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EFE
Martes, 4 de abril 2006, 02:00
El Consejo de Ministros acordó hoy el inicio de los trámites preceptivos para disolver el Ayuntamiento de Marbella tras la presunta trama de corrupción descubierta y consideró que no es posible la convocatoria de elecciones locales anticipadas por los plazos que fija la Ley Electoral.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo que inició los trámites de la disolución, que la voluntad del Gobierno es actuar "con toda rotundidad", una vez confirmados los indicios delictivos.
La decisión del Ejecutivo se tomó tras la petición del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía -que se reunió esta mañana-, y se fundamentó en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, cuyos artículos 61 y 183, respectivamente, fijan los aspectos formales necesarios para iniciar el procedimiento de disolución de una Corporación.
El Gobierno solicitó formalmente un informe a la Comisión Nacional de Administración Local y al Senado sobre la disolución del Consistorio para que el viernes próximo el Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto de disolución.
Fernández de la Vega comentó que no es posible, dados los plazos previstos por las leyes mencionadas, convocar elecciones anticipadas en Marbella.
La ley fija que no puede haber elecciones con menos de un año de antelación de los próximos comicios municipales, que están previstos para el 27 de mayo de 2007.
No obstante, la vicepresidenta explicó que, "para evitar cualquier duda o interpretación" y "para que todo el mundo esté tranquilo" -en alusión a la petición del PP de que se convoquen elecciones anticipadas- el Gobierno va a solicitar con carácter de urgencia un informe al Consejo de Estado.
Asimismo, pidió que se evite cualquier interpretación partidista sobre el asunto, así como anteponer los intereses generales a los electoralistas, y actuar con rigor y responsabilidad.
La vicepresidenta aseguró que como el Gobierno cree que no es posible convocar elecciones anticipadas, considera que la solución es la creación de una comisión gestora, como prevé la ley en los supuestos en los que no caben elecciones. Agregó que esa comisión será designada por la Diputación de Málaga y enumeró las leyes para establecer los criterios de composición.
Comisión gestora
La Diputación, según explicó, va a iniciar una consulta entre los partidos políticos de la provincia, y expresó la voluntad del Gobierno de que la comisión gestora se cree cuanto antes con un acuerdo político "para restituir la normalidad democrática".
La vicepresidenta insistió en que es la primera vez que se procede a disolver una Corporación local y se refirió a la celeridad del proceso, que "pone de manifiesto el alto grado de madurez de las instituciones". Consideró que esto demuestra también que se dispone de los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y que se pueden afrontar situaciones como las vividas en el Ayuntamiento de Marbella "con plenas garantías democráticas".
Como ya hizo el viernes pasado tras la reunión del Consejo de Ministros, reiteró que el Gobierno no tolerará ni amparará comportamientos corruptos, a los que se propone combatir. Constató la "verdadera alarma social" que producen comportamientos como los ocurridos entre algunos ediles de Marbella, con "un repugnante enriquecimiento ilícito" que se debe combatir y erradicar, "lo que -dijo- es una tarea de todos y especialmente de los servidores públicos".
De la Vega insistió en el compromiso del Gobierno por erradicar estas prácticas de corrupción y aseveró: "estén seguros de que lo vamos a cumplir y a hacer cumplir". Respecto al informe que debe redactar el Senado, señaló que "estamos creando un precedente" y dijo que no está claro cuál es el órgano de la Cámara que debe elaborarlo, ya que el Reglamento habla de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y la ley de un informe del Senado, sin especificar.
Este asunto será tratado mañana como último punto del orden del día del pleno de la Cámara Alta.
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