El laberinto catalán

En otoño de 1977, pocos meses después de las elecciones generales, Salvador Sánchez-Terán, en representación de Adolfo Suárez, negoció con Josep Tarradellas y con los principales líderes catalanes el acuerdo de Perpiñán que supuso el restablecimiento de la Generalitat y el retorno del president a Barcelona. En su discurso del célebre «Ja soc aqui», Tarradellas pronunció una frase emblemática: «Nosotros hemos de ser la avanzada del bienestar, de la prosperidad y de la democracia de todos los pueblos de España». El presidente Suárez le contestó al día siguiente con otro discurso histórico en el que reconoció «el hecho catalán, el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España».

La aprobación de la Constitución y del Estatut nos hizo albergar a muchos la esperanza de que por fin la cuestión catalana tuviese una solución duradera y no una conllevancia, como dejó dicho Ortega y Gasset, sobre todo porque Cataluña recuperó en ese momento plena y definitivamente sus instituciones de autogobierno. La mar parecía en calma, al menos en la superficie. Sin embargo, por debajo -en aguas más profundas- ya había corrientes que anunciaban la mala mar. En el mundo nacionalista ya había quien pensaba que la Constitución y el Estatuto no eran más que un paso hacia la independencia.

Con este objetivo, los gobiernos de Jordi Pujol empiezan ya en 1980 un proceso de construcción nacional que se sirve de la educación y de los medios de comunicación para desterrar paulatinamente todo lo español. El salto del autonomismo al soberanismo se produce después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán de 2006, el 'Estatuto de Maragall' (STC 31/2010, de 28 de junio); a partir de entonces se puso en marcha un proceso de construcción de estructuras de estado para ir preparando el advenimiento de una república independiente.

Con una especie de efecto bola de nieve, el procés va ganando cuerpo según rueda por la pendiente. Y las cosas empiezan a ir de mal en peor: resoluciones parlamentarias que proclaman la soberanía del pueblo catalán y su derecho a decidir el futuro; declaraciones de desobediencia a las instituciones estatales (incluyendo al propio Tribunal Constitucional); una consulta popular sobre la secesión; una resolución que declara iniciado «el proceso de creación de un Estado Catalán independiente en forma de república». En la madrugada del día 7 de septiembre de 2017 cruzaron otra línea roja en su desafío al Estado al aprobar una Ley del Referéndum y otra «ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», saltándose por cierto todas las normas reglamentarias que disciplinan la actividad parlamentaria. Lo demás es bien sabido: consulta ilegal el 1 de octubre, requerimiento del Gobierno para que los responsables de la Generalitat volvieran a la legalidad, declaración/no declaración de independencia y puesta en marcha por el Gobierno del mecanismo de coerción federal que establece el artículo 155 de nuestra Constitución.

Y ahora ¿qué? No hace falta decir que comparto plenamente la decisión de Rajoy. Como decía Thomas Payne, «hay momentos que ponen a prueba las almas de los hombres» y creo que este es uno de ellos. Lo que hemos escuchado estos días es un órdago; un órdago modulado según las circunstancias del momento, pero un órdago en toda regla. Y es necesario responder porque la apuesta ha ido subiendo enteros a medida que pasaban los días y parece no tener límites. Por eso, hoy es el tiempo de estar unidos y apoyar al Gobierno de la Nación para que tome las decisiones que crea necesarias para restablecer la legalidad democrática, como haría cualquier democracia de nuestro tiempo. Como dijo Kennedy hace muchos años, «los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la Ley, pero no de desobedecerla. Pues en un Gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por prominente o poderoso que sea tiene derecho a desafiar a un Tribunal de Justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupos de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza pudiera desafiar los mandamientos de nuestra Corte o de nuestra Constitución, ninguna Ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos». El respeto a la legalidad está muy bien, pero no basta. Como recordó Francisco Pérez de los Cobos en su discurso de despedida como presidente del Tribunal Constitucional, «los problemas [...] derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico [...] no pueden ser resueltos por este Tribunal [...]. Por ello, los poderes públicos [...] son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito» (14 de marzo de 2017).

Ese dialogo al que se refiere Pérez de los Cobos, obvio es recordarlo, solo puede ser protagonizado por quienes se comprometan a aceptar la legalidad vigente o a modificarla por los procedimientos establecidos en la propia ley y siempre que, además, conozcan muy bien al pueblo catalán y sientan un profundo afecto hacia Cataluña. Es necesario recordar a los catalanes que una secesión sería mala para España, pero también catastrófica para ellos; y, sobre todo, hay que incidir en las ventajas de mantener la convivencia. En definitiva, desde este lado del Ebro debemos cultivar más el discurso del afecto y el de la admiración, fundamentalmente porque, además de cualquier otra consideración, resulta que son ciertos.

Pongo punto y final a estas líneas, escritas a medio camino entre la serenidad, la tristeza y la esperanza, con unos versos del poema XLVI del poemario 'La pell de brau' ('La piel de toro'), de Salvador Espriu: «Fes que siguin segurs el ponts del dialeg / i mira de comprendre i estimar / les raons i les parles diverses dels teus fills» (Haz que sean seguros los puentes del dialogo / y trata de comprender y de amar / las razones y hablas diversas de tus hijos). En ese esfuerzo consiste la tarea esencial de un político.