La adaptación del PGOU se llevará este mes a pleno para su aprobación

El Ayuntamiento de Estepona está a la espera de recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía que le permita salvar el último escollo pendiente para poder volver a someter a la aprobación del pleno el documento de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las normas urbanísticas de la Junta, incluidas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según el alcalde de Estepona, David Valadez, queda el dictamen de Obras Públicas -previsto para la próxima semana- para poder incluir el asunto en el orden del día del próximo pleno ordinario, cuya fecha se ha modificado.

Estas sesiones ordinarias están previstas para el tercer viernes del mes (ayer), pero se cambió debido a la agenda de dos ediles del equipo de gobierno que tenían que asistir a una junta extraordinaria de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Tras este baile de fechas, se espera que el pleno de noviembre se celebre el lunes 29, según las estimaciones el primer edil, que todavía no lo ha convocado oficialmente.

La adaptación parcial es una medida provisional, previa y paralela a la revisión del PGOU (en el caso de Estepona se encuentra paralizado), que permite a los ayuntamientos efectuar modificaciones en su planeamiento -aunque con ciertos límites- e impulsar la promoción de viviendas de protección oficial.

Al respecto, Valadez consideró que la aprobación de este documento permitirá dotar de mayor seguridad jurídica al planeamiento al estar adaptado a las exigencias de la Administración andaluza.

Años de retraso

Lo cierto es que este trabajo acumula ya un retraso de casi dos años. En octubre de 2008 el alcalde, David Valadez, anunció la suspensión temporal de los trabajos de revisión del planeamiento que estaba llevando a cabo el estudio de arquitectos de Enrique Bardají al objeto de proceder, en cinco meses, a la adaptación del documento a la normativa de la Junta. Pero el plazo no se cumplió.

La elaboración del documento adaptado a la LOUA corre a cargo de técnicos municipales. Su redacción tampoco ha estado exenta de polémica. El Ayuntamiento de Estepona recibió una subvención de la Junta de Andalucía de 132.578 euros para financiar los trabajos. El asunto suscitó polémica entre la oposición. De hecho, el edil del PES, Manuel Reina, denunció el reparto de productividades entre los trabajadores que habían colaborado en estas funciones.

El edil argumentó que el informe donde se propuso la relación de empleados que habían trabajado en la elaboración de este documento para el correspondiente pago de productividades se realizó dos meses antes de que se estableciera el programa de evaluación del desarrollo del plan para adaptar el PGOU. Ahí es donde se fijaban los objetivos y el presupuesto a repartir entre los empleados que supuestamente había participado en los mismos.

Tampoco su exposición al público para recibir alegaciones tras la aprobación inicial del texto en pleno transcurrió sin incidentes. Todo lo contrario. El sindicato CSI-CSIF y la Asociación de Técnicos del Ayuntamiento de Estepona (ATAE) solicitaran en el Ayuntamiento la paralización inmediata del expediente al considerar que existían una serie de irregularidades y al entender que el documento estaba «incompleto». La Alcaldía tuvo que admitir los errores del documento que se ofreció a los ciudadanos y tuvo que volver a someterlo a exposición pública durante un nuevo periodo.