Los restos del imperio

En la isla de Pitcairn, en mitad del Pacífico, fue donde se refugiaron los supervivientes del Bounty, el buque que terminaría dando nombre al motín más célebre de la historia de la navegación. En la de Santa Elena, a medio camino entre Africa y América del Sur, vivió Napoleón sus últimos años rumiando los errores que habían desbaratado su plan de hacerse dueño del mundo. No se puede decir que la historia de los territorios británicos de ultramar, de los que son parte Pitcairn y Santa Elena, haya sido aburrida. Todos y cada uno de los catorce enclaves que aún conserva el Reino Unido repartidos por todo el planeta tienen un pasado rico en peripecias.

Los overseas territories, que es como se llaman de forma oficial, son los últimos restos de aquel imperio que en su etapa de mayor esplendor llegó a tener bajo su dominio a una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de la superficie terrestre. El formidable poderío del Reino Unido, que para la historia ha quedado asociado a la figura de la reina Victoria, se vino abajo de forma precipitada con las guerras mundiales. El acelerado proceso de descolonización posterior rubricó el fin de sus sueños de grandeza. La entrega a China de Hong Kong, el zafiro del collar imperial, escenificó su retirada de la división de honor de las superpotencias.

Pero el Rule Britannia, ese himno que tanto enardece a los británicos apelando a la épica de su hegemonía naval, siguió sonando en las islas con más fuerza que nunca. El sorprendente envío en 1982 de una flota de guerra para reconquistar las islas Falklands demostró que el Reino Unido no estaba dispuesto a pasar una. Una cosa es asimilar que se ha descendido de categoría en la liga de las naciones y otra muy distinta, aceptar una invasión por mucho que tenga lugar a 12.000 kilómetros de distancia. El apoyo sin fisuras al puñetazo en la mesa de Margaret Thatcher para recuperar aquel remoto enclave puso de manifiesto la extrema sensibilidad de la sociedad británica con los retales de su imperio.

Ahora que se han cumplido 33 años de aquella guerra que se saldó con la muerte de 2.000 argentinos y de 250 británicos, las Malvinas han vuelto a la primera plana. La modernización de sus sistemas de defensa (Gran Bretaña tiene allí una base con 1.200 militares) ha sido la excusa que ha utilizado el Gobierno argentino para envolverse de nuevo en la bandera albiceleste reivindicando su soberanía. «Es más pirotecnia que otra cosa», relexiona el catedrático de Historia Carlos Malamut, investigador del Instituto Elcano para America Latina. «Las demandas patrióticas azuzan los sentimientos nacionalistas para dar satisfacción a la clientela interna».

La prensa sensacionalista británica, muy cómoda en el barro de los bajos instintos, publicó que Buenos Aires negociaba con Rusia el alquiler de unos bombarderos de largo alcance en el marco de un supuesto plan de rearme para invadir las islas, algo que a juicio del ministro argentino de Defensa es «una locura». El observador Malamut comparte por una vez la opinión del Ejecutivo de Cristina Kirchner: «Que Argentina vaya a aliarse con Rusia para tomar las Malvinas es de lo más naif que he escuchado nunca». El Ejército argentino, añade, sería incapaz de acometer una operación así porque se encuentra «en un estado tan lamentable que desde un punto de vista operativo es como si estuviese desmantelado».

En Gran Bretaña, que vive en vísperas de elecciones generales (serán el 7 de mayo), las Falklands vuelven a ser un buen argumento para captar votos. Esa es la razón por la que ninguna fuerza parlamentaria se atreve a cuestionar abiertamente si tiene mucho sentido mantener a día de hoy los territorios de ultramar a pesar de la enorme sangría que suponen para las arcas públicas. Cada uno de los 2.900 residentes en Malvinas le cuesta al erario británico unos 30.000 euros anuales solo en defensa, una cantidad difícil de conciliar con los criterios de austeridad tan en boga en las modernas gobernanzas. Pero hablar de dinero siempre despierta menos adhesiones que apelar a la épica del imperio por mucho que los británicos presuman de pragmatismo.

Gestas napoleónicas

El de los territorios de ultramar, que tienen su propio ministro, es por tanto un asunto que queda fuera del debate político. Las pocas veces que en el Parlamento se habla sobre ellos es cuando el titular del ramo presenta algún plan de mejora de sus infraestructuras. Se discute sobre el proyecto puntual pero todo el mundo pasa con pies de plomo sobre la cuestión de fondo. Aún resuenan las palabras de Margaret Thatcher tras la operación de las Falklands: «Cuando comenzamos, los dubitativos y los débiles creían que ya no podíamos hacer las grandes cosas que hicimos alguna vez, que nuestra decadencia era irreversible, que Gran Bretaña no era más la nación que había construido un imperio. Bien, estaban equivocados».

Los catorce enclaves ultramarinos suman una población de unas 260.000 personas que disfrutan de los beneficios de la ciudadanía británica. Algunos de ellos son simples bases militares, caso del atolón Diego García, en medio del Índico, un centro de operaciones compartido con EE UU que se ha utilizado como plataforma en los bombardeos en Irak y Afganistán. Militar es también la función de las bases de Akrotiri y Dhekelia en Chipre, las únicas que les quedan a los británicos en el Mediterráneo junto a Gibraltar.

La defensa es asimismo la excusa para mantener las Falklands aunque todos los observadores consideren que una base allí carece de sentido desde un punto de vista militar. En las islas Pitcairn (Pacífico) y Santa Elena (Atlántico Sur) no hay soldados pero tienen un pasado tan vinculado al Reino Unido que una ruptura sería difícil de asimilar por la opinión pública. Pitcairn, donde se refugiaron los descendientes de los amotinados en el Bounty, pasa por ser uno de los atolones más deshabitados del mundo (unos 50 vecinos) mientras que Santa Elena sigue atrayendo a turistas aficionados a las gestas napoleónicas (el general corso fue confinado allí por los ingleses hasta su muerte en 1821).

El más grande de los territorios británicos de ultramar, el de la Antártida, solo está habitado por un puñado de científicos. Las posesiones del Caribe, en cambio, están más pobladas y se caracterizan por tener un notable músculo financiero. Las islas Vírgenes y las Caimán tienen una acreditada reputación como lvaderos de dinero. Antiguas plataformas de los piratas que hostigaban al comercio español bajo el pabellón de la reina Isabel, los dos archipiélagos acogen hoy a gestores con patente de corso para poner fortunas de dudoso origen fuera del alcance de policías y servicios fiscales.

El perfil financiero de los otros tres enclaves caribeños, Anguila, Montserrat y las islas Turcas y Caicos, es mucho más bajo aunque también están sujetos a notables vaivenes políticos. El último de los archipiélagos, por ejemplo, ha estado a punto de pasar a formar parte de Canadá. ¿La razón? Que el turismo que se acerca a Turcas y Caicos es mayoritariamente canadiense y que a Toronto no le vendría mal tener el equivalente a unas Islas Canarias en medio del Caribe. Las Islas Bermudas, las más habitadas de todos los territorios de ultramar, son el último vestigio de las llamadas Trece Colonias, embrión de los actuales Estados Unidos, un vínculo sentimental entre dos naciones que comparten la misma lengua y mantienen una relación privilegiada.