El Gobierno que instauró la 'tolerancia cero'

El Gobierno de Patxi López echó a andar en 2009 bajo el punto de mira de ETA y ha terminado un año después de que una organización terrorista derrotada hubiera anunciado la renuncia a la violencia. ETA recibió a los miembros del Ejecutivo de Patxi López con un comunicado en el que declaraba al Gobierno «objetivo prioritario». Eso fue el 12 de abril de 2009.

Era una declaración de guerra abierta de una organización que ya entonces estaba más debilitada de lo que era capaz de reconocer. Pero no era un anuncio vacío. Unos meses más tarde, a principios de 2010, el entonces máximo responsable de la banda, Mikel Carrera, Ata, daba instrucciones a uno de sus comandos para que hicieran todos los preparativos necesarios para llevar a cabo un atentado con un fusil de mira telescópica contra el lehendakari o contra el consejero de Interior, Rodolfo Ares. Esos planes no fueron más allá porque la Guardia Civil los abortó en su fase inicial.

El 7 de mayo Patxi López juraba su cargo en Gernika y se convertía en el primer lehendakari no nacionalista, con la salvedad de la presidencia de Ramón Rubial del órgano preautonómico, el Consejo General Vasco. Apenas un mes después, ETA cometía el primer asesinato en el País Vasco con un gobierno socialista monocolor en Vitoria. El inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles fue víctima de una bomba colocada bajo su automóvil. Patxi López encabezó con la familia la manifestación de protesta en Bilbao y desde las escalinatas del Ayuntamiento pronunció el que, probablemente, ha sido el discurso más emocionado y vibrante de toda la legislatura, en el que proclamó que «este país se construirá sobre la memoria de las víctimas y no la de sus verdugos».

Con Rodolfo Ares al frente de la consejería de Interior, el Gobierno vasco remodeló la Ertzaintza y reactivó las investigaciones antiterroristas con la desarticulación, a principios de 2010, de dos células de ETA en Ondarroa, responsables de varios atentados, entre ellos la colocación de un coche bomba en la comisaría de la Ertzaintza de esa localidad. En otra operación fue capturado el asesino de Joseba Pagazaurtundua. En 2010, la Ertzaintza hizo tantas detenciones de etarras como en los siete años anteriores juntos.

Retirada de pintadas

La aportación más relevante del Gobierno vasco ha sido, quizás, la aplicación de la política de «tolerancia cero» contra los actos de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas. El Ejecutivo, invocando la ley de apoyo a las víctimas aprobada la legislatura anterior por el Parlamento vasco, estimuló a los ayuntamientos para sumar esfuerzos a la hora de hacer desaparecer del paisaje urbano fotos de etarras, pancartas, pintadas y todo tipo de muestras de apoyo a la banda terrorista.

En este tiempo, la Ertzaintza ha llevado a cabo más de diez mil actuaciones. Esta política no solo se limitó a retirar las muestras de apoyo, sino a la identificación y acusación de sus responsables ante los tribunales.

La política de 'tolerancia cero' encontró su espaldarazo judicial con la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo, que confirmó la ilicitud de la muestra de las imágenes de terroristas en el sumario abierto contra miembros de una txosna de Bilbao. La Audiencia Nacional había estimado que no había delito en la exhibición de las fotos de los etarras, lo que le granjeó al Gobierno vasco las críticas de Aralar, Eusko Alkartasuna y Batasuna, que reclamaron un cambio de política y le acusaron de atacar la libertad de expresión. Ares aguantó el pulso y unos meses más tarde veía confirmada su decisión por el Tribunal Supremo que ratificaba que la exhibición de las imágenes y la calificación de «presos políticos» a los etarras suponía la «alabanza de los actos terroristas o la apología de los verdugos» y constituía un hecho delictivo. La principal apuesta del Gobierno de López en la lucha contra el terrorismo quedaba así consagrada por los tribunales.

Apoyos perdidos

Los socialistas vascos llegaron al poder cuando ya había fracasado la política de diálogo con ETA y Batasuna, en la que se implicaron activamente durante la primera legislatura de Zapatero. En 2009 lo que se aplicaba era el 'plan B' de Alfredo Pérez Rubalcaba consistente en la persecución implacable tanto de ETA como de su entorno político. El Ejecutivo de López secundó de forma activa esta estrategia y Rodolfo Ares se convirtió en el más estrecho colaborador del ministro del Interior. Eso les convirtió a ambos, a Rubalcaba y Ares, en ganadores del concurso de menciones hostiles en los documentos de ETA.

La banda estaba agotada y acogotada a finales de 2009, tanto que la ofensiva terrorista del verano anterior, en la que fue asesinado Puelles, fue el canto del cisne de ETA. La eficacia de la acción policial condujo a la impotencia de la organización y, en último término, le forzó a ir dando pasos hasta llegar al anuncio de abandono definitivo de la violencia. Ese comunicado coincidió en el tiempo con la llegada del PP al Gobierno central y la aparición de algunas tiranteces en las relaciones entre los dos departamentos de Interior, a pesar de la imagen pública de entendimiento.

En esta etapa final, el Gobierno de López, que fue pieza fundamental en la gestión de la 'vía Nanclares' con presos críticos de ETA, ha puesto el acento en el desarrollo de una política de convivencia, en la que ha perdido el apoyo de algunas entidades como el Colectivo de Víctimas del País Vasco, Covite.