La revisión de miles de condenas amenaza con agravar el colapso judicial

La entrada en vigor el próximo 23 de diciembre del nuevo Código Penal obligará a los jueces de Málaga a revisar a la baja miles de sentencias condenatorias, al afectar la reforma legal a determinados delitos que van a tener un tratamiento más favorable para los penados. Son los casos de personas condenadas por tráfico de drogas y delitos contra la propiedad industrial (el popular 'top manta') y contra la seguridad vial, que podrían ver reducidas sus penas y en algunos casos hasta podrían ser excarceladas. Esta revisión, no obstante, ha despertado mucha inquietud entre los jueces por la carga añadida de trabajo que va a suponer para las ya de por si colapsadas oficinas judiciales y vaticinan, si no se adoptan medidas de refuerzo, un retraso aún mayor en la tramitación ordinaria.

«No sabemos aún a cuántas sentencias afectará la revisión. Pero teniendo en cuenta que actualmente solo los juzgados de lo penal de la capital suman unas 18.000 sentencias en ejecución no nos equivocamos al afirmar que serán miles», explica el juez decano de Málaga, José María Páez.

La revisión de resoluciones está prevista en la disposición transitoria segunda de la reforma del Código Penal, y establece que los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que «el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial».

Los más beneficiados por la reforma serán los condenados por el 'top manta'. Los 'manteros' ya no irán a la cárcel. El delito contra la propiedad industrial e intelectual será considerado una falta cuando el importe del beneficio obtenido por el 'mantero' sea inferior a los 400 euros, que es el caso más habitual entre las personas, generalmente inmigrantes, que se dedican a esta actividad. En el caso de los delitos, es decir cuando el beneficio esté por encima de 400 euros, la reforma cambia pena de prisión por la imposición de una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Por lo que se refiere a los delitos contra la seguridad vial, ya sea por conducir excediendo el límite de velocidad o bajo los efectos del alcohol o drogas, el nuevo Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad. A diferencia de la norma anterior, que castigaba con penas de prisión o multa y trabajos en beneficio de comunidad, el nuevo Código establece que los jueces solo podrán imponer una única pena, es decir, deberán optar entre la prisión, la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad.

La revisión afectará también al delito de tráfico de drogas, que a partir del 23 de diciembre verá reducidas sus penas, que se impondrán en la banda de 3 a 6 años de cárcel cuando se trate de sustancias que causan grave daño a la salud, en lugar de 3 a 9 años, como figura en el Código de Penal de 1995 actualmente en vigor.

La aplicación retroactiva del nuevo Código Penal, que resulta más favorable para las personas que habían sido condenadas anteriormente por estos delitos, «va a provocar en muchos casos reducciones de penas y en algunos casos, incluso, la excarcelación, sobre todo en los condenados por tráfico de drogas», asegura un magistrado de lo penal de Málaga, quien sin embargo no se atreve a cuantificar aún el número de sentencias que estarán sujetas a revisión, aunque algunas fuentes apuntan a unas cuatrocientas por juzgado. La obligada comprobación afectará también a las sentencias dictadas por las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial de Málaga.

Retrasos en los juzgados

La revisión que exige el nuevo Código Penal ha provocado mucha inquietud entre los jueces por el trabajo «ingente», tal y como reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se avecina, ya que la propia norma establece la asignación en exclusiva de esta tarea a uno o varios juzgados o secciones de la Audiencia. «Si hay que dedicar uno o más juzgados en exclusiva a esta tarea, sin contar con refuerzos de ningún tipo, nos tememos que esto pueda provocar aún más retrasos en la tramitación ordinaria de los asuntos», afirma el juez decano, quien reitera la falta de medios en la Justicia y la necesidad de crear más juzgados y plazas de magistrados para sacar del colapso a las oficinas judiciales de Málaga.