La disciplina vuelve al urbanismo

Es un largo y oscuro capítulo de la historia. La travesía de Marbella por un desierto en que el cemento surgió como setas sin más orden ni concierto que las directrices del equipo de gobierno regido por las siglas del GIL. Haciendo oídos sordos a la legalidad, los edificios crecieron durante años sobre parcelas destinadas a equipamientos o zonas verdes merced a convenios oscuros y a licencias que no reflejaban la realidad. La pregunta es, ¿dónde estuvieron los inspectores de disciplina urbanística en todos estos años, si es que funcionó como tal durante esa larga y dañina década? Su función la asumieron algunos partidos políticos, colectivos como Ecologistas en Acción o los propios vecinos, que acudieron al juzgado a denunciar las tropelías con las que se desayunaban cada mañana. Una responsabilidad que vuelve a estar en las manos de donde no debió salir: las del Ayuntamiento.

Primero con la comisión gestora, a la que no le tembló el pulso para precintar las obras irregulares que aún estaban en curso, después con el equipo de gobierno del PP, que reforzó el área, el departamento de disciplina de la Delegación Municipal de Urbanismo ha protagonizado su particular resurrección. Nuevos medios técnicos y nueva organización para que los infractores no se vayan de rositas. «En urbanismo ya no vale todo», apunta sin rodeos el concejal responsable del área, Pablo Moro, por si a alguien le quedaba alguna duda de que la permisividad ya no está en el vocabulario del Ayuntamiento.

Aunque a los responsables municipales les gusta hablar más de una labor preventiva que coercitiva, lo cierto es que los inspectores siguen encontrándose con algunas vulneraciones de la normativa, aunque de menor calado que los flagrantes casos del gilismo. La mayoría obedecen a reformas o ampliaciones sin autorización o a que se exceden los márgenes de la licencia. Y es aquí donde entra en escena el último paso que confirma que las tornas han cambiado. El equipo de gobierno ha aprobado la creación de un registro de actas de inspección urbanística, ajustado a la Ley de Andaluza de Ordenación Urbanística (LOUA), y que entrará en funcionamiento antes de que acabe el año, una vez cumpla toda la tramitación. «Aunque ya se estaban archivando, ahora se hará de una forma oficial, para que haya una mayor transparencia y control», explicó el responsable de la Delegación Municipal de Urbanismo. Según recoge el acuerdo de la junta de gobierno del pasado 18 de enero, en el que se dio luz verde también al reglamento regulador, la necesidad de crear el registro se basa en la «valiosa» función probatoria que tienen las actas como documento público. Eso sí, desde el Ayuntamiento advierten de que para acceder a los documentos habrá que justificar el interés de la consulta.

La pretensión del equipo de gobierno es que, gracias a la labor didáctica que realizan los seis inspectores adscritos al departamento, los expedientes incoados sigan yendo a menos. Es la tendencia que reflejan los últimos datos. De 2009 al inicio de 2010 se pasó de una media semanal de 18 obras detectadas que infringían los permisos o que, las menos, carecían de ellos, a 14 a la semana. El parón de la construcción tiene algo que ver. La conciencia de que la impunidad pasó a la historia, también.