«Siempre existía la sospecha de que se favorecía a los afiliados al PSOE»

La salida a la luz de un supuesto informe interno de la Junta en el que se clasifica a altos funcionarios afiliados al PSOE con vistas a posibles ascensos en los departamentos provinciales de la Administración autonómica ha desatado una tormenta política, pero no ha hecho más que confirmar lo que era un secreto a voces entre los empleados públicos. «Siempre existía la sospecha de que se favorecía a los afines al partido», reconocía ayer un funcionario de carrera que recuerda que la Junta ya tiene un programa de gestión de personal, SIRHUS (sistema de información de recursos humanos), que recopila los datos actualizados de todos sus empleados, aunque solo a nivel profesional y sin entrar en detalles personales.

«La sorpresa ha sido relativa porque estamos curados de espanto y ese runrún siempre ha estado ahí, especialmente en algunas delegaciones con un carácter más político» advertía otra trabajadora que prefiere guardar el anonimato. Igualmente, un cargo intermedio de la Junta ponía el acento en que el enchufismo pueda impregnar ya a escalones intermedios. «Es público y notorio que en los puestos de libre designación, que llega hasta los jefes de servicio, se requiere cierta afinidad, pero lo chocante es que se haya bajado hasta el nivel de los jefes de departamento, que son funcionarios de carrera que acceden al cargo por un concurso de méritos».

Tras tener conocimiento de la existencia de esta relación de 172 nombres agrupados por las distintas delegaciones provinciales y organismos autonómicos en el que también figuran datos sobre bajas por enfermedad, jubilación, contrato y se señala a quién debe promocionarse, el sindicato CSIF movió ficha ayer presentando una denuncia ante la Inspección General de Servicios del Gobierno andaluz para que investigue el origen de este documento. Además, llevará el caso a la Fiscalía al considerar que este listado puede constituir un delito de vulneración del derecho a la protección de datos y una discriminación en la carrera administrativa de los trabajadores, tanto positiva como negativa, en función de la afiliación política al PSOE. «Estamos ante unos hechos muy graves porque, aunque había sospechas, ahora es cuando tenemos por primera vez la certeza de que en la Administración autonómica se hace promoción en base a si se es afín o no al partido que gobierna», afirmó el presidente del sindicato en la provincia, Joaquín Pérez.

Tormenta política

En el plano político, las reacciones continuaron ayer. La delegada en funciones del Gobierno andaluz en Málaga, Marta Rueda, alegó que «se trata de un documento interno, sin membretes, sin firmas, sin ningún sello y, por lo tanto, carente de validez, por lo que puede ser un documento hecho por cualquiera». En cualquier caso, sí que consideró «lógico y habitual en todas las instituciones que en las nuevas legislaturas se produzcan nombramientos, ceses, cambios y personal que se mantiene en sus funciones».

Unas explicaciones que no satisfacen al PP, que va a pedir la comparecencia de José Antonio Griñán en el Parlamento para que el propio presidente de la Junta «rinda cuentas ante este escándalo y aclare el porqué de esta actitud discriminatoria y sectaria», según avanzó ayer el parlamentario malagueño Víctor González, quien abundó en la «extrema gravedad que supone clasificar al personal en dos categorías: los de primera división donde estarían los afiliados al PSOE, y los de segunda, aquellos trabajadores sin afiliación política que, a buen seguro, se verán perjudicados por la desfachatez socialista». Igualmente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acusó a los dirigentes del PSOE de «confundir su partido con las instituciones donde gobiernan».