Torremolinos rompe con la protectora y lleva los animales abandonados a una residencia

Casi tres semanas han tenido que pasar desde la detención de los máximos responsables de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales 'Parque Animal' por el supuesto sacrificio irregular de hasta 2.230 perros y gatos aplicándoles bajas dosis de medicamento letal para que el Ayuntamiento de Torremolinos dé explicaciones de las actuaciones llevadas a cabo al respecto. Aunque eso sí, a través de un comunicado. De este modo se conoció ayer que el alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), firmó el pasado día 19 un decreto por el que se suspendía de forma temporal la concesión a la protectora del servicio de recogida, transporte y albergue de los animales abandonados; un contrato que había sido renovado en septiembre por 26.940 euros.

Ésta fue la reacción 24 horas después de recibir un informe-denuncia del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el que se daba cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en el albergue, a pesar de que el propio regidor municipal había asegurado tres días antes que el Consistorio seguiría trabajando con Parque Animal, invocando a la presunción de inocencia de los tres imputados.

Además, el mismo día en que el Ayuntamiento encargó a la veterinaria municipal el control de los animales del centro (el pasado 23) también se abrió expediente sancionador al establecimiento y se adjudicó a través de un decreto de Alcaldía el servicio de recogida de animales a la residencia canina Paraíso, ubicada en Alhaurín de la Torre. De esta forma, entre el lunes y el martes de esta semana se ha procedido al traslado a las citadas instalaciones de todos los perros y gatos que permanecían en Parque Animal después de haber sido abandonados en la vía pública (en este grupo se excluyen las mascotas de los socios de la entidad). De momento, ni siquiera se pueden ver sin la autorización municipal.

«Llega tarde»

Con este comunicado de la Delegación de Medio Ambiente, el gobierno local pretende «aclarar ante la opinión pública algunas desinformaciones y rumores interesados mediante los cuales se ha pretendido vincular al Ayuntamiento con las supuestas irregularidades denunciadas por el Seprona».

Mientras tanto, en el PSOE siguen reclamando el acceso a todos los expedientes de contratación y subvenciones otorgadas a esta asociación, así como a las quejas ciudadanas registradas en los últimos años en torno a la gestión del albergue. Los socialistas afirmaron que el traslado de los animales «llega tarde» y tacharon de «sorprendente que el Ayuntamiento mantenga a la directora de Parque Animal como miembro del consejo escolar de un colegio público».

Los tres detenidos se encuentran en libertad con cargos. A la directora y fundadora del centro se le imputan los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional, falsedad documental, estafa y apropiación indebida; al encargado se le acusa de maltrato e intrusismo, el mismo delito que se le imputan al veterinario de la entidad y a otro profesional que no llegó a ser arrestado.