La Generalitat y el Parlament, bajo tutela

El paquete de medidas que afectan a la Generalitat y al Parlament ocupa buena parte del acuerdo del Gobierno. En el caso de la Generalitat, su administración pasará a actuar bajo las directrices de los órganos o autoridades que cree o designe el Gobierno central. De momento se desconoce si será un gestor ministerial, un equipo gestor o si el perfil del mismo será político o técnico.

Esos órganos podrán dictar todas las órdenes que sean necesarias para todo el personal de la Generalitat. Los órganos o autoridades nombradas por el Gobierno podrán oponerse con carácter vinculante a cualquier actuación de la administración catalana que no compartan. También podrán nombrar, cesar o sustituir temporalmente, asumiendo sus funciones, a las autoridades, cargos públicos y personas de la Generalitat, además de los responsables de organismo, entes y entidades vinculadas y de su sector público empresarial. En caso de incumplimiento y que se incurra en responsabilidad disciplinaria, podrá proceder a su exigencia de acuerdo a lo dispuestos en la normativa, sin perjuicio de consecuencias patrimoniales, contables o penales.

Con respecto a las medidas que afectan al Parlament, el presidente de la Cámara, en este caso Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni acordar la celebración de debate y votación de investidura. El Parlament tampoco podrá ejercer el control de los nuevos gestores ni tramitar iniciativas legislativas que resulten contrarias a las presentes medidas incluidas en el artículo 155 de la Constitución.

Para garantizar que no se produzca dicha discrepancia, la Mesa del Parlament -cinco de sus miembros están investigados- debe remitir todas las iniciativas a la autoridad que designe el Gobierno, que tendrá 30 días para manifestarse.