Funcionarios: cobrar según trabajo

La iconografía del funcionario gira en torno a estereotipos que el paso de los años no solo no logra borrar sino que acentúa. Los recurrentes tópicos del 'Venga usted mañana', el absentismo, el enchufismo y la añorada estabilidad laboral en época de crisis chocan con los salarios ajustados y la errónea impresión del alto número de empleados públicos, pues España no está entre los primeros puestos de Europa en volumen de funcionarios: Suecia, Finlandia, Bélgica o Francia tienen más que España; Italia o Alemania están al mismo nivel y Reino Unido o Grecia tienen menos. Sobre estos y otros puntos debaten el presidente del sindicato CSIF en Málaga, Joaquín Pérez Muñoz; la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Málaga, Rosa Rodríguez; el decano del Colegio de Economistas, Juan Carlos Robles, y la presidenta del Colegio de Aparejadores, Leonor Muñoz Pastrana, que acude a este Encuentro en SUR como empleada pública en la Gerencia Municipal de Urbanismo. ESTABILIDAD LABORAL El despido público en el horizonte

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera puso en marcha un expediente de regulación de empleo para 550 trabajadores de su personal laboral. Por primera vez en la historia de la democracia, un consistorio planteó un ERE. Tema candente para abrir el debate. «Los despidos están abiertos, otra cosa es que los funcionarios no coticemos desempleo -afirma la representante sindical-. Solo nos pueden despedir por expediente disciplinario. El personal laboral sí cotiza desempleo. En la Administración General del Estado no hay despidos, ¿cómo va a haber despidos si la tasa de reposición la han dejado en un 10%?. En la administración local hay mucho despido. De la mala gestión de los ayuntamientos no tienen culpa los trabajadores, y el ERE de Jerez está paralizado porque las centrales sindicales no vamos a negociar ningún ERE en la administración pública». El presidente del CSIF es de idéntica opinión: «Cuando una administración plantea un ERE habría que pedir responsabilidades, no que el trabajador pague las consecuencias».

El decano del Colegio de Economistas difiere: «Enarbolar la defensa del empleado público no conduce a nada. Hay profesionales buenos y malos; a veces la responsabilidad es de la gestión y otras veces, no. Ayuntamientos como el de Marbella que experimentaron una explosión de trabajo, de movimiento, de una construcción brutal, requirieron mayor empleo para prestar un servicio público. Ahora que ya no necesita dar tanto servicio tendrá que despedir empleados. No se sostiene que el empleado público siempre es el bueno y que el malo es el jefe, el capitalista. El problema es si se presta un mal servicio y da exactamente igual. ¿Cuántos expedientes disciplinarios conocéis? Pocos. Entre otras cosas, porque el que tiene que llamarle al orden es otro funcionario. No existe el mismo nivel de exigencia en el sector público que en el privado. Todos somos iguales trabajemos donde trabajemos. Pero de ahí a decir que el empleado público siempre es el bueno. Entiendo que soy el único miembro del sector privado en esta mesa y que me corresponda a mí decirlo. Mi opinión es que el empleado público tiene que serlo por oposición, porque el sector público tiene que tener profesionalidad e independencia».

Joaquín Pérez acota: «La empresa privada gestiona su dinero. Y te despide porque con su dinero hace lo que quiere. Pero en la Administración, con el dinero de todos, caeríamos en un serio peligro si se despide por capricho. ¿Tú planteas un despido en el sector público más allá del expediente disciplinario?», pregunta a Juan Carlos Robles. Este responde: «Partimos de la base de que debe existir un sector público profesionalizado e independiente, y la única forma que conocemos todos es a través del Estatuto de la Función Pública, pero las administraciones son entidades que deben ser sostenibles y eficientes, y ahora tienen un exceso de personal y de estructura que la convierten en ineficientes, porque hay épocas de bonanza y épocas de crisis».

