El precio del urbanismo en la Axarquía

El goteo de alcaldes condenados e imputados por presuntos delitos urbanísticos en la Axarquía preocupa cada vez más a los principales partidos políticos, PSOE y PP, que están viendo como son inhabilitados por conceder licencias de obras para viviendas residenciales en suelo no urbanizable. En los últimos tres años seis han sido las condenas dictadas en firme por los juzgados malagueños, tres de ellas contra ex alcaldes (Salares, Arenas y Cómpeta) y otras tres contra mandatarios elegidos en esta legislatura (Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno y La Viñuela). Las seis condenas suman 54 años de inhabilitación.

Algunos de estos alcaldes tienen además pendientes otros procedimientos que todavía no han sido resueltos, como es el caso del alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, condenado por la Audiencia Provincia a nueve años de inhabilitación después de haber sido absuelto. Además, al menos otros seis alcaldes y ex alcaldes y un número no determinado de concejales y ex concejales están siendo investigados o están inmersos en diversos procesos judiciales todavía no resueltos también por presuntos delitos urbanísticos relacionados con la ejecución de viviendas en el campo.

Este es el caso del ex regidor de Sayalonga, José Luis Navas, que renunció a la Alcaldía del municipio tras ser condenado por un juzgado, pero posteriormente la Audiencia de Málaga revisó la sentencia y decidió absolverle. Lo mismo sucede con el alcalde de Riogordo, Francisco Alarcón, al que la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por la comisión de un presunto delito de prevaricación urbanística por omisión.

En la misma situación están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández; el ex alcalde y actual portavoz del PSOE de Torrox, Francisco Muñoz, por la aprobación de cinco proyectos de actuación, o el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Marín Alba, imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capital, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.

Preocupación

La situación preocupa no sólo a los regidores y ediles, sino también a los dirigentes socialistas y populares, ya que consideran que se está pagando un alto precio. «Son buenos alcaldes que no podrán repetir como candidatos porque han sido condenados a inhabilitación», señala el secretario provincial de Organización del PP, Francisco Salado.

«Estos pueblos deben tener el mismo trato que ha recibido Marbella en cuanto a la legalización de las viviendas, pero al final están siendo los que están pagando el pato, cuando la Junta de Andalucía ha estado mirando hacia otro lado», dice Salado, cuyo partido está teniendo problemas para completar las listas y tener candidatos en algunos pueblos como Salares debido a lo sucedido con el ex regidor.

Aunque desde el PSOE nadie quiere hablar abiertamente sobre lo que está sucediendo con el urbanismo en la Axarquía, la preocupación se palpa en el ambiente, ya que está en juego es el gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.