Los abogados se moderan, los acusados se desmadran

El juicio por el 'caso Malaya' se toca en los extremos: por un lado, los letrados; por el otro, los acusados. Si en la segunda sesión de la vista el presidente del Tribunal, José Godino, tuvo que llamar al orden a los abogados para pedirles que no faltaran al respeto en sus críticas al juez instructor Miguel Ángel Torres, ayer el magistrado interrumpió el desarrollo de la vista para hacer callar a algunos acusados, que no paraban de reír y gesticular.

Visiblemente enfadado, José Godino no se anduvo por las ramas ante las «ganas insospechadas de reír» -dijo- que mostraban algunos procesados mientras intervenía el abogado Alonso Rafael Fernández, que defiende a María Rosa Jimeno, la esposa de Roca.

«Esto es un tribunal de Justicia. Si quieren reír, salgan de la sala y rían. Rían todo lo que quieran y luego vuelvan», les reprendió el presidente del Tribunal.

La amonestación de Godino rompió la monotonía de una sesión, en ocasiones soporífera, en la que sólo se produjeron novedades de orden casi estético: que Montserrat Corulla, una de las principales testaferros, se sentara a la derecha de Juan Antonio Roca -y su inseparable cuaderno de notas-, con el que cruzó alguna que otra palabra, y que la ausencia injustificada del procesado José María Mellado obligara a Godino a advertirle a su abogado de que hoy a las diez de la mañana «deberá comparecer sin excusa» en la sala.

Por lo demás, los abogados de los imputados siguieron repitiendo en esta fase de cuestiones previas prácticamente los mismos argumentos jurídicos que en días pasados. A la nulidad del proceso judicial, se sumaron las peticiones de prescripción de determinados delitos y, nuevamente, las críticas, casi unánimes, a la instrucción del juez Torres, aunque en un tono mucho más moderado y sin entrar en alusiones personales.

«Este proceso tiene mucho de kafkiano», criticó el letrado de Carlos García-Puente, supuesto socio de Roca, quien recordó cómo resultó detenido su cliente: «Dos años después de iniciado el proceso, por un delito de alzamiento de bienes, un delito por el que no se detiene a nadie», se quejó Javier Morato. «Ahí empezó la metamorfosis -añadió-, ya que, según dijo, se le imputó posteriormente en un auto judicial un delito de blanqueo de alzamiento de bienes, «un delito inexistente». Además, añadió que el fiscal, que mantiene el blanqueo en su escrito de calificación, «construye una acusación sobre una errata».

El defensor del ex comisario de policía Florencio San Agapito, imputado junto a Roca por la operación urbanística Crucero Banús, aseguró que el delito de defraudación fiscal del que se le acusa ha prescrito y pidió a la Sala que la detención de San Agapito sea declarada nula. A este respecto, recordó que su defendido se presentó voluntariamente ante el juez Torres, «pero no le hicieron ni caso, porque parece que está mal visto que una persona quiera ponerse a disposición de un órgano judicial», ironizó, relatando luego que cuando el ex comisario acudió de nuevo por voluntad propia al juzgado para prestar declaración «fue arrestado en la misma puerta» y trasladado a los calabozos de la Comisaría de Málaga.

El defensor de los hermanos Ignacio y Manuel Sánchez-Dalp, empresarios acusados de blanqueo, solicitó al tribunal que aparte del proceso a la Junta de Andalucía, porque en su condición de acusación popular «no le está permitido intervenir en delitos que le son ajenos». También se quejó de la forma en que se llevaron a cabo los arrestos de sus clientes. En el caso de Ignacio, «en presencia de sus hijos de 5 y 7 años», se lamentó el letrado Manuel Salinero, quien advirtió al tribunal de que «el proceso debe ser vaciado de infracciones judiciales».

Juan García Alarcón, en representación de cuatro procesados, aseguró al tribunal que «aquí, lo importante no es la actuación del juez, sino el veneno que lleva el procedimiento, porque lleva la mancha de nulidad desde el inicio, al ser instruido por un juez que no es el competente». Por ello, subrayó ante el tribunal que el juicio oral «no puede ir nunca señalado con el índice del procedimiento nulo».

Fantasía policial

La defensa de María Rosa Jimeno, esposa de Roca, desacreditó las escuchas telefónicas de las que fue objeto, «sin la más mínima fundamentación» y, a su juicio, producto de la «fantasía policial», y criticó su detención, que «le afectó moral y psicológicamente» tanto a ella como a su hijo, quien «tuvo que asistir a los arrestos de su madre y su hermana, con su padre en la cárcel». El abogado de la hija de Roca, por su parte, dijo que las acusaciones (sobre premios de lotería ingresados en su cuenta bancaria) solo hacen alusión a su padre y pidió que no se resucite la antigua responsabilidad «por la estirpe o familia», en la que cualquiera de los miembros de la familia podía pagar la pena por el delito cometido por otro.