La cárcel de Alhaurín, presa de la masificación

El sistema penitenciario de Málaga sigue preso de la masificación. Como denuncian los sindicatos, datos en mano, la cárcel de Alhaurín de la Torre se mantiene en la pole de las más saturadas de España con un grado de hacinamiento próximo al 200%. El traje no sólo se ha quedado pequeño sino que, a tenor de las cifras oficiales, se está quedando sin costuras. La saturación es tal que, según confirman desde la dirección del centro, cada semana se ven obligados a derivar a una media de treinta reos a otras dependencias españolas, con el consiguiente desarraigo familiar que ello genera.

Los números facilitados por los responsables de la prisión sitúan el volumen de internos en torno a los 1.611 reos. Dicha población reclusa se distribuye en 909 celdas, lo que deja una ocupación del 177%, una de las más altas del país, como recuerda el representante sindical de CC. OO. en Alhaurín, Juan Carlos Blanco. «Por encima sólo tenemos los casos de Murcia, Las Palmas o Tenerife», critica al tiempo que denuncia que en ciertos momentos se haya tenido que acomodar hasta a tres reos por habitáculo, extremo que no desmienten desde dirección: «Mejor que duerman en literas que no en el suelo, aunque por suerte hace tiempo que no tenemos que recurrir a esta medida».

Las que sí que son cada vez más habituales son las exportaciones a otros centros penitenciarios, necesarias para equilibrar el peso de los nuevos ingresos. Blanco asegura que a finales de 2009 había unos 3.800 penados vinculados a Málaga repartidos por cárceles españolas, una cifra que también comparte el sindicato de prisiones Acaip. «De ellos, unos 800 cumplen su condena fuera de Andalucía, lo que está fuera de la ley -la legislación española establece el derecho a que los reclusos salden su deuda con la Justicia lo más cerca posible de sus lugares naturales- ya que se les priva de derechos que tienen otros internos y supone un fuerte desarraigo familiar», critica.

Desde la dirección de Alhaurín no ocultan esta realidad, aunque matizan que las cifras son menores, «eso sí, si en una semana tenemos que derivar a cien presos por una necesidad puntual no dudaremos en hacerlo», aclaran. Según sus números cada semana se remite a unos treinta reos. La mayoría cumplen condena en Albolote (Granada), Algeciras y Morón de la Frontera (Sevilla). Córdoba, Jaén y Valencia son otros destinos habituales, cuentan desde la prisión.

Para Blanco el problema de fondo es la falta de previsión ya que, como lamenta, la cárcel de Alhaurín de la Torre ya nació pequeña. «Cuando se inauguró, en 1992, se le dio una capacidad para 844 internos, algo incomprensible cuando la vieja cárcel ya manejaba unos niveles de 1.200 penados», ilustra.

Málaga, un imán delictivo

Preguntados por las claves de la masificación que padece Alhaurín de la Torre, los expertos apuntan a dos ingredientes. Por un lado el fuerte peso que tiene la inmigración en la provincia y, por otro, el hecho de que la Costa del Sol sea destino predilecto de bandas delictivas internacionales.

Las estadísticas de Acaip revelan que un tercio de los reos son ya extranjeros, una de las tasas mayores del país. En concreto, 546 de los 1.611 reclusos que hay actualmente en la cárcel malagueña proceden de fuera. Un dato que convierte al centro en toda una Torre de Babel. «Una vez las contamos y nos salieron hasta 60 nacionalidades distintas. Es más, hace poco con lo de Haití revisamos la procedencia de los presos y resulta que teníamos al único haitiano condenado en España», detallan desde Alhaurín de la Torre.

Marruecos, Colombia y la antigua URSS encabezan las principales nacionalidades. Muchos foráneos y, a su vez, muchas mafias que ponen sus miras en la costa occidental por su situación geográfica.

«El litoral se ha convertido en un imán de delincuencia, donde operan desde grupos de blanqueo de capitales a organizaciones ligadas a la corrupción o a estafas, y ello deja mella en el sistema penitenciario», comentan desde la dirección de la cárcel. «Además, se da el caso de que aunque a muchos foráneos se les da la opción de cumplir condena en su país, prefieren quedarse aquí dada la calidad de nuestro sistema y el buen trato que reciben», esgrimen las fuentes.

Crecimiento del 50%

Estos factores han sido decisivos a la hora de sustentar la espectacular evolución al alza experimentada por la población reclusa de Alhaurín de la Torre. Al respecto, las estadísticas del sindicato de prisiones revelan que desde principios de siglo, el aumento ha rondado el 50%. Y buena parte de dicho refuerzo se debe al incrementos de foráneos, responsables del 60% de tal subida.

Sobre el perfil del recluso de la cárcel provincial, los sindicatos explican que coincide con el de un hombre (sólo hay 114 mujeres) menor de 40 años. Como curiosidad, llama la atención el número de reincidentes que, como indica Acaip, rebasa el 68%, un porcentaje superior a la media andaluza y española, del 56%.

Por tipologías, desde la apertura del Centro de Inserción Social (CIS) los internos en tercer grado que se encontraban en la Sección Abierta han sido trasladados al nuevo recinto, ubicado en el polígono Guadalhorce, lo que ha trasladado parte del problema de la masificación a dicho complejo, como denuncia Acaip. «El CIS tiene capacidad para 400 personas y ya alberga cerca de 500 internos, si bien no todos pernoctan allí, ya que en torno a un centenar están bajo control telemático», matiza Francisco Macero.

Pilar Soria, jefa del Servicio Penal y Medidas Alternativas del CIS, confirma que están desbordados. Sobre todo, desde que la reforma del Código Penal contempla trabajos en beneficio de la comunidad para delitos ligados al Tráfico. «Hemos pasado de gestionar unos 1.000 expedientes a 6.000, y todo con los mismos recursos de personal. A mi juicio esta situación es culpa de una total falta de previsión por parte de instituciones penitenciarias», valora.

La falta de funcionarios también es endémica en Alhaurín de la Torre, donde actualmente trabajan unas 450 personas. Los cálculos de Acaip estiman que harían falta más de 80 empleados para acabar con el déficit que sufre la plantilla del centro. «En estos momentos tenemos unos cuatro internos por funcionario, cuando lo ideal es uno por cada dos, como aconsejan todos los estudios», apostilla Blanco.

Macero recuerda, además, las consecuencias de esta falta de personal: la inseguridad. «En los últimos tiempos se han aumentado exponencialmente las actividades de los internos fuera de los módulos lo que, unido a la escasa plantilla para controlarlos, aumenta el riesgo de conflictos». El pasado enero, sin ir más lejos, un recluso prendió fuego a su colchón, lo que obligó a desalojar a un total de 26 presos.