La Educación Especial, aún en pañales

La realidad de las escuelas malagueñas es cada vez más compleja. En el aula conviven estudiantes de múltiples culturas, con idiomas y religiones diferentes, situaciones sociales y familiares variadas y también capacidades dispares. El objetivo de los profesionales de la educación es conjugar esas desigualdades para que todos los niños tengan la oportunidad de aprender, con mayor atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

La educación para niños con alguna discapacidad ha avanzado mucho en los últimos 30 años. Actualmente, hay un millar de menores escolarizados en las distintas modalidades de Educación Especial, que van desde su integración en el aula ordinaria a centros especializados, pasando por la inclusión en el aula ordinaria con horas de apoyo, o su matriculación en un aula específica dentro de un colegio ordinario.

Lejos quedaron los tiempos en los que los niños con alguna discapacidad psíquica o física ni siquiera se escolarizaban. Pero todavía queda mucho para conseguir la inclusión real. Concha Navarta, responsable de Educación Especial de la Delegación provincial; Ana Cobos y Araceli Suárez, orientadoras; Paloma Bárbara, profesora de Pedagogía Terapéutica (PT); y Francisco Arjona y Eva Reduello, padres de la Plataforma de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGA) y Trastorno del Espectro Autista (TEA), debaten con SUR sobre la realidad de las discapacidades en la educación obligatoria.

Hace dos meses, saltaba la polémica. La Junta amenaza con dejar fuera del servicio de Atención Temprana (AT) a unos 400 niños con discapacidades físicas y psíquicas de la provincia. La AT -que la Delegación de Salud ofrecía a niños de hasta cinco años a través de convenios con asociaciones- permite a estos menores mejorar su calidad de vida a través de fisioterapia y logopedia que ofrecen más resultados en los más pequeños. Pero todo parece indicar que la Junta traspasará a Educación estas competencias a partir de los cuatro años para que, desde esa edad, sean atendidos en los centros escolares.

«El colegio no puede abarcarlo todo y nosotros no somos profesionales de salud, que es lo que ofrece la AT», señala Navarta. «Lo peor es la desinformación que sufren los padres, que no saben qué va a pasar con este asunto», señala Arjona. Y es que la Salud, después de presentar este recorte, dio marcha atrás el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la intención de modificar las competencias sigue adelante.

Algo que reclaman tanto los padres como los profesionales es que se incremente la presencia de los orientadores en las escuelas de Infantil y Primaria. Actualmente, solo los institutos tienen un profesional por centro, mientras que hasta cuatro colegios comparten un mismo orientador que muchas veces se ve desbordado para atender a los niños de los distintos centros. «Actualmente llegamos a todos los alumnos, pero sería mejor que el orientador estuviese fijo para resolver cualquier duda de los profesores, los padres y guiar la enseñanza de los niños», dice Ana Cobos, presidenta de la Asociación de Orientadores de Málaga.

Los orientadores son los que realizan el dictamen en el que establecen los recursos que debe tener el menor en el colegio. Muchos niños llegan diagnosticados a la educación obligatoria, pero en otros casos los problemas no se detectan hasta que entran en el aula. «Hay que pensar que hasta hace poco no atendíamos a los niños de segundo ciclo de Infantil y que todavía llevará un tiempo poner en marcha todo el engranaje», asegura Araceli Suárez.

Uno de los aspectos que más denuncian los padres de niños con discapacidades es la falta de personal. Las familias piden más profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y logopedas, ya que los profesionales en ocasiones tienen que llevar varios centros a la vez. Pero sobre todo reclaman más monitores. «Cuando los niños llegan con tres años, aún no tienen control de esfínteres o no tienen movilidad y necesitan un apoyo para tener autonomía y para el control de la conducta; en el aula ordinaria el profesor no puede atenderlos», indica Eva Reduello. Navarta asegura sin embargo que, si bien en el tema de la discapacidad todos los recursos son pocos, lo cierto es que aumentan cada año. «El curso pasado tuvimos 16 monitores más; todos los centros con aula específica cuentan con un monitor, al que se añade otro más si hay más casos, aunque el objetivo de la Junta es repartir los recursos para evitar centros especializados.

Pero a los padres no les salen las cuentas. «En mi colegio solo hay un monitor para 18 niños del aula específica y no le queda tiempo para atender al resto», señala Arjona. «A muchos padres les han llegado a decir que sus hijos no podían ir a una excursión porque no había monitor», dice Reduello, que se queja de que la integración de estos alumnos depende demasiado de la voluntad de los maestros. «Si tienes la suerte de dar con un buen profesional que se implique tienes todo ganado», dice.

Pero otras veces no es cuestión solo de voluntad, sino de capacidad. De ahí la importancia de fijar las ratios de NEE por cada aula. Actualmente, la ley marca hasta tres niños con necesidades educativas para un grupo de 25, aunque Navarta indica que Educación intenta siempre que no se llegue a esa cifra. Paloma Bárbara, profesora de PT, señala que también es necesario analizar qué tipos de discapacidades se dan, y que se delimite qué tipos de necesidades educativas pueden darse. «No es lo mismo que de estos tres niños uno tenga Trastorno Generalizado del Desarrollo a que sean los tres con una discapacidad», asegura. «De lo contrario, el tiempo que dedica el maestro a hacer de monitor, lo resta de docencia para toda la clase», continúa.

Otra cuestión es el paso a Secundaria de estos alumnos. Antes, su formación terminaba en el colegio, pero ahora tienen que ir al Instituto, donde también se han creado aulas especiales y los orientadores velan por su integración en el aula ordinaria cuando, además, la convivencia puede complicarse con las vicisitudes de la adolescencia.

Pero donde todos coinciden es en la importancia de pensar en el futuro laboral de estos jóvenes. «Yo no quiero que mi hija tenga una pensión de minusvalía, prefiero que trabaje y se gane la vida para ser independiente», dice Arjona. Para ello, se están creando Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) específicos para ellos. En Málaga existen una decena, con cinco o seis alumnos cada uno. Pero son insuficientes para toda la demanda.

«Somos conscientes de los limitados recursos de las administraciones para atender todas las necesidades de estos niños, pero también es hora de cambiar de mentalidad y de que las asociaciones colaboren con los centros educativos», señala Ana Cobos. Y pone como ejemplo a la ONCE o Down Andalucía, que adaptan los materiales para sus alumnos, participan en su formación y trazan un itinerario laboral para ellos. «Se trata de completar la labor de Educación y que todos colaboremos para ello», continúa. Un trabajo conjunto imprescindible para estos niños.