El representante del CSIF sentencia: «Pero si a un ayuntamiento como el de Jerez le sobran 500 trabajadores es porque ese crecimiento no ha sido sostenible, ha habido una mala gestión antes». Rosa Rodríguez interviene en la conversación: «La Administración cuando tuvo la necesidad del urbanismo o de la obra tendría un personal destinado a ese servicio, y ahora se puede destinar a otra función, como por ejemplo a los servicios sociales, pero el problema no debe ser el despido, sino la organización dentro de la Administración». DUPLICIDAD DE SERVICIOS Demanda de una mejor gestión

«¿El que se ha contratado tiene que quedarse para siempre?», ironiza Robles, pero no cede la sindicalista de CC OO: «¿Lo echamos y contratamos a otro para los servicios sociales? Vamos a aprovecharlo». Y el decano del Colegio de Economistas zanja: «Si lo echamos es porque no hay presupuesto para ese servicio». «Será mejor reciclarlo que echarlo», comenta Rodríguez, y finaliza Joaquín Pérez: «El sector público no está para generar empleo, está para dar un servicio, es un instrumento de la Administración».

Leonor Muñoz introduce otros aspectos: «Este es un momento especial de la historia. Pasamos por una crisis que no tiene parangón, y por eso extrapolamos situaciones. La Administración, en especial a lo que yo me dedico, viene de la vorágine que se ha vivido en los últimos años, ha tenido que crecer a la fuerza, porque era lo que se demandaba. El problema es cómo gestionar ese exceso. La empresa pública va a otro ritmo que la privada y no podemos aplicar las mismas medidas, porque en la Administración es importante seguir las garantías, y muchas veces no se entiende desde el sector privado el modo de funcionamiento de lo público. Vengo como trabajadora básica de la Administración, que antes estuvo mucho tiempo en la privada. A mí me choca la diferencia entre ambas empresas, y las dos están en la misma dinámica del país, con una bajada de ingresos, pero despedir no es la solución».

Rosa Rodríguez va a más allá en la disquisición: «Hay una diferencia. El objeto que tiene la empresa es económico, el beneficio; el objetivo de la Administración es el servicio público, dar la mayor calidad. La Administración tiene novios mercantiles, porque el médico tiene potencialmente 700.000 clientes en Málaga, y si ese servicio se diera desde el sector privado sería un enriquecimiento brutal. Gracias a Dios, la Administración no se basa solo en el interés económico, al revés, lo normal es que una Administración sea deficitaria, que no debería, pero su interés es dar el mejor servicio posible. Si empezamos con los recortes, y el salarial ha sido el primero, luego vendrán otros; ahora la tasa de reposición va en contra del empleo público y se deteriora la calidad».

Juan Carlos Robles no está nada de acuerdo: «Esa calidad en el servicio no está siendo percibida por la ciudadanía; entonces no está cumpliendo su objetivo. De acuerdo en que el objetivo del sector público no es ganar dinero, pero tampoco derrocharlo. Y la solución no es duplicar todas las plantillas para prestar mejores servicios».

Joaquín Pérez Muñoz introduce un detalle pegado a la actualidad: «La administración da servicios esenciales. Y en época de crisis hay mayor demanda de servicios públicos: más actividad judicial porque hay más pleitos; más demanda de sanidad porque hay quien no puede pagar la privada. Y desde luego no es el empleado público el que derrocha». Robles niega la mayor: «El problema no es el número de empleados públicos, sino la cantidad de dependencias que tenemos duplicadas y triplicadas: Estado central, autonómico, local, supramunicipal, mancomunidades... una hiperestructura radial. Este sistema no se puede sostener». SOBREDIMENSIÓN Adecuación de los recursos

Los datos son elocuentes. Andalucía no puede soportar el coste de tanto funcionario, se ha llegado a plantear. Es la comunidad con mayor población y la que cuenta con un mayor número de funcionarios. Sevilla y Cádiz tienen más empleados públicos que Málaga, a julio de 2009. En España, hay un funcionario por cada 17 habitantes, y uno de cada siete trabajadores con empleo está en nómina de alguna de las administraciones, aunque casi la mitad no tiene plaza en propiedad. El 43% del funcionariado son profesores y sanitarios, servicios universales y gratuitos.

