El Gobierno mantiene su intención de financiar la desaladora pese a que Acosol negocia otro crédito

Los sobresaltos que han acompañado a la planta desaladora de Marbella desde su construcción, cuando el desaparecido Jesús Gil era presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y se aventuró a contratar la obra sin contar con los fondos para financiarla, no cesan. El principio de acuerdo alcanzado en 2005 entre el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), y el organismo supramunicipal no tiene todos los parabienes. Al menos para la propia Mancomunidad, que a través de su empresa pública Acosol ha decidido abrir la vía de la financiación privada para afrontar el millonario pago de las instalaciones. De hecho, actualmente está estudiando las tres ofertas de créditos bancarios presentadas otras tantas entidades. La otra parte, la del Gobierno central, dice desconocer este nuevo paso de la Mancomunidad. El propio director general de la sociedad general de Acuamed, Adrián Baltanás, confirmó ayer a SUR que siguen adelante con su intención de financiar la planta. «Nosotros no hemos cambiado en nuestra postura. Si hemos sido poco diligentes ha sido por una cuestión de trámites administrativos pero no hay nada de fondo», señaló.

Canon mensual

Desde que en diciembre de 2005 la Mancomunidad y Acuamed firmaron un convenio que contemplaba que el Ministerio de Medio Ambiente subvencionaría el 25 por ciento del coste total de esta instalación (fijado en 40 millones) y el resto (30 millones) se lo devolvería la Mancomunidad a través del pago de un canon mensual de 102.502 euros en 25 años, no ha llegado ni un euro. Una larga espera que agotó a finales de mayo la paciencia del presidente del organismo, Juan Sánchez, que inició a través de Acosol los trámites para encontrar en la banca privada financiación. Las ofertas ya han llegado e incluso confía en que en los próximos días se cierre un acuerdo para poder salir del atolladero económico que supuso la compra de la planta. «La verdad es que no confío mucho en Acuamed», señaló Sánchez.

Trámites

Desde la empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente achacan este compás de espera y este retraso a los trámites administrativos. Dos han sido los principales: dirimir la titularidad de los terrenos donde se levanta la instalación, que serán expropiados por Mancomunidad, y realizar una valoración oficial del coste de la desaladora, que ya está sobre la mesa y que confirma las estimaciones iniciales de unos 40 millones de euros.

«Mantenemos nuestro compromiso y nuestra intención es llevar este acuerdo al próximo consejo de administración, que será a finales de julio o principios de agosto. Una vez que se apruebe haremos la aportación económica prevista», añadió Baltanás. Recordó que en ningún caso Acuamed podía comprar una infraestructura sin tener la propiedad del terreno. Durante estos años el Ayuntamiento de Marbella no quiso ceder el suelo, que finalmente será expropiado.

«Leonina»

Al margen de esta disposición del Gobierno central, Sánchez recordó que nunca vio con buenos ojos la propuesta de Acuamed. A su juicio, la oferta es «leonina» ya que además de exigir a la Mancomunidad que devuelva la inversión que hará al final la propiedad recaería en el Ministerio de Medio Ambiente.

«Estudiaremos lo que Acuamed nos proponga pero si las condiciones no nos convienen no vamos a aceptarlas. Tenemos que mirar por la economía de la Mancomunidad, algo que repercute también los municipios y en los vecinos», señaló. A su juicio, no es necesario aceptar el planteamiento de la empresa pública sólo porque dependa del Gobierno central.