médicos vemos a los enfermos que nos citan a través del servicio de admisión. «Me parece bien que se atienda a los inmigrantes irregulares, porque de ese modo se pueden controlar problemas de salud pública y por cuestiones humanitarias, pero que el proceso se haga de una forma reglada», aseveró Sánchez Luque.