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MERCEDES PERIÁÑEZ
Miércoles, 12 de enero 2011, 02:47
Apenas diez minutos. Este fue el tiempo necesario para que el Ayuntamiento de Estepona y la concesionaria del servicio de transporte urbano, la empresa CTSA-Portillo, se dieran cuenta de que sus posturas estaban enfrentadas y que no había posibilidad de llegar a un acuerdo en sus planteamientos. Las partes mantuvieron ayer un breve encuentro que dejó patente que el conflicto por la prestación del servicio -que la empresa interrumpió a principios de este año- está encallado. La determinación de la empresa, que no da marcha atrás y se niega a retomar el servicio, ha hecho que el Consistorio avance en sus planes por rescindir le el contrato, que expira en 2013, por el «incumplimiento» del mismo.
De esta forma, el alcalde de Estepona, David Valadez, anunció ayer que en el próximo pleno de la Corporación, previsto para el día 21 de este mes, se abordará la aprobación del expediente para rescatar la concesión tras no llegar a ningún acuerdo con la empresa.
La cuestión económica es el principal punto de discordia. La mercantil reclama el pago de más de un millón de euros, según el alcalde, que asegura que el 90 por ciento de este débito corresponde a un preacuerdo sobre una ampliación del servicio que no llegó a aprobarse por el pleno de la Corporación. «No se puede reconocer (la deuda) solo por esto, pero además existe una sentencia judicial que avala las tesis municipales», añadió el primer edil, que aseguró que «no hay nada más que negociar» con la concesionaria mientras mantenga ese planteamiento. «Por mucho que falten cinco meses para las elecciones, el Ayuntamiento no va a permitir las actitudes chulescas y no se va a bajar los pantalones ante el chantaje al que pretenden someternos», agregó el alcalde.
La sentencia a la que se refirió el regidor se encuentra en fase de recurso. En ella, se señalaba que la reclamación de pago de facturas emitidas por la concesionaria para el cobro de unas subvenciones «no son ajustadas a derecho».
Pliego de condiciones
Los esfuerzos del Consistorio se centran ahora en la elaboración de un pliego de condiciones para dejar el servicio en manos de otra empresa por un periodo de un año. «Una vez que se apruebe en pleno el rescate de la concesión, se adjudicará a otra empresa, antes de que termine el mes», estimó Valadez.
En la actualidad, la mercantil local Autocares Ricardo presta el servicio de forma provisional, desde el pasado sábado. El alcalde firmó un día antes el decreto para la adjudicación urgente, mientras se intentaba un último acuerdo con la concesionaria. Según Valadez, se volverá a rubricar otro decreto para que esta empresa opere hasta que se produzca la contratación de la nueva adjudicataria. La labor durante estos días de Autocares Ricardo va a suponer un coste de menos de 18.000 euros. Una cantidad que el Consistorio pretende repercutir sobre la todavía concesionaria. De hecho, el Ayuntamiento ya ha trasladado los hechos a los servicios jurídicos municipales para el inicio de las acciones legales y las posibles sanciones.
Esta empresa está realizando el traslado de pasajeros en un microbús, que recorre la ruta entre la avenida Litoral y la de El Carmen. El servicio no tiene coste para los usuarios. Dejará de prestarse cuando se adjudique a otra mercantil especializada en el transporte de viajeros.
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