Estepona paga intereses durante 15 años por un aval a la Junta que ambos olvidaron cancelar

Los cajones de los despachos del Ayuntamiento de Estepona se han convertido en una fuente inagotable de sorpresas. Muchas de ellas explican por qué la institución municipal se encuentra en una situación cercana a la bancarrota.

El pasado 15 de febrero, el alcalde, José María García Urbano, comunicó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que debía cancelar un aval constituido en el BBVA por el Ayuntamiento de Estepona por un total de 403.038 euros como fianza para garantizar ante la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) unas obras que se realizarían en el recinto portuario de la localidad. Lo llamativo es que esta garantía se constituyó en el mes de febrero de 1997, y desde entonces ha estado obligando al Ayuntamiento a asumir unos gastos por comisión de riesgo por 1.612 euros al trimestre.

En total, el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar, por olvido o negligencia de quienes deberían haber cancelado la operación, más de 96.000 euros. Para peor, no existe constancia en los registros municipales de que las obras que motivaron la constitución del aval se hayan realizado.

La historia se remonta a febrero de 1997, cuando el Ayuntamiento de Estepona constituyó -en concepto de fianza provisional- un aval bancario de 67 millones de pesetas (equivalentes a 403.000 euros) con el entonces Banco de Crédito Local, entidad que ahora pertenece al BBVA, como garantía ante la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. La operación estaba relacionada con las responsabilidades que se pudieran derivar por la tramitación de la concesión administrativa para la construcción y explotación de una dársena para embarcaciones deportivas y yates en el puerto. El aval se cerró con una comisión de formalización por el equivalente a 3.022 euros y una comisión de riesgo de 1.612,15 euros al trimestre.

En el documento de constitución, firmado el 20 de febrero de 2007, consta que el aval tendría validez en tanto la EPPA no autorizara por escrito su cancelación, trámite que la entidad dependiente de la Junta de Andalucía nunca realizó ante el banco. La operación bancaria pasó al olvido mientras puntualmente devengaba gastos con cargo a las arcas municipales.

Durante los 15 años transcurridos desde entonces, en el Ayuntamiento nadie se percató de la existencia de est aval, por lo que se han venido pagando las citadas cantidades hasta el pasado 15 de febrero, cuando el alcalde, al tomar conocimiento de la situación, solicitó la cancelación.