La policía y la Guardia Civil ya habían alertado de los fallos de seguridad de la nave

«Era la crónica de un suceso anunciado». Con esas palabras se expresaba ayer un agente que, como la mayoría de sus compañeros, sabía las medidas de seguridad que se aplicaban en el depósito de Sanidad Exterior, donde se almacenaban toneladas de droga intervenidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en operaciones contra el narcotráfico.

No en vano, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional habían alertado en reiteradas ocasiones a nivel interno de los fallos que presentaba el sistema. Incluso, según las fuentes consultadas, algunos agentes habían mostrado su temor ante la posibilidad de que pudiese producirse un asalto. Y el tiempo les ha dado la razón.

Para apuntar las posibles deficiencias, antes hay que explicar cómo se controlaba la nave. La Subdelegación del Gobierno, que tiene las competencias del inmueble, había encomendado la seguridad a una empresa privada. Hasta el pasado fin de semana -se ha reforzado tras el robo- el depósito solo contaba con la presencia de un vigilante en horario de 7.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes. Según el protocolo establecido, al finalizar su servicio, este empleado guarda la llave de la nave en un sobre lacrado y lo entrega en el cuartel de la Guardia Civil del puerto para su custodia.

El resto del tiempo, las instalaciones, que almacenan una mercancía sensible a nivel judicial y cuyo valor alcanzaría cifras millonarias en el mercado negro, solo disponen de un sistema de videovigilancia. La encargada de controlar estas cámaras es la empresa de seguridad contratada. No obstante, existe desde hace años un acuerdo de colaboración con la Guardia Civil por el cual supervisan las imágenes captadas por las cámaras en tiempo real mediante un monitor instalado en el cuartel del puerto.

El problema radica en que la señal que llega a la pantalla de la Benemérita procede de la central de alarmas de la empresa de seguridad, y no desde el edificio del depósito, que está a muy pocos metros de distancia. La imagen, critican las fuentes, suele dar fallos continuamente, por lo que los agentes se ven obligados a reiniciar varias veces el sistema y, con frecuencia, avisar a los técnicos de la compañía para que lo reparasen. Ante esta situación, se había solicitado en varias ocasiones a la Subdelegación que instalara una nueva línea que enviara una señal más nítida al monitor del puesto.

El sistema cuenta con otros dos niveles de seguridad. La nave está controlada por sensores de movimiento en la entrada principal, el interior y la cámara acorazada. Tanto la empresa de seguridad como la Guardia Civil controlan estos dispositivos mediante unas señales luminosas que, al encenderse, indican el lugar donde se ha detectado un posible intruso. Por último, las instalaciones tienen una alarma acústica que se acciona en caso de producirse un allanamiento.

Las fuentes consultadas explicaron que el pasado fin de semana solo se detectó una incidencia en uno de estos tres niveles. El monitor instalado en el cuartel donde se visualizan las imágenes dio un fallo durante la madrugada del sábado. Como de costumbre, los agentes resetearon el sistema, pero no recuperaron la señal, algo que, al parecer, también solía ocurrir.

Sin embargo, ni los sensores de movimiento ni la alarma acústica se activaron esa noche. En una ronda de vigilancia por el recinto portuario, una patrulla de la Benemérita, que no dispone de llaves para entrar en la nave, dio una vuelta por los alrededores del depósito y no detectó anomalía alguna. Todo parece indicar que los ladrones ya estaba dentro con el vehículo que emplearon para cargar la mercancía.

Críticas

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que pidieron explicaciones a la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, manifestaron que el caso siembra «dudas» sobre si las medidas de seguridad eran las adecuadas.

El secretario general del SUP en Andalucía, Manuel Expósito, afirmó que el suceso es «tremendamente grave», ya que afecta a la seguridad ciudadana, los procesos judiciales y la imagen de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, considera que la Subdelegación debe informar cuanto antes de la cantidad y el tipo de droga sustraída.

Expósito, que compareció en nombre de la AUGC porque, según explicó, la presencia de sus representantes en el acto hubiera supuesto la apertura de un expediente disciplinario, manifestó que no entiende cómo un depósito de estas características puede permanecer en una zona céntrica de la capital.

También recordó que ambas organizaciones denunciaron hace tiempo la saturación del depósito, cuyas medidas de seguridad también desaprueban, y reclamaron que se agilicen los trámites para la destrucción de la droga para que las comisarías y los cuarteles no se conviertan en centros de almacenamiento.