El conflicto de los funcionarios llega al Parlamento

El conflicto de los funcionarios centrará el Pleno del Parlamento en sus sesiones de hoy y mañana. La Cámara deberá convalidar o derogar hoy el decreto-ley de reordenación del sector público con las medidas adicionales acordadas con los sindicatos CC OO y UGT, es decir el nuevo decreto aprobado a finales de noviembre que viene a sustituir al tramitado en julio de forma urgente. El debate se prevé tenso, en tanto que PP e IU van a pedir la derogación del citado decreto que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios de la Junta de Andalucía con el Gobierno. En la misma sesión plenaria se vota tramitar el polémico texto como proyecto de ley.

Pero además, en la sesión de control de mañana, el portavoz de IU, Diego Valderas, preguntará a Griñán por la reestructuración del sector público andaluz. No será la primera vez que el tema sale a relucir en los debates en la Cámara, pero hasta ahora tanto Griñán como Arenas o el propio Valderas sólo han tocado el asunto para hacerse reproches.

El PSOE espera que en este debate, el PP se posicione sobre su proyecto de administración pública. «Por primera vez, el PP-A va a tener que expresarse acerca de cuál es su modelo de administración pública», ha manifestado Mario Jiménez, portavoz socialista, quien, además, cree que el PP también se debe pronunciar si es partidario de que se despida a los 26.000 trabajadores de las empresas públicas.

El PP no piensa responder a esto. Su baza está en pedir que se derogue el decreto al entender que no se ha respetado la negociación previa. El Constitucional tiene admitido a trámite el recurso del PP contra el primer texto de reforma del sector público. Los populares creen que es una puerta falsa para colar como funcionarios a los contratados de las empresas públicas, algo que niega la Junta. En las modificaciones se dice expresamente en la introducción al decreto.

Tanto PP como IU coinciden en que si el Gobierno andaluz quiere negociar y consensuar la reforma del sector público con los sindicatos y los partidos, lo que tiene que hacer es dar marcha atrás y derogar el decreto. De lo contrario, no ven voluntad en ello. «Afirmar rotundamente que no se va a derogar es que no hay ningún sentido del consenso», ha afirmado Rosario Soto, portavoz del PP.

Más conocimiento

La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, ha dejado claro que su grupo parlamentario no va votar la petición del PP e IU para acabar con el decreto. Moreno considera que el Ejecutivo ha cedido y ha rectificado dándole la oportunidad a la oposición de negociar sus aportaciones a la futura ley. «La tramitación como proyecto de ley del decreto es el reconocimiento de la Junta de que hace falta más transparencia en el debate», ha esgrimido en una entrevista con Efe. Moreno está convencida de que a medida que avance el debate, habrá «más claridad sobre lo que es y no es el decreto», así como sobre las propuestas del PP, que en su opinión «critica y rechaza el decreto pero no enseña su alternativa».

La reestructuración del sector público contempla la supresión de 111 empresas, y su integración en agencias empresariales con doble carácter, administrativo y privado, lo que obliga a la incorporación de funcionarios que den fe de su actividad. Los sindicatos de funcionarios rechazan este modelo administrativo, así como que se consideren empleados públicos a los contratados de las empresas.