Torremolinos rompe con Portillo y busca nueva empresa de autobuses

La decisión del a empresa de transportes CTSA-Portillo de cerrar las instalaciones de atención al público y sala de espera de viajeros ubicadas junto a la terminal de autobuses de de Torremolinos (en la calle Hoyo) ha sido el detonante de la drástica medida que adoptó ayer el Ayuntamiento de la localidad: iniciar los trámites para resolver el contrato de concesión con la entidad que ha venido gestionando el servicio de autobuses urbanos en la ciudad durante los últimos 22 años y volver a sacar a concurso la explotación y gestión del transporte colectivo urbano. Una circunstancia que el equipo de gobierno pretende aprovechar para rediseñar las dos líneas actuales (Terminal-Aloha y Terminal-Playamar) para que cubran las nuevas zonas de expansión a la vez que para exigir a la nueva concesionaria algún tipo de implicación (aún por determinar) en el proyecto para construir una estación de autobuses en el entorno sur del Palacio de Congresos.

La medida fue adoptada ayer por la Junta de Gobierno Local con el objetivo de «regularizar la situación del transporte colectivo de viajeros, tanto urbano como interurbano, dada la situación actual creada por la empresa que presta el servicio». La moción se refiere al cierre «de 'motu propio', sin mediar comunicación y de manera irracional» de las dependencias anexas a la terminal, lo que obligará a los usuarios a esperar a los autobuses a la intemperie.

Silencio en la empresa

Para el equipo de gobierno, resulta «totalmente inapropiado» el local habilitado por la compañía en la acera de enfrente, primero por su tamaño bastante más reducido a pesar del aumento poblacional y, segundo, por el riesgo que conlleva para los usuarios «tener que cruzar la vía con más tráfico de Torremolinos sin protección para los peatones». En este punto, cabe reseñar que la empresa planteó que se pintara un paso de cebra para facilitar el flujo de viajeros. Este periódico contactó ayer con responsables de la compañía, aunque rehusaron hacer declaraciones a la espera de conocer con mayor detalle los motivos del equipo de gobierno para romper la vinculación contractual.

Una vez iniciado el expediente para rescindir el contrato, la mercantil tendrá diez días de plazo para presentar alegaciones y presentar la documentación que estime oportuno. A renglón seguido, en cuanto se resuelva definitivamente la concesión, el Ayuntamiento volverá a sacarla a licitación. Mientras se tramita todo este proceso administrativo, Ctsa-Portillo deberá seguir prestando el servicio hasta que le dé el relevo la nueva adjudicataria.