El Ayuntamiento hace los deberes y el PGOU solo depende ya del veredicto de la Junta

El documento que planifica el desarrollo de Málaga para las próximas dos décadas ya está listo para el último veredicto de la Junta de Andalucía, que tiene la competencia para darle o no luz verde, total o parcialmente. Tras la nueva aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que se produjo el pasado 16 de julio, el equipo de gobierno municipal ha cumplimentado todos los pasos posteriores y ha enviado el expediente a la Consejería de Obras Públicas. De este modo, ha activado un cronómetro de cinco meses en los que, por ley, la Junta debe emitir un pronunciamiento final sobre el documento.

No obstante, la tramitación más reciente del plan se ha saldado con un balance bastante pobre. De los 12 organismos o instituciones tanto del Gobierno central como de la propia Junta que deberían haber emitido un informe en el plazo de un mes desde la recepción del PGOU, solo lo han hecho tres. Se trata de la Consejería de Cultura, la Demarcación de Costas y el servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas.

El dictamen de Costas es favorable, pero el resultado de los análisis de Cultura y Carreteras no lo es, por lo que las cuestiones que solicitan que sean subsanadas -según indicaron desde la Gerencia de Urbanismo no son de un gran calado- se remitirán al trámite de cumplimiento de la aprobación definitiva.

Aviación Civil

Igualmente, el Consistorio ha recibido un borrador del informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, pero no un pronunciamiento definitivo. El parecer de este organismo es importante ya que está relacionado con la altura que pueden tener determinados edificios que se contemplan en el PGOU, como por ejemplo las altas torres de pisos en los suelos de Repsol y La Térmica. Desde Urbanismo consideran que las cuestiones a las que hace referencia este borrador de Aviación Civil ya están corregidas, por lo que pretenden aclarar esta cuestión con sus responsables.

Además, tampoco se ha recibido la declaración de impacto ambiental, un informe que tiene un gran peso en la tramitación del plan y que en la anterior aprobación, hace dos años, recogió en gran medida las cuestiones sobre el planeamiento de la ciudad con las que la Junta se había mostrado especialmente beligerante, como el rechazo a la ocupación de los suelos situados al norte de la circunvalación oriental o la urbanización de los terrenos de Arraijanal, que han sido marcados por el Gobierno andaluz como parque.

Urbanismo también solicitó esta declaración tras la aprobación de julio. Medio Ambiente tenía el plazo de un mes para entregarla. De incumplir este plazo, el Ayuntamiento podía volver a requerirle el informe, para lo que se abría un nuevo periodo de diez días. Según aseguraron fuentes municipales, cursados ambos trámites, todavía no se ha recibido la declaración en la Gerencia.

Aunque es de suponer que su resultado será favorable, toda vez que la última versión del PGOU es fruto del consenso con los responsables autonómicos, lo cierto es que el Consistorio ha tenido que remitir el plan a la Consejería de Obras Públicas sin tener este análisis ambiental.

No obstante, según se indica en el informe jurídico para la última aprobación del plan, el hecho de que Medio Ambiente no haya cumplido los dos plazos establecidos para entregar su pronunciamiento permite entenderlo como favorable.

Tras superarse todos estos plazos, el Ayuntamiento considera que el expediente está completo, por lo que ha procedido a su remisión a Sevilla, que tiene cinco meses para informarlo desde el pasado 5 de octubre. Con todo, según fuentes consultadas, en el caso de que lleguen algunos de los informes demorados en los próximos días, se remitirán igualmente a la consejería de Obras Públicas para que los pueda tener en cuenta a la hora de elaborar su evaluación final.