La condena por los ruidos de El Copo en Torre del Mar supera ya los cuatro millones

Los excesos de ruidos procedentes de los locales de ocio del centro comercial El Copo de Torre del Mar y la inactividad municipal para acabar con la contaminación acústica que tuvieron que soportar los vecinos de los edificios Ipanema durante trece años (1990-2003) les va a costar caro al Ayuntamiento de Vélez.

Un nuevo auto del TSJA, de fecha 18 de enero de 2010, condena al consistorio a satisfacer a los 18 vecinos que denunciaron los problemas de ruidos, además de los 2.812.680 euros de indemnización fijados en la sentencia, los intereses legales correspondientes, más un incremento de dos puntos, desde el 29 de julio de 2003 hasta la fecha en la que se abone la globalidad de la indemnización. Esto significa que las arcas municipales deberán hacer frente sólo en intereses a una cantidad superior al 1.100.000 euros, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento únicamente ha realizado por el momento un pago de 2.086.000 euros a cuenta de los 2,8 millones a los que asciende la sentencia.

Los 156.000 euros de indemnización que les corresponde a cada uno de los 18 vecinos demandantes, más lo intereses, hacen que la broma le cueste al Ayuntamiento más de cuatro millones de euros.

Pero esto no es todo, según los vecinos, el fallo del TSJA de 2003, que ha pasado a la historia como la primera condena en Málaga contra un Ayuntamiento por no atajar el problema de los excesos de ruido, establece también otra indemnización, no cuantificada de momento en su totalidad, para los afectados de 12.000 euros anuales para cada uno a partir de 2003 y hasta la culminación efectiva de todos los problemas de ruidos en la zona.

Esto significa que el TSJA deberá comprobar cuándo se puso fin a la contaminación acústica para determinar la cantidad que el consistorio deberá pagar a los 18 vecinos. El Ayuntamiento también tendrá que abonar las costas judiciales.

El fallo ordenaba cumplir en un plazo de un mes la normativa de ruidos, a la vez que a controlar la insonorización de los locales y a anular las licencias de los que incumplieran la legislación. Según la sentencia, los vecinos tuvieron que soportar ruidos de hasta 120 decibelios cuando el máximo permitido es de 30.

Los vecinos han pedido al TSJA que envíen el caso a la Fiscalía para demandar por vía penal a la alcaldesa, Salomé Arroyo, por no cumplir la sentencia del Supremo, desde julio de 2008. «Si los jueces no nos hacen caso, actuaremos directamente contra la alcaldesa por la vía penal», han amenazado los vecinos.