La Junta demolerá el hotel de Gata y recuperará la playa

Una anomalía legal en la transmisión patrimonial de la parcela donde se levanta el hotel Algarrobico, ubicado en el municipio almeriense de Carboneras y a las puertas del parque natural Cabo de Gata, va a permitir a la Junta de Andalucía hacer desaparecer uno de los símbolos de la destrucción del litoral para los ecologistas.

La cuenta atrás será larga, pero el plazo para la demolición del mencionado hotel comenzó ayer tras anunciar el presidente andaluz, Manuel Chaves, que la Junta de Andalucía había ejercido el derecho de retracto sobre el solar donde se levanta este monstruo de hormigón de 20 plantas y 411 habitaciones y cuya apertura estaba prevista para este verano. Ya no abrirá sus puertas.

Los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente han detectado, tras una minuciosa investigación desarrollada en una notaría de Madrid y en el registro de la propiedad de Vera, que la compraventa de este terreno -situado en las lindes del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar- incumplió en 1999 un precepto legal básico: El vendedor tenía la obligación de comunicar a la administración ambiental competente -en este caso a la Junta de Andalucía- su decisión por si estaba interesada en emprender su derecho de adquisición preferente.

Este procedimiento se hará efectivo cuando el Gobierno andaluz deposite en un juzgado el dinero de esta operación. Pese a las amenazas de la empresa Azata -propietaria del Algarrobico- de que esta acción va a costarle a los andaluces 300 millones de euros, lo cierto es que Manuel Chaves explicó que la Junta se limitará a cumplir con la legalidad y sólo abonará el precio del suelo fijado en la escritura, que asciende a 2,3 millones de euros -que incluye, además un terreno colindante incluido en la misma operación-.

Esta decisión ya se valora como una declaración de intenciones del Gobierno andaluz que podría tener continuación en otros puntos del litoral. Así se desprende, al menos, de las palabras del presidente Chaves: «El urbanismo en Andalucía no se llevará a cabo a costa del medio ambiente, por lo que se actuará sobre todo lo que vaya en contra». Recordó, además, que 230 kilómetros de litoral están protegidos y Andalucía dispone de un cuadro normativo de los más avanzados de España

Sigilo

Chaves felicitó a la Consejería de Medio Ambiente, que preside Fuensanta Coves, por la discreción con la que han llevado este expediente que se inició en abril. La consignación de estos 2,3 millones -1,41 por la finca del hotel y 0,9, por la colindante- supondrán la paralización inmediata de las obras y la anulación de cualquier posibilidad de inauguración de este establecimiento que, pese a todo, contaba con licencia municipal del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por un alcalde socialista.

La empresa Azata del Sol presentó la semana pasada las alegaciones al expediente de retracto y, según la consejera Coves, sus respuestas no suponen ningún cambio sustancial en el proceso ni contradicen los argumentos de la Junta en relación a esa anomalía en la trasmisión patrimonial.

Proceso legal largo

La imagen de la estructura desmoronándose y la playa del Algarrobico recuperando su perfil anterior podría tardar meses o años. El propio Manuel Chaves evitó pronunciarse sobre posibles plazos. «El proceso legal será muy complejo, en el que habrá muchas resistencias por parte de aquellos que no tienen obligación de defender la legalidad medioambiental», resaltó Chaves.

Tal y como se preveía, la empresa Azata del Sol ha anunciado que recurrirá a los tribunales, lo que supondrá el inicio de un largo proceso judicial que acabará, previsiblemente, en el Tribunal Supremo, lo que hace prever un panorama no inferior a tres años, según informaron a este periódico fuentes jurídicas. Los responsables de esta empresa auguran que, tras el retracto, la Junta deberá indemnizarles por la construcción existente y luego proceder a las labores de demolición y desescombro lo que, según su valoración, supondrá que los andaluces deberán hacer frente al pago de unos 300 millones de euros para lograr los objetivos anunciados ayer por el líder del Ejecutivo andaluz.

Los responsables de la Junta, por su parte, hace un análisis jurídico diferente: Desde el momento en que se comete una ilegalidad al no comunicar a la Junta la compraventa de un terreno situado en un parque natural, el resto de actuaciones sobre ese solar se realizan fuera de la legalidad, por lo que no cabe reclamación posible.

Por qué no antes

La cuestión es: ¿Por qué no se ha actuado antes en esa dirección? De hecho, el Juzgado número 2 de los Contencioso-Administrativo de Almería ordenó la suspensión cautelar de las obras gracias a una denuncia que interpuso el colectivo 'Salvemos Mojácar'. Además, la única administración que había tomado hasta el momento cartas en el asunto fue el Gobierno central, a través de Medio Ambiente, que inició un expediente de expropiación de la parte de la promoción que invadía el dominio marítimo terrestre. (El hotel está construido a 50 metros del agua).

Tanto la el presidente andaluz como la consejera de Medio Ambiente pusieron el acento en que, por un lado, la Junta de Andalucía ha respetado de forma escrupulosa los plazos legales. Chaves indicó: «A mí me parece muy bien que las organizaciones ecologistas reclamen que se actúe de forma inmediata ante hechos como este, pero como presidente de la Junta de Andalucía debo cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho, por lo que sólo hemos actuado cuando nos lo ha permitido la ley».

Fuensanta Coves, por su parte, recalcó que su departamento no tuvo ninguna pista sobre la ilegalidad de la operación hasta que el Ministerio de Medio Ambiente no comenzó el deslinde de la parte que invadía la zona marítimo-terrestre, de ahí que la imposibilidad de proceder antes en esa línea. Coves, de hecho, sugirió que esta vía que ha abierto la Junta va a ser más efectiva que el proceso de expropiación iniciado por el Ministerio y que, según la propia consejera, se encontraba estancado ante la distancia abismal que separaba la oferta del Gobierno central y lo que reclamaba la promotora Azata -la constructora pedía 200 millones de euros más de lo que lo ofrecía Madrid-. En cualquier caso, la iniciativa del Ministerio y el expediente de retracto de la Consejería no suponen ninguna contradicción, al contrario, son caminos paralelos para lograr un mismo fin, declaró la consejera Coves que no disimulaba su satisfacción ante la resolución final de este contencioso. Hay una tercera administración en discordia: El Ayuntamiento de Carboneras que preside el alcalde socialista Cristóbal Fernández.

Según la consejera, las protestas de Fernández tras conocer la noticia se pueden considerar dentro de lo razonable. Francisco Ruiz, primer teniente de alcalde de Carboneras, asegura por su parte que acata la decisión de la Junta, pero lamenta las pérdidas económicas que, a su juicio, va a suponer para el Ayuntamiento.

Lo que sí quiso dejar claro Ruiz es que su Consistorio nunca ha dado un trato de favor a la empresa Azata para llevar a cabo este hotel. MÁS INFORMACIÓN I Comienza la primera demolición de la Costa del Sol de un bloque ilegal de viviendas. PÁGINA 14.