El pinchazo de las renovables deja en la estacada a dos mil inversores en Málaga

El dorado de las energías renovables ha seducido en los últimos años a cientos de ahorradores y empresarios, atraídos por la posibilidad de obtener unos beneficios con terrenos casi improductivos para la agricultura. Pero también a instituciones, ayuntamientos y empresas, que se embarcaron en la instalación de placas fotovoltaicas para obtener un rendimiento de las cubiertas de edificios como facultades, colegios y naves industriales.

La burbuja energética se ha desinflado, pinchada por un cambio normativo por parte del Ministerio de Industria, que ha recortado de forma retroactiva en un 30% las primas a la producción eléctrica solar. Y el estallido amenaza con dejar en la estacada a unas 115 empresas y a más de 2.000 inversores en Málaga, según los datos recabados de la patronal de las energías renovables de Andalucía (Aprean); la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA); la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF); la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y los colectivos agrarios. Entre los afectados en la provincia hay desde sociedades hasta particulares que habían invertido en huertos solares como valor refugio frente a las caídas del precio y de la venta de viviendas y la inestabilidad de la Bolsa.

El problema, según indica Mariano Barroso, presidente de Aprean, es que la apuesta por la energía fotovoltaica ha despertado una demanda que ha superado todas las previsiones del Gobierno, que se ha visto desbordado por los inversores hasta el punto de querer ponerles coto.

Andalucía, por ejemplo, ha producido desde 2007 un total de 719 megavatios de energía fotovoltaica, 319 más que los cálculos iniciales del Ejecutivo hasta el año 2013. Solo en el segundo semestre de 2010, la región ha vertido a la red eléctrica nacional 39 megavatios. Málaga, con un sector muy atomizado y compuesto por pequeñas plantas fotovoltaicas, supone el 6% de la industria andaluza de la energía solar eléctrica.

El viraje del Ministerio de Industria ha sabido a traición a los inversores, que firmaron contratos a 25 años por los que el Estado se comprometía a comprar esa energía a un precio de 0,43 euros por kilovatio. Ahora, con una bajada del 30%, solo pagará 0,30 euros, aunque, para intentar compensar, alarga el contrato hasta los 30 años. Algo que sin embargo no alivia a los inversores, que se ven ahogados por los préstamos ya contraídos.

Además, reduce un 45% las subvenciones para las nuevas plantas de suelo, un 25% para las de techo y un 5% para las pequeñas, lo que según ASIF supondrá al Gobierno un ahorro de 607 millones de euros, pero también la defunción de la industria fotovoltaica española.

Agricultores arruinados

Muchos de los afectados son pequeños agricultores que vieron en la energía fotovoltaica una forma de dar el salto a la tecnología e instalaron huertos solares en sus terrenos. Unos emprendedores que ahora se sienten engañados, según cuenta el secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Juan Antonio García. «Esto es una vergüenza que probablemente llevará a la ruina a decenas de pequeños campesinos, además de que supone una crisis medioambiental porque dejará de apostarse por esta energía limpia», indica.

«Creemos que hay otras partidas en las que se pueden hacer recortes», dice, mientras recuerda que los inversores pidieron los préstamos bancarios con una previsión de beneficios que el Gobierno ha dinamitado. «Sin embargo, ellos tendrán que seguir pagando las letras igualmente sin ni siquiera cubrir la inversión inicial», denuncia.

A nivel nacional, APPA estima que más de 200.000 personas resultarán afectadas por los recortes a la industria fotovoltaica, de los que 60.000 son inversores pequeños y medianos, que viven una situación que la patronal califica de «insostenible». Además, según las cifras de la Comisión Nacional de la Energía, de las 53.155 instalaciones afectadas, la mayoría corresponde a comunidades en las que la tecnología solar se ha convertido en un vector de crecimiento económico y empleo, como es el caso de Andalucía.

Descrédito internacional

Además, los empresarios critican el «descrédito nacional e internacional» que se está creando por el cambio continuo y desacorde con la UE de las normas regulatorias. «El Gobierno está cometiendo un grave error con esta medida que sembrará la duda en los inversores», añade Barroso.

La pérdida de las primas también provoca una paralización de las nuevas instalaciones. «¿Quién va a invertir en cualquier renovable a raíz de esta situación?», se pregunta el presidente de la patronal, a la vez que recuerda que en la provincia se realizó una apuesta de más de 300 millones de euros para levantar una industria energética solar que se vendió como el sector del futuro. El descenso de la demanda podría salpicar a importantes empresas de instalación e investigación de paneles solares que también tienen su sede en la provincia.

La pasada semana el Gobierno ratificó en el Congreso la reducción de retribuciones a la fotovoltaica, con el apoyo del PSOE, CIU y PNV, pese a que las asociaciones y los empresarios han intentado paralizar la nueva norma. Las consecuencias no se han hecho esperar: Bruselas ha censurado la decisión del Ministerio de Industria, criticando la «falta de estabilidad y previsibilidad».

Por su parte, un grupo de inversores internacionales ha presentado esta misma semana una demanda contra el Gobierno español ante un tribunal de arbitraje de Londres por el daño provocado por los cambios retroactivos introducidos en la legislación sobre energía solar, tras hacer una inversión de 2.875 millones en proyectos fotovoltaicos en España. La polémica está servida.