El decano del Colegio de Economistas aborda este asunto: «Respecto a si está sobredimensionada la Administración en Málaga, creo que habrá sitios donde falte y otros donde sobre. Por ejemplo, el juzgado de lo Mercantil está colapsado y se necesitan dos nuevos juzgados de forma urgente y no se han hecho en 2010 ni se harán en 2011,, por lo que no se van a crear puestos de trabajo que son necesarios, y se van a perder otros en empresas que entran en un concurso que al ralentizarse todo el proceso arrastra a muchos de sus acreedores. Y, por el contrario, justo enfrente del Mercantil está el juzgado de violencia de género, dos juzgados, cuyos trabajadores están cruzados de brazos. Es importante, sí, pero es más políticamente correcto que existan dos juzgados de violencia de género cuando con uno podrían cubrir perfectamente el trabajo, y el Mercantil con un número de procedimientos brutal es imposible de gestionar».

Leonor Muñoz dice que lo que hace falta «es una buena adecuación. Yo estoy en una zona donde hay mucho trabajo». Para Joaquín Pérez, «asistimos a una adulteración de la administración pública. Se ha creado una administración paralela donde existe rigidez presupuestaria; para eludir esa rigidez se ha ido creando una administración paralela donde muchas veces los principios de igualdad, méritos y capacidad no se conocen. Ahora existe tal entramado de empresas mercantiles, sociedades, etc, que no conocemos el dato de empleados que dependen directa o indirectamente de los presupuestos del Estado, comunidad o ayuntamientos». NUEVA FÓRMULA El sueldo ligado a la productividad

El sueldo de los funcionarios unido a su productividad es una de las fórmulas propuestas por el Gobierno. Parece que hay unanimidad entre los contertulios. Detalla Juan Carlos Robles: «Vamos a garantizar el trabajo del funcionario, pero también a exigirle. Si a algún empleado público le parece mal que su retribución dependa de su rendimiento, quizás no esté seguro de que su rendimiento sea el adecuado a su capacidad. Si buscamos la calidad, a nadie le debería parecer mal que le paguen según su trabajo. Cuando además el problema de España es la productividad».

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO coincide: «No nos parece mal, esto está en la Ley del Estatuto Básico. Estaría encantada con tener unos objetivos, pero no se ha encontrado un sistema de evaluación adecuado. El servicio de limpieza es muy difícil de calibrar, mientras en la atención al público sí se puede hacer un cuestionario al ciudadano, pero un peón de obra cómo se calibra si hace bien su trabajo. Encontrar un sistema objetivo llevará tiempo. Con Chaves estamos de acuerdo porque lo que ha hecho es leer un artículo de la ley, y eso lo sabe hacer muy bien».

Leonor Muñoz ofrece su opinión como trabajadora de la administración: «Es una medida aplaudida por la mayoría de los trabajadores; estaríamos encantados, porque trabajar para este empresario llamado administración tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y uno de ellos es que no hay ningún incentivo para el que quiera esforzarse y ser eficaz en su trabajo. Y eso a lo mejor provoca caer en la desidia como trabajador».

La argumentación de Robles es: «En organismos públicos se están implantando sistemas de calidad y en la Gerencia de Urbanismo hace años que tenéis -dirigiéndose a Leonor- un modelo de calidad que estáis desarrollando. Si el sector privado tiene capacidad para encontrar baremos para cuantificar el servicio -la norma ISO lleva años funcionando y tiene sistemas de calidad medibles y cuantificables-, no veo que diferencia hay con el sector público».

Rosa Rodríguez añade: «La calidad del servicio, sí, lo que es difícil de cuantificar es la productividad del trabajador». Apunta Muñoz: «A nosotros por ejemplo se nos hace un seguimiento de indicadores, cuando entra el informe, cuánto tiempo tardas en contestarlo, etc». Según Joaquín Pérez, «la productividad está en el estatuto. Que una variable se mida en función de la productividad, no el sueldo del funcionario. Pero hay que aplicar criterios objetivos». POLÉMICA Reordenación del sector público andaluz

El punto de mayor discrepancia es el decreto ley que prepara la Junta sobre la reordenación del sector público. «¿Por qué se reordena el sector público andaluz? -se pregunta el representante del CSIF, sindicato muy crítico con el Gobierno-. Porque se ha adulterado. Se ha creado una administración paralela, con empresas públicas, fundaciones... No ha existido el control presupuestario, yo no recuerdo algún proceso de selección de personal. Y ahora la Junta pretende reordenar esto. No se trata de echar a todo el mundo a la calle, pero de ahí a integrar en agencias a todo el personal que ha ido accediendo a esta administración paralela... se va a desvirtuar la función pública».

