De las palabras a los hechos

La lucha contra el cambio climático ocupa un lugar central en la agenda internacional, y la necesidad de actuar coordinadamente para frenarlo se vuelve más urgente a medida que los efectos más severos del incremento de la temperatura media del planeta se manifiestan con toda su crudeza, impactan dramáticamente en la vida de millones de personas y afectan a sectores enteros de la economía mundial.

Existe un consenso generalizado en que la solución para afrontar la principal amenaza para la humanidad pasa por acelerar la descarbonización de la economía, impulsando la transición energética hacia un modelo basado en las energías renovables.

Partiendo de ese diagnóstico, la Unión Europea avanza en la dirección correcta con iniciativas como el paquete de 'Energía limpia para todos los europeos', impulsado por el comisario Arias Cañete, que sienta las bases para un nuevo modelo energético seguro, sostenible y competitivo, de acuerdo con los fines de la Unión de la Energía. Y España tiene la oportunidad de hacerlo mediante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas líneas generales fueron presentadas en el Ministerio de Medio Ambiente el pasado mes de mayo por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Además, con la Directiva para la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión, que está actualmente en proceso, Europa busca seguir reafirmando su liderazgo climático al mejorar el diseño del mercado de CO2 y crear las señales a largo plazo que incentiven las inversiones en tecnologías bajas en carbono. En esa misma línea se inscribe el Paquete de Movilidad Limpia adoptado por la Comisión, que comprende medidas para promover un transporte más sostenible y contribuir al cumplimiento de los objetivos vinculantes del Acuerdo de París.

Aumentar la electrificación de la economía es la única vía para satisfacer el fuerte crecimiento esperado de la demanda mundial de energía y cumplir, al mismo tiempo, los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones. Porque, a pesar de ser responsable únicamente del 25% de las emisiones globales, el sector eléctrico cuenta con un enorme potencial para reducirlas aún más. Para ello, tiene en su mano soluciones efectivas como la sustitución de la producción con fuentes contaminantes por energías limpias. Ello requerirá, además, el aumento de la capacidad de almacenamiento de energía, tanto a gran escala (mediante la tecnología hidroeléctrica de bombeo) como a través de baterías integradas en la red. Además, el despliegue de redes cada vez más digitalizadas permitirá no solo integrar estas tecnologías de forma eficiente, sino también dotarnos de las infraestructuras necesarias para avanzar hacia la descarbonización de otros sectores como el de la movilidad, impulsando la utilización de los vehículos eléctricos.

Para poder aprovechar este enorme potencial será más necesario que nunca contar con una planificación y una política energética claras, y con una regulación estable y predecible. Se necesita un diseño de mercado adaptado a una penetración masiva de las energías renovables, por naturaleza intermitentes, que permita disponer de potencia firme y flexible para garantizar la fiabilidad del sistema en todo momento. Asimismo, se requiere una regulación que incentive las inversiones necesarias en redes y un sistema tarifario que refleje adecuadamente los costes reales de producir, distribuir y suministrar electricidad a los clientes, liberándolo de las actuales cargas no relacionadas con el servicio.

En nuestra opinión, entre los principios que deben inspirar el marco normativo se encuentran el reparto justo de los costes de acción por el clima entre los diferentes sectores, de acuerdo con el principio «quien contamina, paga»; y el establecimiento de un mecanismo de precio al CO2 que incentive la inversión en tecnologías bajas en emisiones.

Tenemos, por tanto, un diagnóstico certero y conocemos las soluciones más eficaces para combatir el cambio climático. Por eso ha llegado el momento de actuar, de pasar de las palabras a los hechos, como tuve ocasión de manifestar en la reciente Cumbre del Clima de Bonn (COP23).

Iberdrola está plenamente dispuesta a contribuir al desarrollo de un modelo energético sostenible y competitivo para todos. Ya en 2001 decidimos apostar firmemente por las energías limpias, siendo conscientes de que la utilización masiva de los combustibles fósiles no era sostenible. Esta decisión nos permitió ser pioneros en el desarrollo de las renovables y posicionarnos, con quince años de adelanto, en un sector que comenzaba su despegue.

Desde entonces, hemos invertido decenas de miles de millones de euros en energías renovables -eólica terrestre y marina e hidroeléctrica-, así como en las redes necesarias para integrarlas y en almacenamiento. Esa apuesta pionera por las energías limpias nos ha situado como líderes mundiales, con una potencia de cerca de 30.000 MW, y nos hemos convertido en el primer productor eólico del mundo. Contamos también con una capacidad de almacenamiento de 4.500 MW hidroeléctricos de bombeo en operación y construcción, que equivalen a cinco millones de baterías domésticas.

Siendo coherente con esa estrategia, Iberdrola ha clausurado desde 2001 quince plantas de carbón y fuelóleo en todo el mundo que suman cerca de 7.500 MW, y pretendemos seguir en ese proceso de forma ordenada en los próximos años.

Gracias a ese compromiso con la descarbonización de nuestro mix de generación, dos tercios de nuestra capacidad instalada no emiten CO2 a la atmósfera. Ello nos ha permitido reducir en un 75% nuestras emisiones en Europa desde el año 2000, con lo que nuestras emisiones específicas son ya inferiores en un 67% a la media de nuestras comparables en Europa continental. Pero queremos ir aún más lejos, y por ello nos hemos fijado como objetivo reducir las emisiones en un 50% en el año 2030, respecto a los niveles de 2007.

Tenemos en marcha un programa de inversiones por valor de 25.000 millones de euros hasta 2020 destinado, principalmente, a las áreas de redes de transporte y distribución eléctrica, almacenamiento hidroeléctrico, y energías renovables, con un fuerte impulso a la eólica marina. Además, continuaremos desarrollando un proyecto empresarial que crea valor para todos nuestros grupos de interés y persigue la maximización de nuestro dividendo social, recogido en los estatutos de la compañía.

El desarrollo de esta estrategia nos ha llevado también a alcanzar el liderazgo europeo en financiación sostenible, a menor coste y con vencimientos a largo plazo, al haber captado 7.200 millones de euros en bonos, préstamos e híbridos, todos ellos 'verdes', que serán destinados a proyectos sostenibles y socialmente responsables. Desde Iberdrola seguiremos demostrando que la consecución de los objetivos empresariales, la creación de empleo y riqueza para la sociedad y la lucha contra el cambio climático son plenamente compatibles cuando se decide pasar de las palabras a la acción.