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CRISTINA GONZÁLEZ
Jueves, 18 de noviembre 2010, 02:32
«Este sí queríamos que se derribara». Ayer tan sólo habían pasado 24 horas desde la alcaldesa, Ángeles Muñoz, informara a los medios del dictamen con el que defenderá ante los tribunales que el Ayuntamiento no puede ejecutar 900 sentencias de demolición por la existencia de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regulariza las 5.000 viviendas afectadas. Un día de diferencia y, tras de la regidora marbellí, las máquinas estaban haciendo añicos un edificio de once plantas de Las Chapas que nunca fue más que una estructura.
¿Una contradicción? «Este caso no tiene nada que ver con el Plan General. Esto llevaba aquí más de 40 años y no era legalizable ni con el PGOU del 86 ni con el nuevo. Este derribo es un símbolo de legalidad», explicaba Muñoz entre el trasiego de motores. Antes era una mole de hormigón de once plantas y 36 metros de altura que se veía especialmente desde la autopista. Ahora, apenas queda una semana de trabajo para que pase a la historia: Un par de días para que se convierta en toneladas de escombros y unos pocos más para que la parcela, en mitad del Marbella Golf, quede totalmente expedita y quizá se convierta en un hoyo más.
«Era una reivindicación histórica porque era incómodo para la vista y para el propio campo, así que nos pusimos en contacto con los propietarios de la construcción, que también lo son del campo de golf, para hacerles ver que la mejor solución era tirarlo porque no se iba a legalizar», abundó Muñoz, que se acercó hasta el lugar para conocer cómo se están desarrollando los trabajos, adelantados por este periódico. Los operarios, venidos con las máquinas especializadas expresamente desde Madrid, comenzaron el desmontaje de la edificación hace ya tres semanas.
Escombros
No ha sido un camino de rosas. Por la envergadura de la actuación, se han necesitado informes varios, desde los medioambientales a los urbanísticos, pasando por la necesaria licencia municipal. «La empresa ha corrido con los gastos de demolición y de la retirada de escombros», señaló el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, que cifró en 93.000 euros el coste total de un derribo esperado desde hace años.
Sobre si hay otros esqueletos en similar situación, el edil recordó que el nuevo Plan General deja fuera «seis o siete estructuras» sobre las que aún no se ha tomado una decisión. «Veremos si son aprovechables como equipamientos en los casos en que estén a medio construir y si no, pues se tirarán», agregó la alcaldesa, que precisó que se estudiará caso por caso.
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