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MONTSE MARTÍN
Domingo, 8 de julio 2012, 03:36
El ligero pero esperanzador descenso de los embargos de viviendas registrado el año pasado en Málaga (un 2%) ha quedado reducido a un simple espejismo. Los impagos de hipotecas han vuelto a repuntar en el primer semestre de este año y lo ha hecho con cierta virulencia, reflejo de que la situación económica lejos de mejorar se encuentra sumida todavía en el largo túnel de la crisis.
De enero a junio pasado, y de lunes a viernes de cada semana, los juzgados de Málaga han recibido un total de 620 demandas de ejecuciones hipotecarias de entidades financieras, esto es un 12,2% más que en el primer semestre de 2011. En otras palabras, los bancos se quedan ya con seis viviendas cada día.
Las demandas de desahucios por impagos de alquileres también han crecido en los primeros seis meses del año (un 11,5%). En total, se ha dictado el desalojo de 625 inmuebles (viviendas y locales comerciales) en la capital, lo que da idea de las dificultades económicas que atraviesan familias y negocios para abonar las rentas.
Las demandas de ejecución hipotecaria terminan con la subasta de los inmuebles, «a la que, desde hace años, no suele acudir postores, por lo que en un 99% de los casos las viviendas se las acaban quedando los bancos», explica una secretaria judicial.
En Málaga, cada semana más de treinta familias se ven obligadas a dejar sus casas por orden judicial, bien porque el banco ha ejecutado la hipoteca, bien porque han sido desahuciadas por el impago del alquiler.
Los lanzamientos (desalojos) los realiza el Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC), dependiente del Juzgado Decano de la capital. Su agenda acumula una lista de espera de siete meses, según explica su secretaria Pilar Martín. Y es que a la falta de personal del SCAC se ha unido el incremento notable de los embargos desde que comenzó en 2008.
La comisión judicial que practica los desalojos está formada por un gestor y un funcionario del cuerpo auxiliar. Está presente también el procurador que representa al demandante (el banco o el arrendador del inmueble) y un cerrajero. «Para nosotros no es un plato de gusto tener echar a la gente de sus casas. Hay días que se pasa muy mal. Pero no tenemos otro remedio que hacerlo porque es nuestro trabajo», explica un funcionario del juzgado, que prefiere ocultar su identidad. «Últimamente nos ven como los malos de la película que vienen a quitarle la casa a la gente, incluso nos abuchean, cuando nosotros somos unos mandados», añade este empleado en referencia a las acciones de apoyo a los desahuciados que han protagonizado miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)y del 15 M.
La última acción de este movimiento ciudadano tuvo lugar en Ciudad Jardín el pasado viernes y consiguió el aplazamiento del desahucio de un familia que dejó de pagar la hipoteca al quedarse en el paro.
La PAH, que surgió en todo el país como respuesta al drama de miles de familias que pierden su vivienda, ha logrado en los dos últimos meses aplazar cuatro desahucios en Málaga.
Aunque su objetivo es conseguir la dación en pago, es decir, que con la entrega de la casa se salde la deuda con el banco, la organización también está movilizándose para forzar a las entidades financieras a negociar condiciones más asequibles para las familias y también opciones de quedarse en la vivienda en régimen de alquiler.
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