El ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández toca a Griñán

La jueza que investiga la corrupción en la Consejería de Empleo durante la década pasada ordenó en la mañana de ayer el ingreso en prisión sin fianza del extitular de este departamento Antonio Fernández, tras acusarle de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos continuada, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de ayudas públicas. Se trata del tercer encarcelado por la trama de los ERE. Mercedes Alaya considera que Fernández, junto a asesores externos y «otros superiores», ideó y preparó un sistema ilegal para «eludir ilícitamente los controles» de ayudas y prejubilaciones para beneficiar a «personas o entidades próximas» a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, «bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés».

La orden de ingreso en prisión del exconsejero ha supuesto un duro golpe para el Gobierno en funciones de José Antonio Griñán. Se trata del primer miembro de un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que es enviado a la cárcel, aunque de forma preventiva, en sus treinta años. Como se sabe, todos ellos gobernados por el PSOE. Fernández fue consejero de Empleo durante seis años (2004-2010). Griñán le relevó antes de conocerse el escándalo de las ayudas sociolaborales fraudulentas.

Pero la razón por la que la cárcel de Fernández 'toca' a Griñán es por lo que la jueza anuncia en el auto tras oír la declaración del exconsejero. Este apela en todo momento a los servicios jurídicos de la Junta para creer que estaba actuando en la legalidad. Alaya quiere investigar a estos servicios y a la Intervención General de Hacienda, para que se averigüe por qué no elevaron un informe de actuación después de los avisos de irregularidades a partir de 2005 y «si en dicha omisión pesó de alguna forma alguna orden o decisión política». Griñán siempre ha mantenido que no recibió dichos avisos como consejero de Economía y Hacienda porque no llevaban un informe de actuación, es decir, una advertencia de menoscabo de fondos públicos.

La Junta ha defendido que el sistema y la partida de los ERE es legal y que el fraude proviene de un mal uso del procedimiento y de los fondos. La magistrada rebate que la Administración no puede «autonormarse verbalmente», en contra de las disposiciones legales conforme a un procedimiento solamente conocido por ella misma. «La política no puede ir contra la Ley y el Derecho», sentencia.

La magistrada rubricó la orden del ingreso en prisión pasadas las 7.30 de la mañana en un auto de 78 páginas y después de mantener al acusado, a una cuarentena de abogados y periodistas en vigilia toda la noche. Alaya sufrió un vahído a primera hora de la madrugada, pero no desistió y siguió dictando el escrito. El interrogatorio de 36 horas a lo largo de cuatro días y la vigilia mencionada pasarán a la historia de los tribunales de Sevilla.

Fernández entró en el furgón de la Guardia Civil sin esposar y conducido a la cárcel de Morón de la Frontera, donde ya está su exsubordinado, Javier Guerrero, con el que no podrá hablar según la orden de la jueza. El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, relató que su defendido recibió con entereza y ánimo la orden. Fernández ha mantenido en todo momento su inocencia y dijo ir a la cárcel con la conciencia tranquila.

El ingreso en prisión fue pedido por la fiscalía, los abogados del PP y de Manos Limpias, que también reclamaron una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros. El letrado de la Junta, que también es acusación particular, solicitó la asistencia semanal al juzgado, la retirada del pasaporte y una fianza de 68 millones de euros como medida cautelar. La magistrada argumentó riesgo de fuga por la gravedad de los hechos imputados, algunos con hasta 18 años de cárcel, y porque atribuye al acusado solvencia económica suficiente para largarse con su familia.

En la Junta daban por hecho que la jueza mantendría las imputaciones a Fernández, pero causó sorpresa su orden de prisión. La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, se limitó ayer a manifestar la «pesadumbre» con la que sus antiguos compañeros han recibido la noticia. Moreno le deseó suerte en su defensa y elogió su trabajo en la gestión de conflictos laborales.

Un caso del pasado

Pero el rictus de la consejera era de evidente contrariedad. La cárcel de Fernández sucede en plena negociación del PSOE con IU sobre el futuro gobierno. Las bases tenían que votar en la tarde si avalaban una coalición o un acuerdo de legislatura. «Todo el mundo sabe que es un caso del pasado. No afecta al gobierno saliente y mucho menos al futuro gobierno», declaró Moreno para exorcizar malos augurios sobre el plebiscito de la tarde.

La jueza no tiene tan claro que con respecto a Griñán se trate de un caso del pasado. El interrogatorio a Fernández estuvo lleno de preguntas por la jueza, los fiscales y la abogada del PP sobre la participación de Griñán en su etapa de consejero de Economía y Hacienda en la tramitación de las ayudas.