Rosa Rodríguez difiere: «No van a entrar en la administración, van a entrar en la agencia». Y Leonor Muñoz pide información: «Yo no lo entiendo. En mi caso, soy personal laboral y he pasado por una oferta pública de empleo. El Ayuntamiento tiene sociedades, ese personal no puede entrar en la Gerencia de Urbanismo en la misma categoría laboral que yo».

La representante de Comisiones Obreras realiza la pertinente aclaración: «En Obras Públicas había dos agencias y se van a fusionar. Hay otras empresas que se van a fusionar pero no van a entrar en agencias, por ejemplo, la agencia pública del suelo se va a fusionar con una empresa que hay de infraestructuras que hace los colegios. Así se van a reducir empresas. La reestructuración es que, por ejemplo, en la Delegación de Agricultura y Pesca, DAP, una agencia pública S.A., están haciendo el trabajo de los funcionarios. Estas personas se van a integrar en la agencia de Agricultura, como empresas con su convenio, y luego tendrán que pasar por un proceso selectivo si quieren ser personal de la administración, si no como personal de la agencia a extinguir».

Robles pregunta: «¿De qué sirve entonces la reestructuración? Si van a quitar 111 empresas y no se va nadie a la calle.». Joaquín Pérez le contesta: «Con este decreto se va a dar cobertura legal a lo que se hacía de forma atípica. Y va dice la UGT que a partir de ahora el que quiera entrar, por oposición. Está reconociendo lo que se ha hecho hasta ahora... La postura del CSIF es que la Junta se ha sentado con dos sindicatos y ha dicho vamos a arreglar esto. ¿Los demás no tenemos nada que opinar? Los empleados públicos protestan en la calle. Se va a crear un desagravio porque el opositor va a tardar en formar parte de la administración pública».

Luego se produce un debate entre ambos que es idéntico al que mantienen Comisiones Obreras y CSIF respecto al decreto ley.

por lo que no se van a crear puestos de trabajo que son necesarios, y se van a perder otros en empresas que entran en un concurso que al ralentizarse todo el proceso arrastra a muchos de sus acreedores. Y, por el contrario, justo enfrente del Mercantil está el juzgado de violencia de género, dos juzgados, cuyos trabajadores están cruzados de brazos. Es importante, sí, pero es más políticamente correcto que existan dos juzgados de violencia de género cuando con uno podrían cubrir perfectamente el trabajo, y el Mercantil con un número de procedimientos brutal es imposible de gestionar».

Leonor Muñoz dice que lo que hace falta «es una buena adecuación. Yo estoy en una zona donde hay mucho trabajo». Para Joaquín Pérez, «asistimos a una adulteración de la Administración. Se ha creado una estructura paralela donde existe rigidez presupuestaria; para eludir esa rigidez se ha ido creando otra donde muchas veces los principios de igualdad, méritos y capacidad no se conocen. Ahora existe tal entramado de empresas mercantiles, sociedades, etc, que no conocemos el dato de empleados que dependen directa o indirectamente de los presupuestos del Estado, comunidad o ayuntamientos».

El sueldo de los funcionarios unido a su productividad es una de las fórmulas propuestas por el Gobierno. Parece que hay unanimidad entre los contertulios. Detalla Juan Carlos Robles: «Vamos a garantizar el trabajo del funcionario, pero también a exigirle. Si a algún empleado público le parece mal que su retribución dependa de su rendimiento, quizás no esté seguro de que su rendimiento sea el adecuado a su capacidad. Si buscamos la calidad, a nadie le debería parecer mal que le paguen según su trabajo. Cuando además el problema de España es la productividad».

