Parón en la Fiscalía a la espera de la aclaración

La confusa declaración de Carles Puigdemont el martes en el Parlament no solo ha provocado que el Gobierno le pida aclaraciones, sino que también, de facto, ha paralizado las acciones penales que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado tenían diseñadas para el caso de que el president proclamara la independencia formal de Cataluña.

Según confirmaron ayer tanto fuentes del Ministerio Público como de los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia, la orden en las últimas horas es esperar a que Puigdemont responda. La estrategia de la acusación pública y la Abogacía del Estado -apuntaron estas mismas fuentes- es «acompasar» los pasos judiciales a los movimientos políticos (y también «formales») que dé el jefe del Ejecutivo catalán. La Fiscalía considera que la declaración verbal de compromiso con la república catalana de Puigdemont y su firma en el documento posterior no son «indicios suficientes» para promover una acción penal tan grave como sería la acusación de un delito de rebelión.

No obstante, el Ministerio Público sí que tiene claro que Puigdemont, ya investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por malversación, desobediencia y prevaricación, puede ser imputado por sedición, un delito que castiga con hasta 15 años a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes». Los informes entregados a la Guardia Civil en la Audiencia Nacional -recuerdan- ya citan a Puigdemont como instigador de las revueltas.