Vélez retoma el expediente para declarar zona acústica saturada el entorno de El Copo

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Vélez ha retomado esta semana el expediente para declarar zona acústica saturada el entorno de El Copo de Torre del Mar. El objetivo es no posibilitar la concesión de nuevas licencias de aperturas de establecimientos que vengan a agravar los problemas de ruidos que ya padece esta zona.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento fue condenado en 2008 por el Tribunal Supremo a indemnizar con 2,8 millones de euros a 18 vecinos de esta zona a causa de la contaminación acústica producida por los establecimientos de ocio del entorno.

Aunque el inicio del expediente fue acordado por el anterior gobierno municipal (PSOE, IU y Grupo Independiente) en febrero pasado, el mismo sigue pendiente de los informes técnicos y jurídicos necesarios para aprobar la declaración de El Copo y calle Levante como espacios acústicamente saturados, de ahí que el nuevo ejecutivo municipal haya retomado el expediente con el fin de zanjar de una vez por todas la cuestión. Paralelamente, el Consistorio acordó en marzo iniciar una modificación de elementos del PGOU con el objetivo de prohibir las discotecas en las zonas del municipio declaradas acústicamente saturadas.

Según la edil de Urbanismo, Concha Labao (PP), el asunto ha sido retomado por la Gerencia al solicitar el propietario de un local existente en los bajos de los edificios Ipanema licencia de apertura para un establecimiento con música, algo a lo que han mostrado su rechazo de manera frontal los dueños de los pisos.

Comisión de investigación

El pasado mes de agosto, el pleno de la corporación aprobaba, con los votos a favor de todos los grupos (PP, IU, GIPMTM, y PA), menos el PSOE, la creación de una comisión informativa especial de investigación en la que estarán representadas todas las formaciones políticas, «para determinar los responsables del daño causado a las arcas municipales» por la sentencia de ruidos de El Copo, pionera en España. Hasta el momento el Consistorio ha abonado a los vecinos 2,1 millones, aunque los afectados ahora reclaman 3,6 millones de euros más.

La intención del nuevo gobierno municipal es investigar este asunto para saber si hubo dejación de funciones por parte de los responsables políticos que por entonces gobernaban el Ayuntamiento y, si así se constatara, «proceder a incoar el procedimiento previsto por la ley para depurar las responsabilidades patrimoniales pertinentes», declaró durante la sesión plenaria el alcalde, Francisco Delgado. No es la primera vez que el PP se ha mostrado partidario de exigir responsabilidades a quienes no actuaron contra los ruidos.