La sobrecarga de trabajo y unas instalaciones desfasadas lastran los juzgados de la Costa

Estanterías desvencijadas y repletas de carpetas que tapan incluso las ventanas, expedientes apilados en sillas y en el suelo, ordenadores obsoletos, fallos informáticos casi a la orden del día, hasta siete mesas de trabajo en habitaciones de poco más de 20 metros cuadrados... La imagen de modernidad que pretende transmitir la Administración de Justicia se cae de un plumazo en cuanto se pisan buena parte de los juzgados de la provincia, en los que por si fuera poco lastre la sobrecarga de trabajo (solo el año pasado se presentaron medio millón de demandas y denuncias) y la generalizada falta de personal se añaden unas instalaciones e infraestructuras vetustas que no se acercan ni de lejos a las que se le presuponen a los órganos encargados de impartir justicia.

Cierto es que la situación ha mejorado en los últimos años con la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia o las nuevas sedes en Vélez, Antequera, Ronda y Coín, pero bien distinto es el día a día en los partidos judiciales de la Costa occidental, precisamente los que registran un mayor volumen de trabajo por su dinamismo económico y poblacional.

Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Estepona son los patitos feos de la justicia en Málaga, con las togas dispersas en distintas sedes, en unos inmuebles con los achaques propios tras décadas de servicio, con un serio problema de falta de espacio y unos medios técnicos que fallan reiteradamente, además del calvario que supone aparcar para el personal y los usuarios. «Los juzgados de la Costa son los que presentan un peor estado. Los edificios son antiguos y no están acondicionados para su uso, ya que la mayoría fueron concebidos para viviendas», denuncia el portavoz del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), Adriano Moreno, quien reclama a la Junta un mayor esfuerzo en la actualización de los equipos técnicos. «Las averías son continuas. Cinco años en informática es una barbaridad», apunta.

La tercera pata es la seguridad, reducida prácticamente a un arco detector de metales y a una pareja de guardias civiles en la puerta. Nada que ver con el sistema de vigilancia de la Ciudad de la Justicia en la que para acceder a determinados puntos es necesario pasar una tarjeta.

Malestar unánime

Funcionarios, usuarios y jueces no pueden estar equivocados. En una de sus últimas comparecencias como presidente de la Audiencia Provincial antes de confirmar su marcha al Tribunal Supremo, Francisco Javier Arroyo Fiestas fue tajante al denunciar que los juzgados de la Costa ofrecen una imagen «más propia del Tercer Mundo que de un país de la Unión Europea». Quien ocupa su puesto de forma provisional, Antonio Alcalá, también advierte de que los órganos de la provincia, y especialmente los del litoral occidental, «están cogidos con alfileres en medios humanos y materiales, por lo que ante cualquier incidencia surge el caos». «Pese al esfuerzo del sistema en infraestructuras, el trepidante aumento poblacional siempre nos hace ir por detrás y acabamos desbordados», reconoce.

En cuanto a las instalaciones, el principal handicap para el magistrado más veterano de Málaga es la diseminación de las distintas oficinas. «Es un desastre que no estén centralizadas porque lastra la operatividad, además de resultar muy caro porque casi todas son alquiladas», recalca.

Por el número y la complejidad de los procedimientos, Marbella es la plaza en la que más urge la construcción de un palacio de justicia que acabe con las estrecheces. Los tribunales están distribuidos en tres sedes con la dificultad añadida de la falta de aparcamientos en el entorno. Aunque todas presentan deficiencias, la peor parte se la lleva la de la avenida Mayorazgo, a la que algunos comparan como el «inframundo». «El edificio de lo Penal está en un estado lamentable, con seis o siete habitaciones por juzgado, problemas de aire acondicionado y escaso de mantenimiento», reitera Adriano Moreno. Además, la seguridad ya ha quedado en entredicho en varias ocasiones, como el asalto al despacho de la Fiscalía del pasado mes de marzo.

Fuengirola, casi de broma

En Fuengirola, el personal y los ciudadanos que acuden a la sede central de la calle Párroco Jiménez Higuero se han acostumbrado a convivir en pocos metros cuadrados y con el olor a cañerías que procede del sótano (en 2008 denunciaron la presencia de ratas y cucarachas), aunque al menos este verano sí que funciona el aire acondicionado. En las otras dos oficinas se han dado este mes situaciones curiosas: la puesta en marcha de un juzgado sin juez ni secretario y magistrados sin sala de vistas por un fallo técnico.

El tercer partido judicial de segunda categoría (juzgados servidos por magistrados mientras que los de tercera lo son por jueces) es el de Torremolinos, cuyas dependencias se encuentran dispersas en tres edificios arrendados en la céntrica avenida Palma de Mallorca. Al margen de esa disfunción y de la falta de espacio, el gran lastre son los servidores informáticos, que han traído en jaque durante meses a los funcionarios al no poder registrar los asuntos ni consultar la base de datos de los antecedentes penales de los detenidos.

Bajando un escalón en el organigrama judicial, Estepona es el mejor ejemplo de que el número de juzgados no ha crecido al mismo ritmo que la población. Pese a tener sólo cinco tribunales mixtos (civil y penal), están dispersos en tres direcciones y, literalmente, no dan abasto.