Marbella encarga un plan para la mayor operación urbanística de su historia

Marbella ya puede empezar a despedirse de la que hasta ahora ha sido su entrada natural a la ciudad, aunque el velatorio amenaza con prolongarse al menos cinco años. El Ayuntamiento quiere ir sin prisa pero sin pausa en la operación urbanística más ambiciosa de la historia, con permiso de la conversión, casi medio siglo atrás, del vergel de Nueva Andalucía en un entramado de urbanizaciones de la mano del desaparecido José Banús.

Más de 1,6 millones de metros cuadrados, de una de las llamadas áreas de oportunidad, que cambiarán totalmente su fisonomía y la del municipio. Lo dice el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero ahora hay que empezar a trasladarlo de los planos dibujados con tiralíneas a una hoja de ruta que fije plazos, fórmulas y, sobre todo, costes.

El polígono industrial La Ermita, el que da la bienvenida a los visitantes tras franquear el arco de Marbella, pasará a medio plazo a la historia con su traslado al norte de la ciudad, a un parque empresarial de 84 hectáreas que se ubicará por encima del centro comercial La Cañada, en la zona bautizada como La Serranía. Y todo el suelo que quedará expedito, unas 34 hectáreas, albergará edificios tanto de viviendas libres como de protección oficial, espacios verdes, equipamientos y un atractivo 'Down Town', como se viene a llamar a los corazones financieros de las grandes capitales del mundo. Una mini ciudad que tendrá la guinda con la ampliación del puerto Marina-La Bajadilla y, más a largo plazo, la estación del tren litoral y de AVE y la de autobuses. En suma, un nuevo centro de Marbella que se convertirá en tarjeta de presentación.

Consenso con los afectados

Así lo han plasmado los arquitectos en un entramado de parcelas con nombres casi impronunciables y sólo aptas para urbanistas, pero que ahora tiene que convertirse en un proyecto materializable, en el que los empresarios del polígono industrial tendrán mucho que decir. «No se va a dar ningún paso sin llegar a un consenso con los afectados, tanto los propietarios de las naves como los arrendatarios», advirtió el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, anticipándose a posibles malentendidos.

El objetivo es no perder un día más. Por eso el equipo de gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria y está decidido a empezar la casa por los cimientos: Dejarse asesorar por juristas, técnicos y economistas para que esta jugada sea realmente maestra. El primer pero firme paso ha sido sacar a concurso una consultoría multidisciplinar que dé luz a un estudio pormenorizado sobre la viabilidad jurídico-técnica y económica de esta nueva centralidad del casco urbano de Marbella. Con un presupuesto base de 70.000 euros, el equipo de gobierno justifica esta contratación externa en que por su complejidad debe elaborarse al margen de los asuntos de día a día de la Delegación de Urbanismo. «En el grupo de trabajo estarán abogados, arquitectos, economistas...», explica el responsable de esta área. Y, ¿para qué? «Para que las piezas encajen, sepamos qué fórmulas jurídicas hay que emplear y que no se quede a mitad de camino por problemas de financiación», argumenta Moro.

No es sólo una cuestión de 400 empresarios que tendrán que hacer las maletas para instalarse en un nuevo polígono industrial, totalmente ajeno al que les lleva acogiendo en algunos casos tres décadas. El Ayuntamiento y la Junta -administración competente tanto en la ampliación del recinto náutico como en la llegada del ferrocarril- juegan un papel fundamental y todos deben caminar en una misma dirección. «Esta claro que para completar todo el ciclo al menos habrá que esperar seis u ocho años pero queremos empezar a trabajar cuanto antes», añade el concejal de Urbanismo. Un ciclo que tendrá al menos tres fases diferenciadas. La primera tiene que ver con la construcción del parque empresarial de La Serranía tras diseñar un plan de sectorización. De las 34 hectáreas actuales se pasará a 85. Pero estos suelos están en manos privadas: otro trecho por recorrer.

Los primeros traslados, el siguiente paso, no se producirán al menos hasta 2015 y, hasta entonces, los industriales podrán seguir trabajando con normalidad e incluso solicitar permisos de obra para remodelar sus instalaciones siempre que no vulneren la edificabilidad establecida por el nuevo PGOU. «El estudio que vamos a encargar pondrá sobre la mesa las opciones más viables, si debe hacerse por la fórmula de un consorcio, de una comunidad de propietarios o cualquier otra figura jurídica», abunda. Los empresarios tendrán un papel activo tanto en las decisiones como en las inversiones. Recibirán compensaciones económicas por el desmantelamiento de sus negocios y se trasladarán a otro más moderno, más amplio y con menos deficiencias que el actual.

Plan de sectorización

El último peldaño será poner en marcha otro plan de sectorización, en este caso el de La Ermita, donde se prevén 4.202 viviendas, 1.680 de protección pública. «Será una ciudad nueva con zona residencial, equipamientos y un centro de negocios», esbozó el edil. Un proyecto ambicioso que necesita de unas pautas claras «para poner en orden todas las piezas del puzzle». Más a largo plazo, quedaría otro salto cualitativo fundamental para el futuro turístico de Marbella: La llegada del tren litoral y del AVE, si se da el caso. Aunque esto ya no está en manos del Ayuntamiento, sino de la Junta y del Banco Europeo de Inversión.

De momento lo que se desconocen son los números de esta operación, que el concejal de Urbanismo compara con otras de tanta envergadura en el país como el desarrollo urbanístico de Valdebebas en Madrid o del Puerto de Barcelona. Los industriales cifraron en su día la creación del parque empresarial de La Serranía en 2.000 millones de euros. Si se echa un vistazo a la jugada en su conjunto, que implica a seis sectores urbanísticos diferenciados, parece hasta calderilla.

Sea como fuere, los primeros datos se conocerán de la mano del estudio que el equipo de gobierno está a punto de encargar. La unión de empresas que se lleve el contrato al agua tendrá tres meses para poner el informe sobre la mesa. El pliego de condiciones del concurso público da algunas pistas. Además de plantear alternativas a la planificación que marca el PGOU, deben evaluar la viabilidad jurídica, técnica y económica de la propuesta o en su caso brindar otras opciones. Además, tendrán que marcar la pauta para la coordinación de todos los agentes implicados, así como la fórmula de gestión más adecuada, incluida la cooperación entre las administraciones, los propietarios, los titulares de derechos y los inversores.

Incluso entra en el detalle. Advierte de que el estudio deberá tener en cuenta los criterios de sostenibilidad -como dar preferencia al peatón frente a los vehículos-, la dotación de tecnologías de la información, el uso de energías renovables o el tratamiento del mobiliario urbano y las fachadas y decoración de los locales destinados a actividades económicas. Cuando todo esté negro sobre blanco, será el principio de la despedida a un polígono industrial que ha acompañado a toda una generación.