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JESÚS HINOJOSA
Viernes, 5 de noviembre 2010, 02:40
Todo está en marcha por parte del Ayuntamiento para que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que planifica la Málaga de las próximas dos décadas, pueda ser aprobado por la Junta de Andalucía en los próximos meses. La luz verde definitiva a este documento, que quedó desbloqueado el pasado verano a raíz del acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno local y los responsables entonces de la Consejería de Obras Públicas, supondrá una inyección de fondos para las arcas municipales, aunque muy lejos de las elevadas cantidades que se plasmaron en unos convenios firmados al calor todavía del 'boom inmobiliario' y que hoy quedan en entredicho por la crisis económica.
Como ya adelantó este periódico (ver SUR 31/7/2010), los promotores de los proyectos relacionados con estos convenios han hecho ver al Consistorio las dificultades que tendrán para abonar los pagos pendientes en el momento de la entrada en vigor del nuevo PGOU, que cada vez está más cerca. Por ello, han solicitado un fraccionamiento y aplazamiento de las cantidades pendientes que el Gobierno local está dispuesto a estudiar, sin que ello suponga una disminución del dinero pactado.
No obstante, de los 170 millones de euros que en conjunto ofrecerán a la ciudad los convenios del Plan General, ya hay una parte que ha sido adelantada y que se encuentra en la caja municipal. Se trata de unos 25 millones de euros de los que una mitad corresponde al proyecto de las torres de Repsol, promovido por Caixa Galicia y el Grupo Dae, y la otra al proyecto de la inmobiliaria Espacio y Unicaja para el ámbito de Martiricos, en el que también están previstas dos grandes torres.
Fuente de ingresos
El Ayuntamiento no puede tocar este dinero todavía, pero sí podrá gastarlo una vez que el PGOU sea aprobado definitivamente por la Junta, según expusieron desde la Gerencia Municipal de Urbanismo. De este modo, estos convenios se convierten en una fuente de ingresos a tener en cuenta por el equipo de gobierno local para el año próximo, en el que no podrá contraer nuevos préstamos para financiar inversiones por los límites establecidos para ello por el Gobierno central.
No obstante, no todo el dinero de convenios depositado en la caja de la Casona del Parque podrá emplearse en inversiones a nivel de infraestructura urbana, como sería deseo de los responsables municipales. Como norma general, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que el 25% de los fondos puede dedicarse a proyectos para recuperar determinadas zonas de la ciudad que se encuentren degradadas, y el 75% restante debe reservarse para la promoción y construcción de viviendas de protección oficial, fundamentalmente para la adquisición de suelo con este fin.
Con todo, según la interpretación del secretario general del Consistorio y autor de numerosos estudios sobre diversas materias del derecho urbanístico, Venancio Gutiérrez Colomina, el cupo de inversiones que pueden financiarse con dinero de los convenios -y también del procedente de la venta de parcelas de propiedad municipal- puede llegar hasta el 49% si se tiene en cuenta el contenido de la última Ley Estatal de Suelo de 2007, posterior a la LOUA.
De este modo, podrían dedicarse a inversiones -como el bulevar- la mitad de esos 25 millones de euros ingresados -unos 12-, así como la mitad de lo que se obtenga de las ventas de suelo que Urbanismo ha puesto en marcha. La última fue aprobada ayer por la Gerencia -con los votos en contra de PSOE e IU- y supondrá unos ingresos de 9,6 millones de euros. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, defendió esta operación, que para el edil del PSOE Sergio Brenes responde a la «mala situación económica del Ayuntamiento». El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó que las parcelas a la venta no se destinen a VPO.
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