Multas de hasta 750 euros por hacer 'botellón' en zonas no autorizadas

Una de las novedades que presenta la organización de la Feria de Málaga este año es la aplicación, por vez primera, de una ordenanza que regula específicamente diversas cuestiones de la fiesta. Prevé desde sanciones leves que pueden alcanzar los 750 euros hasta multas de entre 1.500 y 3.000 euros, incluida la pérdida del derecho al uso de la caseta. La ordenanza contempla aspectos muy variados que van desde la prohibición de hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, hasta el acceso libre y gratuito a las casetas, la vestimenta adecuada de los caballistas (que no podrán ir con pantalón corto o vaquero ni con el torso desnudo) y las concentraciones de personas para el consumo de bebidas alcohólicas, es decir, el 'botellón'.

Sobre esta última cuestión, la norma remite a lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Urbano, en la que se señala que está prohibido el consumo de alcohol por parte de grupos de personas en espacios públicos salvo que para ello se habiliten unas zonas expresamente destinadas a ello por parte del Ayuntamiento. En ese sentido, en la ordenanza de la feria se señala que el alcalde puede autorizar mediante una resolución las zonas para las actividades de ocio.

Traspasos ilegales

Las peñas confían en que la nueva ordenanza sobre la feria ponga freno a una de las cuestiones que más han denunciado en los últimos años: el tráfico de las concesiones de casetas, que han creado un mercado negro en el que han llegado a pagarse hasta 12.000 euros por un traspaso. «La ordenanza tiene que aplicarse y debe servir para poner las cosas en su sitio», apunta el presidente de la Federación de Peñas, Jesús González. En ese sentido, la nueva normativa, que está en vigor desde el 14 de junio, es clara: «Se prohibe terminantemente el traspaso a terceros de los derechos reconocidos al adjudicatario, bien sea en régimen de cesión gratuita o con carácter oneroso, la permuta de casetas entre adjudicatarios, así como la utilización de una misma caseta por dos o más entidades sin contar previamente con la autorización expresa del Ayuntamiento».