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO coincide: «No nos parece mal, esto está en la Ley del Estatuto Básico. Estaría encantada con tener unos objetivos, pero no se ha encontrado un sistema de evaluación adecuado. El servicio de limpieza es muy difícil de calibrar, mientras en la atención al público sí se puede hacer un cuestionario al ciudadano, pero un peón de obra cómo se calibra si hace bien su trabajo. Encontrar un sistema objetivo llevará tiempo. Con Chaves estamos de acuerdo porque lo que ha hecho es leer un artículo de la ley, y eso lo sabe hacer muy bien».

Leonor Muñoz ofrece su opinión como trabajadora de la Administración: «Es una medida aplaudida por la mayoría de los trabajadores; estaríamos encantados, porque trabajar para este 'empresario' tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y uno de ellos es que no hay ningún incentivo para el que quiera esforzarse y ser eficaz en su trabajo. Y eso a lo mejor provoca caer en la desidia como trabajador».

La argumentación de Robles es: «En organismos públicos se están implantando sistemas de calidad y en la Gerencia de Urbanismo hace años que tenéis -dirigiéndose a Leonor- un modelo de calidad que estáis desarrollando. Si el sector privado tiene capacidad para encontrar baremos para cuantificar el servicio -la norma ISO lleva años funcionando y tiene sistemas de calidad medibles y cuantificables-, no veo qué diferencia hay con el sector público».

Rosa Rodríguez añade: «La calidad del servicio, sí, lo que es difícil de cuantificar es la productividad del trabajador». Apunta Muñoz: «A nosotros por ejemplo se nos hace un seguimiento de indicadores, cuándo entra el informe, cuánto tiempo tardas en contestarlo, etc». Según Joaquín Pérez, «la productividad está en el estatuto. Que una variable se mida en función de la productividad, no el sueldo del funcionario. Pero hay que aplicar criterios objetivos».

El punto de mayor discrepancia es el decreto ley que prepara la Junta sobre la reordenación del sector público. «¿Por qué se reordena el sector público andaluz? -se pregunta el representante del CSIF, sindicato muy crítico con el Gobierno-. Porque se ha adulterado. Se ha creado una Administración paralela, con empresas públicas, fundaciones... No ha existido el control presupuestario, yo no recuerdo algún proceso de selección de personal. Y ahora la Junta pretende reordenar esto. No se trata de echar a todo el mundo a la calle, pero de ahí a integrar en agencias a todo el personal que ha ido accediendo a esta administración paralela... se va a desvirtuar la función pública».

Rosa Rodríguez difiere: «No van a entrar en la Administración, van a entrar en la agencia». Y Leonor Muñoz pide información: «Yo no lo entiendo. En mi caso, soy personal laboral y he pasado por una oferta pública de empleo. El Ayuntamiento tiene sociedades, ese personal no puede entrar en la Gerencia de Urbanismo en la misma categoría laboral que yo».

La representante de Comisiones Obreras realiza la pertinente aclaración: «En Obras Públicas había dos agencias y se van a fusionar. Hay otras empresas que se van a fusionar pero no van a entrar en agencias, por ejemplo, la agencia pública del suelo se va a fusionar con una empresa que hay de infraestructuras que hace los colegios. Así se van a reducir empresas. La reestructuración es que, por ejemplo, en la Delegación de Agricultura y Pesca, DAP, una agencia pública S.A., están haciendo el trabajo de los funcionarios. Estas personas se van a integrar en la agencia de Agricultura, como empresas con su convenio, y luego tendrán que pasar por un proceso selectivo si quieren ser personal de la Administración, si no como personal de la agencia a extinguir».

Robles pregunta: «¿De qué sirve entonces la reestructuración? Si van a quitar 111 empresas y no se va nadie a la calle.». Joaquín Pérez le contesta: «Con este decreto se va a dar cobertura legal a lo que se hacía de forma atípica. Y va dice la UGT que a partir de ahora el que quiera entrar, por oposición. Está reconociendo lo que se ha hecho hasta ahora... La postura del CSIF es que la Junta se ha sentado con dos sindicatos y ha dicho vamos a arreglar esto. ¿Los demás no tenemos nada que opinar? Los empleados públicos protestan en la calle. Se va a crear un agravio porque el opositor va a tardar en formar parte de la Administración».

Luego se produce un debate entre ambos que es idéntico al que mantienen Comisiones Obreras y CSIF respecto al decreto ley.