El Defensor del Pueblo recomienda cerrar el CIE

El Defensor del Pueblo, en su tarea como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha emitido un primer informe de su actividad en el que se pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras y Málaga porque «no reúnen las condiciones mínimas» para el desempeño de su actividad.

Ésta es una de las recomendaciones elevadas por el MNP tras realizar más de 300 visitas preventivas y sin previo aviso, en las que se incluyen centros de detención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cárceles, centros para menores infractores, salas de retención en puestos fronterizos y seis de los nueve centros de internamiento para extranjeros, los que tienen mayor índice de ocupación. El informe destaca la situación del CIE de Algeciras, que «no reúne las condiciones mínimamente adecuadas, por lo que debería procederse a su cierre inmediato y a la habilitación de nuevas instalaciones». En cuanto al de Málaga, «no se ajusta a los parámetros exigibles a un centro de su naturaleza», tiene «graves problemas estructurales» y «debe ser cerrado y sustituirse por uno de nueva construcción». Asimismo, denuncia el «deficiente saneamiento» del CIE de Valencia.

Investigar las denuncias

En general, el MNP llama la atención sobre «la marcada impronta penitenciaria» de estos centros y la «acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos y del mantenimiento de sus derechos no afectados por la privación de libertad deambulatoria», un «problema» que a su juicio está en la legislación.

También reclama que se investiguen «hasta el final» las denuncias por tortura o tratos lesivos y pide que se adopten «medidas legislativas para evitar que ninguna persona, independientemente de su situación, pueda ver mermado su derecho a que sus denuncias sean investigadas y adecuadamente resueltas por un juez».

«El caso más paradigmático es el de los extranjeros que van a ser repatriados a su lugar de origen, donde, con demasiada frecuencia, cualquier investigación por malos tratos se acaba suspendiendo, favoreciéndose así la impunidad», explica el informe.